Más de 800.000 ciudadanos aguardan poder examinarse del práctico de conducir a corto-medio plazo. Esta espera se genera por la carencia de personal examinador, puesto que la Dirección General de Tráfico (DGT) cuenta hoy día con una plantilla plenamente deficiente para cubrir las necesidades de pruebas prácticas que presentan las distintas Jefaturas y está afectando sobre todo a los ciudadanos que habitualmente deben aguardar hasta 6 meses para examinarse de la prueba práctica de circulación y a las propias autoescuelas que no pueden efectuar apropiadamente su trabajo.

Para el Instituto de Tráfico y Transporte (ITT), la única solución posible para solventar el caos actual por el que atraviesan muchas jefaturas del país es la concesión inmediata de una partida presupuestaria de cuando menos un par de millones de euros a fin de que los examinadores de tráfico puedan hacer horas excepcionales de manera voluntaria. Esta solución, si bien es un parche temporal al inconveniente de fondo, una plantilla de examinadores deficiente para el volumen de pruebas que existe, no supondría ningún costo para la Administración, que podría recobrar veloz y sencillamente esa inversión a través del cobro de las tasas de examen que pagan los pupilos.

«La negativa de la Dirección General de Tráfico a autorizar esa partida presupuestaria que deje efectuar horas extras a los examinadores, impide que se pueda reducir la larga lista de aspirantes que existe en muchas zonas, incrementando el número de pruebas pendientes y colapsando el servicio de exámenes actual. Un servicio que es público, del que es único responsable y que no se está realizando de forma correcta», señala Javier Báez, consejero portavoz de ITT. «No comprendemos el motivo por el que la Administración no toma ya esta medida, qué extraña y oculta razón, que las autoescuelas y los ciudadanos ignoran, impide que se haga eficaz esta acción.»

«Si se pudiesen efectuar horas extras, se solventaría el atasco, puesto que se agilizaría y se mejoraría la fluidez del servicio al haber un mayor número de pruebas al día y las autoescuelas podríamos salvar una parte esencial del año en curso 2021, que viene siendo un desastre para nosotros, a nivel económico hablando», apunta Báez. «Sabemos que el 70% de los examinadores estaría presto a efectuar esas horas extras. De los 93 euros que la DGT colecta por la tasa para examinarse de cualquier permiso, el funcionario examinador recibiría 16 euros la hora por cada hora excepcional que efectuase. El resto, es beneficio para el Estado.»

«Por no invertir un par de millones de euros en abonar horas extras, miles y miles de personas todavía aguardan una data para poder examinarse del permiso de conducción y poder conseguir un trabajo o bien presentarse a una oposición. Por un par de millones de euros, las compañías dedicadas a la capacitación de conductores nos estamos arruinando. Por solo un par de millones de euros, las marcas de vehículos no pueden vender vehículos nuevos o bien utilizados. Nada. A nuestro ámbito le espera un futuro de ruina y cierre y el Gobierno y la DGT no dan soluciones para calmar la situación de colapso que padecen muchas Jefaturas», remarca.

Para finalizar, Javier Báez demanda «como representantes de las autoescuelas perjudicadas que el Gobierno tome medidas cartas en el tema de manera inmediata y adopte medidas urgentes que solventen el inconveniente ahora. Las autoescuelas deseamos examinar a nuestros pupilos mas no se nos permite».

Fuente: ABC.es

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