No es la primera vez que escribo sobre la necesidad de crear juzgados y fiscales singulares para combatir la lacra del narcotráfico en este país. AEGC advertía que los capos de las bandas delincuentes más peligrosas están bien organizados y con el sucio dinero que consiguen de sus fechorías contratan abogados que dilatan los procedimientos aprovechando la dificultad de estas macro causas para lograr condenas pírricas afines a los detenidos con 2 kilogramos de quif, si bien estos últimos no tienen tanta suerte y son condenados a los poquitos meses de ser detenidos. Esta semana hemos conocido el auto del Juzgado número dos de La Línea de la Concepción (Cádiz), en el que otorga la libertad bajo fianza de Francisco Tejón, líder del clan de Los Castañas, uno de los primordiales conjuntos de narcotraficantes del Campo de Gibraltar y de su hermano Antonio. Entre los 2 han abonado 320.000 euros una fianza irrisoria para 2 personas que tienen una enorme fortuna proveniente de esta actividad ilegal. El juez Romero tomo esa resolución argumentando la «complejidad del caso» y a la previsión de que «la apertura del juicio sea lejana». Los jueces se hallan procedimientos imposibles de administrar y criminales con buenos abogados pagados con el dinero sucio de estas organizaciones delincuentes. Exactamente desde AEGC hemos denunciado esta situación en multitud de ocasiones. Hemos denunciado que estos criminales peligrosos tienen condenas irrisorias a raíz de las dilaciones incorrectas de los procedimientos por carencia de medios y de jueces y fiscales para combatir y administrar estos procedimientos. La puesta en libertad de los hermanos Castañas no ha sido una buena nueva para los guardas civiles y policías que se juegan la vida en el Campo de Gibraltar luchando a narcotraficantes y organizaciones delincuentes que desdeñan la vida de los agentes y ciudadanos en todas y cada una de sus actuaciones delincuentes, mas tampoco es una buena nueva para los ciudadanos que ven agobiados que el Estado de Derecho pierde la batalla frente a los narcotraficantes por la carencia de medios para terminar con esta lacra social y, como es lógico, para intervenir el capital que logran de sus sucios negocios. Pueden hacerse alegatos políticos muy enérgicos “no vamos a parar hasta terminar con esta lacra”, mas de nada sirve las muchas operaciones de guardas civiles y policías y la detención de más de tres.000 personas en el Campo de Gibraltar y Andalucía si a los poquitos meses salen en libertad y pueden empezar a dirigir sus operaciones delincuentes. Esta es una realidad indudable que desalienta y desgasta la verosimilitud de las Instituciones y del propio Estado de Derecho. Esta desmoralización colectiva y ciudadana no solo ocurre con el narcotráfico, asimismo con delitos financieros de gran calado donde por desgracia observamos descreídos que los criminales logran la libertad y, como es lógico, lo que más les importa: quedarse con el dinero, vivir en grande. La dificultad no puede servir de disculpa ni habría de ser una causa válida a fin de que los capos y criminales de organizaciones delincuentes puedan beneficiarse de condenas pero leves y, mucho menos, que puedan proseguir gozando de las fortunas conseguidas envenenando, matando, defraudando y robando a millones de ciudadanos aceptables. No puede ser una disculpa, pues no es la primera vez que jueces, asociaciones ciudadanas y de guardas civiles denunciamos una preocupante falta de medios que pone en patentiza las faltas del Estado de Derecho para defenderse de estas organizaciones delincuentes de criminales peligrosos. La receta parecía simple más guardas civiles y policías para investigar y detenerlos. Una receta que daba sus frutos y se han intervenido millones de euros y kilogramos de quif, automóviles y se han detenido a más de 3 mil personas. Mas como afirma Arguiñano, ningún plato sale bien si le faltan condimentos y, en este caso, nos faltan jueces, fiscales y leyes que impidan que criminales dilaten los procedimientos y salgan en libertad.

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