«Es una vergüenza que va a tener consecuencias». Con esta oración, las agrupaciones agrarias declaran abierta una nueva revuelta en el campo de España. Todo por culpa de la resolución del Ministerio de Trabajo de dejar fuera de la mesa para la negociación de las peonadas y los subsidios agrarios a los representantes empresariales del campo –«con nocturnidad y alevosía», denuncian desde las asociaciones–. El vicepresidente segundo Pablo Iglesias y la ministra Yolanda Díaz, que encabezaron el encuentro, dieron la orden de desconvocar a través de un e-mail mandado a las 9:25 de la noche del jueves a Asaja, UPA y COAG, dejándolas fuera de cualquier capacidad decisoria. La indignación fue inmediata y provocó un nuevo huracán en el campo de España y el primer desencuentro grave de los líderes de Podemos con las patronales.Las asociaciones desconvocadas denunciaron en LA RAZÓN que absolutamente nadie les ha explicado por qué razón se han quedado fuera, especialmente cuando la convocatoria para este encuentro brotó del propio Ministerio de Trabajo el pasado 11 de febrero. En la misiva les amenazaron a tratar «aspectos relacionados con la realidad laboral del sector». Mas el e-mail del jueves reventó el encuentro y prendió la mecha de la indignación.

Indignación en el sector

Desde Asaja se han mostrado formidablemente molestos con la situación, por el hecho de que «lo único que están logrando es que se caldee el entorno de forma superflua, aparte de que no comprendemos que nos dejen fuera cuando somos parte esencial de los inconvenientes que desean resolver». Conforme explican, la única disculpa que les dio el Ministerio fue que «nos dejaban fuera por inconvenientes personales. Es un desastre y un disparate tremendo. Si eso es el diálogo que desean, vamos muy mal».También denunciaron que se ha perturbado unilateralmente la mesa de seguimiento del subsidio agrario, constituida desde hace unos años por los representantes «designados por ley» por las agrupaciones agrarias más representativas –en este caso Asaja, COAG y UPA–, con lo que demandan a Iglesias y Díaz que se «mantenga y respete» dicha composición y que «no se brinquen a la torera el diálogo social. No deseamos que nos representen los que no nos representan. La administración de la interlocución social debe hacerse con todos», afirmó a LA RAZÓN Miguel Blanco, secretario de COAG, que puntualizó que el campo «saldrá a la calle dado este nuevo atropello». Desde UPA consideraron «imprescindible» que se cuente con los empresarios agrarios para «abordar en profundidad y de verdad» las relaciones laborales en el campo.Esta situación llevó el día de ayer a las 3 organizaciones profesionales agrarias a remitir una carta de queja a Yolanda Díaz, en la que expresaron su «malestar» y «sorpresa» frente a la resolución de excluirlas y para solicitarle explicaciones. No obstante, fuentes del Ministerio de Trabajo negaron que se hubiese producido ningún género de exclusión por el hecho de que «nunca fueron convocadas de forma oficial» a la asamblea, y aseguraron que solo se las emplazó a reunirse más adelante, encuentro que por último va a tener sitio el martes próximo.

Polémica por el SAT

Ni siquiera Iglesias y Díaz fueron capaces de satisfacer totalmente a los representantes de CC OO y Unión General de Trabajadores, que sí estuvieron en el encuentro. La presencia en la mesa del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), cercano a Podemos y representado por su histórico líder Diego Cañamero y su portavoz Óscar Reina, provocó una situación incómoda para las centrales mayoritarias, que criticaron que el Gobierno haya dado voz a un conjunto «con una representación completamente minoritaria y poquísimo representativa del campo andaluz», manifestaron fuentes de CC OO. Así, Iglesias marca territorio decide encumbrar a un sindicato minoritario como SAT solo por su afinidad política y también ideológica.Con todo este enredo, quedó en un segundo plano la auténtica razón de la asamblea, determinar los nuevos subsidios agrarios que se conceden a través del Pacto para el Empleo y la Protección Social Agraria –Aepsa, el viejo PER–. El Gobierno ha acordado rebajar las peonadas de 35 jornadas laborales a 20 para poder acceder al subsidio agrario por la grave situación meteorológica que en los últimos meses ha hecho escasear el trabajo y ha complicado el acceso a las peonadas, mas solo se ha aprobado de forma coyuntural este ejercicio. Actualmente, los braceros deben trabajar un mínimo de 35 jornadas para acceder a una prestación por desempleo agrario que se extiende a lo largo de 6 meses. En la asamblea, asimismo se propuso la necesidad de reformar en un medio plazo el sistema de peonadas, «para asegurar que dé una cobertura más conveniente a los trabajos ocasionales agrarios», afirmó la ministra tras la asamblea, cuyas conclusiones trasladará el martes a las agrupaciones que el día de ayer dejó fuera de la sala.

Fuente: larazon.es

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