El ministro de Consumo, Alberto Garzón, avanzó el día de hoy que el Gobierno trabaja para habilitar un «mecanismo extrajudicial» con el fin de que las aerolíneas reembolsen el dinero por los vuelos cancelados durante la crisis del coronavirus. Durante una comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso, Garzón señaló que hay 700.000 reclamaciones pendientes de consumidores a los que no se les ha devuelto el importe abonado por sus vuelos, según datos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). «Si esto se extiende a otros sectores, estamos hablando de millones de reclamaciones, una cantidad extraordinaria para la cual la administración pública y las comunidades autónomas no tienen capacidad ni recursos suficientes para tramitarlas de forma óptima», advirtió Garzón.

Así, Garzón recordó que muchos consumidores están optando por no reclamar este dinero al no existir actualmente «una solución rápida» y la necesidad de ir a los juzgados. En consecuencia, las aerolíneas «se van de rositas», apostilló el ministro de Consumo. «Les decimos a las aerolíneas que tienen que devolver el dinero porque estamos hablando de un contrato pagado, pero que no tiene la prestación del servicio», señaló. «Lo que no puede ser es que los consumidores tengan que recorrer todo ese camino, ir a jueces y buscar abogados para recibir la devolución de un billete a la que tienen derecho, pero que ejercer ese derecho le puede costar mucho tiempo y dinero, cuestión que hace que la mayoría ni lo intente», añadió.

Millones de reclamaciones
En este sentido, Garzón recordó que el viernes pasado mantuvo una reunión con las Comunidad Autónomas para preparar un plan de trabajo conjunto con la meta de potenciar el sistema arbitral ante los fraudes y abusos que se están cometiendo a lo largo de el estado de alarma. Desde el Ministerio de Consumo buscan anticiparse para planificar y anticiparse a las millones de potenciales reclamaciones que el ministerio calcula que se pueden producir en las próximas semanas durante las fases de desescalada.

Garzón destacó que todas las administraciones están trabajando por el interés general de la mayoría social y ello implica coordinar todos los medios y vías existentes para sancionar fraudes. Sobre el sistema arbitral de Consumo, Garzón subrayó que «funciona muy bien tanto para la resolución de problemas, como para evitar la avalancha que se puede generar «ante una administración pública que no tiene los recursos suficientes».

Una medida «efectiva»
A lo largo de el grueso de su intervención, Garzón se dedicó a repasar todas las medidas que ha puesto en marcha desde el ministerio que dirige desde que comenzó el estado de alarma. En este sentido el titular de Consumo resaltó que la iniciativa de fijar un precio máximo para las mascarillas a la venta en farmacias ha sido «efectiva» para la ciudadanía. Garzón, que también recordó que se han intervenido los precios de las funerarias, incidió en que la normativa sobre las mascarillas se elaboró con la participación de un equipo técnico entre farmacéuticas y proveedores.

«Para eludir la merma de los presupuestos familiares y acabar con esa parte de especulación que podría existir, el ministerio decidió intervenir los costes», señaló Garzón.

Fuente: ABC.es

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