Bruselas ya no ahoga, mas prosigue apretando. Tras un decenio de férrea vigilancia por la parte del Ejecutivo comunitario, España sale del brazo castigo del Acuerdo de Estabilidad y Desarrollo tras haber logrado embridar sus cuentas públicas y regresar al redil de un déficit público bajo el tres%. Con el paso dado el día de ayer por la Comisión Europea, acaba una temporada marcada por los diez años de doble recesión en la zona euro y en los que este país era el único que continuaba en la lista negra de los países incumplidores. Mas no hay que lanzar las campanas al vuelo, puesto que el Acuerdo de Estabilidad y Desarrollo cobija interesantes recovecos. Desde este momento, España prosigue bajo la tutela de Bruselas de una forma diferente: en la fase precautoria, la Comisión tiene presente el llamado esmero estructural en la reducción del déficit (no vinculado a los vientos a favor o bien contra el ciclo económico). Y en este capítulo, la Unión Europea comprueba que España no hace los deberes y vive de las rentas merced a su sólido desarrollo de los últimos tiempos, sin arrancar nuevas medidas estructurales y abordar la reducción de la deuda. En verdad, aconseja al Gobierno de Pedro Sánchez aprobar ajustes estructurales por un valor de siete.800 millones en 2020, bien a través de recortes del gasto o incrementando los ingresos. Bruselas prevé «un peligro de desviación significativa» en comparación con objetivo de ajuste estructural y demanda «utilizar cualquier beneficio auxiliar para reducir el ratio de deuda pública». En sus previsiones económicas de primavera, la Unión Europea comprobó exactamente la misma brecha y, tras haber estudiado el plan de estabilidad mandado por el Gobierno y el programa nacional de reformas, no ha alterado sus estimaciones ante la carencia de nuevos presupuestos y la inseguridad sobre si el nuevo Ejecutivo va a ser capaz de sacar adelante las medidas presentadas. En cuanto al resto, el informe incide en ciertos males endémicos de la economía de España y repite muchas de las recomendaciones que el Ejecutivo prescribe para este país, un año tras otro. El texto apunta que «durante la crisis, el sistema de pensiones de España desempeñó un papel esencial al asegurar el nivel de las personas mayores y su menor peligro de pobreza». Mas tras los piropos, llegan los aguijones, puesto que para Bruselas continuar ligando las pensiones a la inflación (tal como se ha decidido para 2018 y 2019, contra el criterio de la Comisión Europea) y el retraso en el llamado factor de sostenibilidad, va a hacer precisas «medidas compensatorias» para asegurar la pervivencia de las pensiones «en el medio y largo plazo». La reforma de España en 2013 (dictada prácticamente por Bruselas) fijaba el cálculo de las pensiones conforme de la esperanza de vida, mas el Gobierno ha decidido postergar esta medida hasta 2023. La baja calidad del empleo asimismo prosigue provocando la preocupación de Bruselas. España lidera el ranking de trabajos temporales, lo que, conforme el Ejecutivo comunitario, daña el desarrollo potencial de la economía y la cohesión social. Si bien se han tomado medias en los últimos tiempos, los resultados prosiguen siendo tímidos. «Los sacrificios para fortalecer las inspecciones de trabajo y batallar contra los abusos dan ciertos frutos, y el porcentaje de contratos indefinidos está medrando. No obstante, los empleadores prosiguen haciendo un empleo extensivo de los contratos de corta duración. Las patentizas del pasado muestran que los abundantes incentivos para respaldar la creación de empleo tienen efectos limitados en fomentar la calidad». Mas pese a los talones de Aquiles de la economía de España, en Bruselas las alarmas llegaron el día de ayer por el foco trasalpino. La Comisión planteó abrir un procedimiento de déficit excesivo contra Italia debido a sus elefantiásicos niveles de deuda (132%). Si el Ejecutivo encabezado por Giuseppe Comte no corrige, podría terminar enfrentándose a una multa de tres.500 millones de euros.

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