El Tribunal Constitucional no ha decidido aún sobre la admisión de los recursos de amparo que el pasado julio presentaron primero el PP y, después, Ciudadanos, contra las fórmulas de cumplimiento que emplearon en el Congreso los miembros del Congreso de los Diputados que resultaron escogidos en las generales del 28 de abril. Estas formaciones, así como Vox, están prestos a llevar nuevamente al TC las proclamas que abundantes parlamentarios usaron el martes en el acto de constitución del Congreso, nuevamente frente a la pasividad de la presidente, Meritxell Batet. Estiman que ciertos de ellos desbordaron el requisito de juramento o bien promesa de la Constitución y vulneraron la doctrina del propio TC y han pedido a la Mesa que estudie su valía.

Los recursos que estos partidos formalicen, en su caso, frente al TC, van a tener exactamente el mismo objeto que los que fueron registrados en el mes de julio en el órgano de garantías y que no han pasado aún el filtro de la admisión, indispensable para poder entrar en el fondo de la cuestión. Partido Popular y Cs ya denunciaron entonces que fórmulas como las usadas por ciertos miembros del Congreso de los Diputados de ERC y de Junts per Catalunya -que mencionaron a la «República catalana», a «presos políticos» y al «mandato del 1 de octubre»- eran «dudosamente compatibles» con la propia Constitución de España.

El referendo ilegal
Esta vez ha vuelto a pasar lo mismo, y al lado de acatamientos de lo más variados -mencionando al «planeta», a las «trece rosas» o bien a «un país en el que el amor gane al odio»-, los independentistas volvieron a mencionar el referendo del 1-O bien, prohibido por el TC y que ha llevado a sus promotores a la prisión por sublevación.

Los miembros del Congreso de los Diputados que defienden la libertad en las fórmulas de juramento se apoyan en una sentencia del TC de 1991 que dio la razón a 3 miembros del Senado de HB que acataron «por imperativo legal». El tribunal estimó que lo esencial es que el cumplimiento de la Carta Magna sea «incondicional y pleno» y «no supone una prohibición de representar o bien perseguir ideales políticos diferentes de los encarnados por la Constitución».

«En un Estado democrático que relativiza las opiniones y resguarda la libertad ideológica, que entroniza como uno de sus valores superiores el pluralismo político, que impone el respeto a los representantes escogidos por sufragio universal cuando poderes manados de la voluntad popular, no resulta coherente una interpretación de la obligación de prestar cumplimiento a la Constitución que antepone un formalismo recio a toda otra consideración, pues de esa forma se violenta exactamente la misma Constitución de cuyo cumplimiento se trata», mantuvo el tribunal, encabezado por Tomás y Valiente.

Ahora bien, el órgano dejó claro que ese cumplimiento debe respetar «las reglas del juego político democrático y el orden jurídico existente y no procurar su transformación por medios ilegales». La formulación, conforme el TC, «no puede desnaturalizar o bien vaciar de contenido el cumplimiento mismo, a través de fórmulas que supongan un fraude a la ley o bien lo priven de sentido». Treinta años después la pelota está de nuevo en el tejado del Constitucional.

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