El Tribunal Constitucional estrecha el cerco sobre los controles de los alquileres


Solo unos días después de filtrarse el acuerdo firmado entre Unidas Podemos y el PSOE para controlar los alquileres de fondos y bancos a través de la ley de Vivienda, el PP contraatacó y anunció que no solo no aplicaría la norma en las comunidades que gobierna, sino que además la llevaría al Constitucional. Sin embargo, la realidad es que la Justicia puede poner en jaque la ley de Vivienda incluso antes de que se apruebe.

Porque cuando la norma reciba el visto bueno de las Cortes, en principio durante el tercer trimestre de 2022, el Alto Tribunal ya se habrá pronunciado sobre los controles al alquiler. El Constitucional ya maneja dos recursos contra la ley catalana que

 establece límites de precios de los arrendamientos firmados por fondos de inversión en zonas calificadas como tensionadas. Y uno de ellos, presentado precisamente por el PP, reclama la suspensión de la norma por ser, entre otras cosas, un «ataque a la propiedad privada».

La ley catalana, aprobada hace poco más de un año, ha generado una gran polémica en el sector inmobiliario. La Generalitat asegura que ha servido para desinflar los precios, pero los expertos achacan las caídas a la pandemia y advierten de que lo que se ha reducido es la oferta de viviendas en alquiler. Según Idealista, el stock disponible se ha desplomado un 42% en Barcelona.

Todavía se desconoce la posición que tomará el Tribunal Constitucional respecto a la ley, pero si finalmente la tumba asestará un duro mazazo a los planes del Gobierno central en materia de vivienda. El anteproyecto pactado por PSOE y Unidas Podemos replica aspectos clave de esta norma en concreto.

El PSOE es consciente de esta amenaza jurídica. Fuentes cercanas a las negociaciones de la ley de Vivienda aseguran que el Partido Socialista demoró el acuerdo todo lo que pudo porque estaba esperando a la decisión del Constitucional sobre la normativa catalana. Según estas fuentes, solo el órdago de Unidas Podemos (que amenazó con no apoyar los Presupuestos si no se alcanzaba un pacto en materia de vivienda) obligó al PSOE a acatar definitivamente los controles al alquiler. Un acuerdo que se produjo nada más y nada menos que tras nueve meses de negociaciones y después de que ni la dupla Ábalos-Iglesias ni la pareja Bolaños-Belarra lograran llegar a un entendimiento. Solo la intervención de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz salvó el pacto a última hora. En el Gobierno defienden que el acuerdo firmado contiene importantes diferencias respecto a la ley catalana. Sobre todo, porque amplía los supuestos en los que los propietarios se verían liberados de someterse a los controles de precios.

Cambios en el tribunal

Los próximos meses serán determinantes para el proyecto, ya que está previsto que el Consejo de Ministros dé su visto bueno a la ley el próximo 26 de octubre. La decisión del Constitucional sobre los controles a los alquileres llegará más tarde. El Alto Tribunal maneja dos recursos contra la norma: uno del PP –el primero que se presentó– y otro, curiosamente, del Gobierno, que la impugnó pese a pactar una medida similar con Unidas Podemos. No ha sido la única contradicción del Ejecutivo. El Gobierno ha recurrido la ley porque considera que la Generalitat vulnera competencias estatales al aplicar controles a los alquileres, pese a que en las últimas semanas ha remarcado que las competencias en vivienda están en manos de las comunidades.

De hecho, durante el anuncio del acuerdo para aprobar la ley de Vivienda remarcó que la norma tendría «respeto» por las competencias autonómicas. En base a ese «respeto», el Ejecutivo ha prometido que solo las regiones que quieran aplicar los controles a los alquileres llevarán a cabo la medida. Una decisión que limitará en gran parte el alcance de la ley.

Fuentes jurídicas explican que ambos recursos son independientes. Cada uno de ellos tiene su ponente. Y mientras el del Partido Popular se encuentra en un periodo mucho más avanzado para ir a pleno, el del Gobierno todavía puede tardar en resolverse al menos seis meses. Eso sí, la decisión del TC respecto al primero establecerá doctrina y afectará al segundo.

En el sector inmobiliario se cree que el Alto Tribunal tumbará los controles a los alquileres catalanes, que también han sido aplicados por municipios gobernados por el PP como Badalona. Aún pasarán algunas semanas hasta que la Justicia analice este caso. Sobre todo porque en breve se aprobará la renovación de cuatro magistrados del Constitucional, lo que dilatará de forma expresa el proceso. Aún así, el caso promete estar resuelto antes que la ley de Vivienda. Y el fallo condicionará, de un modo u otro, la futura norma.


Fuente: ABC.es .

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