La aplicación del artículo 155 en Cataluña fue acorde a la Constitución. Horas una vez que el Tribunal de Justicia de la UE negara a Carles Puigdemont el escaño en el Europarlamento, el independentismo catalán ha encajado un nuevo golpazo judicial. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha avalado unánimemente la medida adoptada el 27 de octubre de 2017 en 2 sentencias en las que rechaza en su práctica totalidad los recursos de inconstitucionalidad presentados durante más de 50 miembros del Congreso de los Diputados de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, por una parte, y por el Parlamento de Cataluña, por otro, contra el pacto del Pleno del Senado que dio el visto bueno a la aprobación de las medidas requeridas por el Gobierno de Mariano Rajoy al amparo del artículo 155 de la Constitución. En el fallo en el que rechaza el recurso de la capacitación de Pablo Iglesias, el TC estima solamente la impugnación en lo referente a la regla que supeditaba los efectos de las publicaciones oficiales de disposiciones normativas o bien actos a la autorización del Ejecutivo de España. Una vez resuelto el recurso interpuesto por la capacitación morada, los jueces declaran la “pérdida sobrevenida de objeto” del planteado por el Parlament por lo que respecta a la impugnación de la aplicación del 155, ya resuelta en el precedente. El TC inadmite parcialmente el recurso de inconstitucionalidad planteado por la Cámara autonómica por lo que respecta a “todas las disposiciones que se han dictado, sin solución de continuidad, en desarrollo o bien como complemento o bien adición de las medidas” aprobadas por el pacto del Pleno del Senado por el que se aprobaron “las medidas requeridas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución”. En su recurso, la capacitación morada consideraba el pacto del Senado “contrario a este marco constitucional, en tanto que se adoptó con transgresión del procedimiento constitucionalmente previsto, puesto que el requerimiento anterior del Gobierno, la petición de autorización y el pacto ahora impugnado no guardan la precisa congruencia en la identificación del incumplimiento o bien atentado al interés general ni en la determinación de las medidas de restablecimiento”. “Ni se han respetado las garantías de intervención de las autoridades de la Generalitat en el procedimiento ni se han considerado adecuadamente sus alegaciones, defraudando de esta manera los principios y valores constitucionales protegidos por dicho procedimiento”, se quejaban los miembros del Congreso de los Diputados de Podemos. Por su lado, el Parlament denunció la presunta transgresión del principio de autonomía y de participación política y se quejó de la “desproporcionada” aplicación del 155 frente a lo que calificaba de una “mera declaración retórica” del entonces presidente de la Generalitat. Para la cámara catalana esa suspensión “de facto” de la autonomía catalana y la disolución del Parlament derivaron en un “control político de conveniencia” que dejó a la Cámara en una situación de “subordinación jerárquica” en comparación con Gobierno de Rajoy. “Con la franquicia que se atribuye el Gobierno del Estado, se altera la capacitación de la voluntad de un órgano como el Parlament, protestaba en su escrito al TC.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *