El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha ratificado la orden foral dictada el día de ayer por el Gobierno de Navarra que, entre otras muchas medidas, limita la entrada y salida de la Comunidad foral salvo por motivos laborales o bien sanitarios y ordena el cierre de los establecimientos de hostelería y restauración a consecuencia de la evolución epidemiológica derivada de la Covid-19.

En el auto, que puede ser recurrido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN advierte, para futuras resoluciones, de que las medidas habrán de ser presentadas por el Gobierno de Navarra para su autorización anterior, no para su ratificación siguiente. Esto es, deberán proponerse para su control judicial de antemano a su entrada en vigor.

En la parte dispositiva de la resolución judicial, el Tribunal demanda que, pasados 7 días, el Ejecutivo navarro entregue un informe “sobre la evolución epidemiológica y la eficiencia de las medidas adoptadas”.

Este jueves han entrado en vigor las nuevas medidas implantadas por el Gobierno de Navarra para frenar la expansión de la Covid-19 y que incluyen la restricción de movimientos al perímetro de la Comunidad foral, con salvedades de tipo sanitario, laboral, enseñante y de fuerza mayor y otras limitaciones horarias y de actividad de los establecimientos. Estas restricciones se sostendrán, de entrada, hasta el cuatro de noviembre.

Entre otras muchas, se determina el cierre total de establecimientos de hostelería y restauración, bingos, salones de juegos y recreativos; el adelanto a las 21 horas del cierre de comercios y espacios de servicios y de ocio. Por su lado, las asambleas en el campo público y privado se restringen a seis personas, salvo convivientes. Además, se dispone la reducción al 50% del transporte público de la región de Pamplona y se restringe el aforo de los camposantos con ocasión de la festividad del 1 de noviembre.

Una parte de estas medidas precautorias, las referidas a aforos de establecimientos y locales, lugares de culto, enseñanza no reglada o bien instalaciones deportivas ya estaban actuales tras la aprobación de la Orden Foral aprobada el pasado 11 de octubre.

Con respecto a la petición de ratificación, la Sala asevera “la improcedencia jurídica de semejante articulación procesal por la parte de la Administración”. De esta manera, añade, la regla general sería la autorización anterior, a menos que se justifique por la Administración “especial emergencia y necesidad” en su adopción.

En el caso de las precedentes órdenes forales ratificadas, el Tribunal comprende que se daba esa emergencia. No obstante, pone de relieve que, en el caso de esta orden foral, las medidas fueron anunciadas a los medios el primer día de la semana para su entrada en vigor el jueves.

No ha existido singular emergencia

En este sentido, los jueces comprueban que no ha existido la singular emergencia a la que se refiere la ley, dada la actuación de la Administración, que retardó la entrada en vigor desde su anuncio y presentó la petición de ratificación judicial el día de ayer a las 13.29 horas, a las pocas horas de su entrada en vigor, lo que impide el control anterior del Tribunal.

“Esta cuestión no es trivial, y si bien en el presente caso no empece a su toma en consideración, este género de actuación procedimental de la Administración puede determinar el juicio de proporcionalidad de este Tribunal en el momento de valorar las medidas adoptadas, al lado de las responsabilidades que se pudiesen derivar, particularmente en el caso de no ratificación de las medidas respecto de las que se debió solicitar autorización previa”, remarca la Sala.

Desde el punto de vista procedimental, argumental el Tribunal, la Orden Foral ha sido dictada por la consejera de Salud, que es la autoridad sanitaria eficiente, y las medidas que adopta tienen su anclaje en el art. tres de la Ley Orgánica 3/1986 de 14 de abril, de medidas singulares en materia de salud pública, y en la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad. “En este sentido cumple el canon de legitimidad constitucional para la limitación de los derechos esenciales ya antes referidos establecido por el Tribunal Constitucional”, mantienen los jueces.

De esta manera, destacan los jueces, el Tribunal Constitucional acepta la posibilidad de que por Ley Orgánica, e inclusive a través de Ley Ordinaria, se deje la adopción de medidas específicas que limiten el ejercicio de ciertos derechos esenciales, con las matizaciones hechas sobre el campo admisible de intromisión de una y otra en el derecho esencial, y siempre y cuando esta restricción se halle suficientemente delimitada en la pertinente predisposición legal de habilitación en lo que se refiere a los presuntos y en lo que se refiere a los fines que persigue, de forma que resulte cierta y previsible, y este justificada en la protección de otros recursos o bien derechos constitucionales.

Por esta razón, la Sala estima que el art. tres de la Ley Orgánica 3/1986 de 14 de abril, de medidas singulares en materia de salud pública habilita a la Administración Foral para la adopción de medidas sanitarias al darse el presunto establecido en la regla, esto es, la situación de crisis sanitaria por la pandemia causada por el COVID-19 y estar orientadas a lograr la finalidad de eludir la transmisión de la enfermedad.

Fuente: ABC.es

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