La patraña es el primer vehículo informativo conocido. El control de la verdad, la publicidad y los intentos por influir en la opinión de la población va alén de las puras redes sociales y del término acuñado de las «fake news» en los últimos tiempos. Una problemática real que ha estado en los planes de contención de los gobiernos desde el escándalo de Cambridge Analytica y Fb en 2016. Y que, ahora, se entronca entre los planes del Gobierno de Pedro Sánchez.

Entre los pactos firmados (PDF) entre el Partido Socialista y Unidas Podemos para sacar adelante la investidura se incluye un apartado, el punto cincuenta y nueve, en la que se reconoce la creación de una estrategia nacional contra la desinformación. En este aspecto se incorpora la preparación de guías, mejores prácticas y cursos para combatir la desinformación en la red y redes sociales. Un tema espinoso, si bien el pacto se fortalece la idea de que se va a hacer bajo el «respeto aprensivo a la libertad de expresión y también información». A lo largo de su alegato en el Pleno del Congreso como aspirante a la investidura, Sánchez ha convocado las llamadas «fake news» como uno de los fenómenos «más perjudiciales para la confianza».

Especialistas en protección de datos, no obstante, aún vacilan sobre esta medida. Para Borja Adsuara, especialista en derecho digital y exdirector de Red.es, esta propuesta -aún a falta de especificar y conocer más detalles- le semeja «muy peligroso» por el hecho de que estima que si se tiene un respeto aprensivo «no se entra a regular la libertad de expresión, cuyos límites están ya en la ley y la jurisprudencia». Adsuara se pregunta si entre las propuestas se halla crear unos códigos de conducta: «¿Para quiénes son? ¿Para las multinacionales de redes sociales?».

«Son cursos para censores, para las compañías de internet. ¿Entrará un ministerio de la verdad para decir qué es cierto o bien no? Eso es imposible. Lo único que está regulado son los excesos que dañan a alguien y que están en el código penal y el código civil como los delitos contra el honor y a la intimidad», apostilla. Bajo su punto de vista, la única medida que puede efectuar el Gobierno para combatir la desinformación implica no entrar en la veracidad de las noticias. «En eso no puede entrar. lo que puede hacer, por el hecho de que las redes sociales marchan con algoritmos, es promover las verificaciones con actores independientes. Mas sobre todo eludir los “bots”. El inconveniente no es que haya una nueva falsa, sino se propague miles y miles de veces», valora este especialista del otro lado del teléfono.

Para Ofelia Tejerina, presidente de la Asociación de Navegantes, le semeja «una medida positiva toda vez que sea una medida socioeducativa para desarrollar el pensamiento crítico de los ciudadanos», mas con matices: «Una cosa es que se enseñe a distingui lo que es cierto o bien patraña y otra cosa o sea que «acá está la verdad o bien la patraña», por el hecho de que, si no, se transforma en manipulación», mantiene. Bajo su punto de vista, «si se pretende crear criterios sobre lo que es cierto y lo que no vamos a estar en un atraso; si pretende asistir a que los ciudadanos sepan distinguir entre lo que es información fiable y lo que son noticias falsas me semeja positivo». De igual forma -apunta esta especialista- si la idea del Gobierno pretenda desarrollar mecanismos para comunicar cuáles o bien no son las fuentes fiables «es un error» y si va con relación a implantar medidas de censura por medio de los servicios de información «es una situación indeseable».

Fuente: ABC.es

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