Expertos en Derecho sanitario ven muy difícil que España pueda imponer la vacunación como en Austria


España no tiene fácil seguir los
pasos de Austria e imponer la vacunación obligatoria. Aunque la situación nada tiene que ver entre ambos países, pues mientras en Austria aproximadamente un 35% de la población no se ha vacunado contra el virus, el porcentaje de inoculados con pauta completa en España roza ya el 90%, nuestro país también tendría muy difícil confinar a aquellos que hayan optado por no inocularse el fármaco contra el Covid-19. Así lo consideran expertos en Derecho sanitario consultados por este medio, que remarcan la ausencia de una norma concreta en la que el Gobierno se pueda apoyar a la hora de tomar este tipo de decisiones que limitan derechos fundamentales.

Obligar a la población a
vacunarse contra el virus

requeriría de una ley concreta que lo permitiera. «Una vez que los médicos epidemiólogos entiendan que sería necesario habría que arbitrarlo para que sea legal. Para esto tiene que haber una ley que lo permita y en España hoy por hoy no existe», explica Juan José Bestard, copresidente de la Sección de Derecho sanitario del Colegio de Abogados de Madrid. La única forma de poder obligar a alguien a que le administre el fármaco, dice este experto, sería mediante sentencia judicial. «En base a la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en su artículo 8.6, es posible que un juez autorice la vacunación de alguien, pero dudo mucho que pueda utilizarse para una población indeterminada», afirma, matizando que este mecanismo se utilizaría solo en casos concretos.

Para poder seguir los pasos de Austria y obligar a que toda la población se vacune, expone Bestard, sería necesario aprobar una ley de carácter orgánico que lo autorice. También debería ser así para poder confinar a quienes no estén vacunados. «Las medidas que se requieren para controlar una pandemia son excepcionales. Muchas de ellas contravienen derechos fundamentales de las personas, como el de libertad de movilidad, por lo que tiene que haber una ley de carácter orgánico que lo autorice o el país debe estar bajo el paraguas de un estado de excepción», concreta.

Una ley orgánica, cree Fernando Abellán, director de Derecho Sanitario Asesores, serviría para detallar la casuística de las medidas, pero lo realmente necesario para que España pueda obligar a toda su población a vacunarse o implantar restricciones sobre quienes rechacen el fármaco, dice, es un estado de excepción. «Está la sentencia del Tribunal Constitucional que
enmendó la plana al Gobierno diciendo que el estado de alarma era insuficiente para tomar esas medidas y que tendría que haberse ido al estado de excepción. En este momento, para cualquier limitación de derechos como el confinamiento o la vacunación obligatoria habría que ir al estado de excepción», afirma.

A su juicio, el Gobierno ahora no puede implantar medidas de este tipo porque «tiene el camino muy marcado», de manera que utiliza «la vía indirecta» para conseguir que gran parte de la población se vacune. «Si dejas que se vaya por la vía indirecta, por ejemplo, prohibiendo entrar en la hostelería si no tienes el pasaporte Covid, ya vas atomizando un poco el problema», explica Abellán.

«En España hay muchos juristas que opinamos que ya debería haberse aprobado la ley orgánica que permitiera que la administración pueda aplicar legalmente aquellas medidas que científicamente se consideren necesarias para controlar la pandemia», asegura por su parte Bernard, lo que a su juicio serviría también para poner fin a la disparidad de criterios entre los tribunales superiores de las comunidades autónomas. «Si estuviese claro, no habría tanta disparidad», sentencia.


Fuente: ABC.es .

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