La banca prosigue imponiendo la contratación de productos vinculados para entregar un crédito tras la aprobación de la Ley Hipotecaria. De esta forma, en el 59% de los casos, la subscripción del seguro fue una condición precisa para formalizar la concesión del préstamo. La proporción aumenta al 74% tratándose de créditos hipotecarios y baja hasta el 53% en el caso de los préstamos al consumo. Entristece un 39% de los encuestados asevera que la contratación de una póliza no fue un requisito impuesto por el banco. Esta son ciertas conclusiones que se extraen del Estudio sobre la contratación de seguros vinculados a hipotecas y préstamos efectuado por el Consejo General de Institutos de Intermediarios, mediante su Escuela de Negocios, CECAS, y la compañía de investigación de mercados GAD3.

A lo largo de la presentación, el presidente de la Escuela de Escuela de Negocios de Seguros, CECAS, Javier Barberá descubrió que 6 años tras su primer estudio sobre esta situación han comprobado que «la situación se sostiene e inclusive se vinculan nuevas ramos de seguros que poco o bien nada debe ver con el crédito, como las pólizas de vehículo. Desde hace ya tiempo los intercesores hemos detectado prácticas comerciales exageradas y también ilegales en la venta de seguros por la parte de la banca que van contra la libertad de los clientes del servicio y la competencia, aprovechando su situación dominante».

A este inconveniente se une el hecho de que los clientes del servicio apenas tienen margen para equiparar en tanto que un 60% de los encuestados visitaron solo de 2 a 4 bancos ya antes de tomar una resolución y en 2 de cada 3 casos (66%), los bancos no notificaron de la posibilidad existente de contratación de tal seguro en otra empresa de seguros. En comparación con género de productos comercializados al lado de estos préstamos, la encuesta de los intercesores de seguros resaltan los de vida (72%), seguidos de los hogar (59%) y el peso creciente de los de vehículos, que se ubican en el 20%.

Pólizas más caras
En el momento de desgranar las conclusiones, los intervinientes recalcaron la relevancia de que el consumidor conozca sus derechos y recordaron que la ley solo fuerza a contratar un seguro contra los daños derivados de un incendio caso de que una residencia cuenta con una hipoteca. Mas, el cliente del servicio tiene libertad para escoger otra aseguradora sin que la imponga la entidad. «La banca es un canal de venta de seguros a la perfección legal, lo que solicitamos es que las reglas del juego sean iguales para todos», agrega Barberá.

El consumidor asimismo ha de saber que el importe a abonar por la prima del seguro acostumbra a ser mayor si se contrata de manera directa con el banco. Basándonos en los datos de los intercesores, la prima media de una póliza contratada en una entidad es un 79% superior al de las empresas de seguros y, además de esto, muy frecuentemente, se ofrecen unas coberturas por sobre las necesidades reales de quien contrata. «Si el usuario lo hace mediante un producto bancario, probablemente, le va a salir más costoso, lo sostendrá más tiempo y además de esto, no se ajustará a la perfección a las necesidades que tiene el cliente del servicio con la cobertura que le han ofrecido», advierte Barberá.

Por otra parte, ciertos bancos prosiguen bonificando a los clientes del servicio con descuentos en los modelos de interés si contratan productos vinculados, una práctica tolerada siempre que no sea obligatoria. Además, desde ciertas entidades pueden demandar que se subscriba un seguro de vida para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del préstamo, si bien la regla deja que se firme con otra empresa diferente.

Requisitos para percibir ayudas
Además, a lo largo de la pandemia, desde el Consejo General de Institutos de Intermediarios han detectado otras prácticas «abusivas» como el ofrecimiento de pólizas a clientes del servicio que han pedido créditos ICO vinculados a ayudas para mitigar los efectos de la crisis producido por el coronavirus». «Determinadas entidades sugieren, cuando no demandan, la contratación de un seguro para entregar estas ayudas», denunció Barberá a lo largo de la conferencia de prensa.

En exactamente la misma línea, la presidente de Asufin (Asociación de Usuarios Financieros), Patricia Suárez, avanzó a ABC que a ciertos usuarios se les ha demandado la subscripción de cuentas corrientes como requisito para acceder a los préstamos para el alquiler a lo largo del estado de alarma. «Algunas entidades han obligado a los demandantes a abrir una cuenta como requisito para percibir la ayuda del ICO. Para mayor inri, hay gente que se ha abierto la cuenta y que después se ha quedado sin el préstamo», explicó Suárez.

Fuente: ABC.es

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