El ejecutivo comunitario está presto a presionar a este país a fin de que cumpla la normativa europea contra la polución atmosférica, con el foco en los puntos negros de la capital española y Barna. De ahí que, está previsto que el día de hoy la Comisión Europea denuncie a España frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el bulto de infracciones que el día de hoy se aprobarán por procedimiento escrito. Fuentes comunitarias precisan, no obstante, que en esta una parte del proceso el ejecutivo comunitario no efectúa ninguna recomendación sobre una posible multa, puesto que este paso tiene como propósito que el país concernido tome cartas en el tema. En el momento en que se genera esta demanda, el Tribunal de Justicia acostumbra a producir una primera sentencia en un plazo de unos 6 o bien 7 meses, si bien posiblemente el expediente se archive si el país toma las medidas pertinentes. Caso de que el país infractor no reaccione, el ejecutivo comunitario puede solicitar una sanción económica, exactamente las mismas fuentes calculan que esta situación puede generarse en un año. Sin embargo, conforme fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, hay más tiempo, puesto que el procedimiento tendría 2 vueltas: «El tiempo para eludir una multa sería entre un año o bien un año y medio desde la sentencia declarativa. Si se consigue cerrar el expediente tras aplicar medidas la multa cesaría. Y si la CE no estuviese satisfecha te daría un plazo ya antes de regresar a expedir al país a los tribunales. Después habría otro plazo de año y medio hasta dictar la sentencia de infracción, de tal modo que sería en 3 años más el plazo que se dé la CE entre una sentencia y otra». En todo caso, llovizna sobre mojado. Bruselas abrió un procedimiento contra España en 2015 debido a la mala calidad del aire en la capital española y el área metropolitana de Barna. Desde ese momento, los avisos y llamadas de atención han sido conocidos. El último tuvo lugar a inicios de este mes, en plena polémica por la paralización del proyecto de la capital española Central tras el cambio político en el consistorio: el Ejecutivo comunitario decidió mandar una carta a las autoridades españolas el pasado nueve de julio en la que mostraba su preocupación «sobre la grave situación con respecto a la calidad del aire en España». Tras percibir esta carta por la parte del comisario europeo de Medio Entorno, Temas Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, la ministra en funciones Teresa Ribera solicitó cooperación a las administraciones concernidas con el propósito de lograr el cumplimiento de los valores límite para el año 2020 y remitió la carta del comisario al regidor de la capital española y a la Generalitat de Barna. Sin refererir ninguna urbe, Vella le expone que, conforme las evaluaciones de las que dispone, se prosiguen generando superaciones en los niveles de NO2. «Parece que las medidas anunciadas y adoptadas hasta el instante no son suficientes para abordar estos incumplimientos de calidad del aire y para lograr el cumplimiento total de los valores límite de Calidad del Aire de la Unión Europea para 2020, tal y como nos lo comunicó su Gobierno». La misiva, que facilitó el propio ministerio, concluye recordando a Ribera que «todas las partes interesadas en todos y cada uno de los niveles relevantes de gobernanza deben movilizarse y contribuir al diseño y la implementación de políticas nacionales eficaces, regionales y locales» con el fin de cumplir «la ley de la Unión Europea y resguardar la salud de la población». Se calcula que la mala calidad del aire es quien se encarga de 400.000 muertes prematuras en la Unión Europea.

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