La Autoridad Fiscal ha denunciado este miércoles la existencia de “claras deficiencias” en las políticas activas de empleo, que impiden saber con certeza si se trata de medidas eficaces para acrecentar la probabilidad de localizar trabajo.
Esta es una de las primordiales conclusiones recogidas la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), tras examinar las políticas de formación, orientación a desempleados y ocupados, como los incentivos a la contratación a los que el Estado, las comunidades autónomas y los municipios destinan entre seis.100 y seis.500 millones de euros por año.

Por territorios

Catalunya, entre las comunidades con mejor desempeño

El organismo encargado de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas ha señalado que la primordial barrera para valorar la eficacia y eficiencia de las políticas activas de empleo radica en la ausencia de información centralizada y homogénea, dada “la dificultad administrativa del sistema”. “No se trata de un inconveniente de control presupuestario, sino más bien de asignación ineficaz de los recursos; la meta es gastar mejor”, precisan desde la AIReF. El informe demanda “identificar qué programas, servicios y también recorridos son más eficaces”. El órgano que encabeza José Luis Escrivá se protesta aparte de que no hay una “adecuada coordinación” entre la administración central y las comunidades autónomas y de que “el sistema de subvenciones para la capacitación es cuestionable”.

El análisis de la AIReF, encargado por el Gobierno, disecciona asimismo el desempeño de las servicios públicos de empleo en los diferentes territorios y resalta como la actividad de Catalunya, Aragón y Asturias. En el furgón de cola se hallan Andalucía y Castilla-La Mácula.

Una oficina de Treball en Barna
(Llibert Teixidó)

Incentivos

La AIReF solicita premiar a las oficinas de empleo con mejores resultados

Del mismo modo, se detienen a examinar el plan Prepara para parados de larga duración, que entre el 2012 y el 2017 recibió 1.432 millones de euros y llegó a más de 850.000 adjudicatarios. Y concluyen que los que entraron en el programa tuvieron menos probabilidades de localizar empleo que otros desempleados de larga duración, en los 6 meses que duraba el programa. Tras ese periodo, no hay diferencias entre los dos colectivos, salvo en el caso de comunidades como Euskadi, Navarra y Aragón.
La Autoridad Fiscal aconseja abonar incentivos económicos a las plantillas de las oficinas de empleo con mejores resultados en la capacitación y también inserción de desempleados, aparte de formar un registro único por adjudicatario y una integración informática entre las diferentes administraciones.

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