Las defensas de los procesados por el caso 1-O van a lanzar una ofensiva procesal conjunta y solicitarán la libertad de todos al final del juicio en el Tribunal
Supremo (TS). La base de esta petición es que una vez terminada la vista ya se va a haber logrado la finalidad que perseguía el Alto Tribunal de asegurar el enjuiciamiento de los procesados.
Los letrados de los acusados estiman que no hay razón para pensar que una vez en libertad podrían marchar fuera de España, por el hecho de que tuvieron ocasión de hacerlo, y tal cosa no sucedió. Y agregan que así los jueces van a poder deliberar sin la presión derivada de la larga duración del proceso, probando su ausencia de prejuicios sobre los hechos y el respeto efectivo a la presunción de inocencia de los acusados.

Las cosas se ven muy diferentes desde la perspectiva de las acusaciones. A pesar de las diferencias entre sus respectivas calificaciones, todas y cada una han pedido penas notables para los imputados, desde los 12 años de cárcel hasta los 74 que solicitan, respectivamente, la Abogacía del Estado y Vox para el exvicepresident Oriol
Junqueras, pasando por los 25 que pide la Fiscalía. La entidad de estas penas transforma en prácticamente inverosímil la posibilidad de que ciertas acusaciones deje de oponerse a la libertad de los presos.
En cualquier caso, los letrados de los procesados lo van a procurar en bloque al final del juicio. Hay, en este sentido, un principio conforme para compartir una estrategia común, con la perspectiva de que, si no todos, cuando menos ciertos presos pudiesen salir en libertad temporal. Para las defensas, la salida de uno solo de los acusados del caso 1-O bien sería un signo de que el tribunal va a examinar con nitidez cada situación para determinar hasta dónde puede lograr la responsabilidad individual de cada uno de ellos de ellos. Esto es, sin medirlos a todos por exactamente el mismo rasero, siguiendo las tesis del fiscal de que cometieron un delito de rebelión con un reparto anterior de papeles y con una finalidad compartida.

La Fiscalía, contra que el informe de la Organización de la Naciones Unidas conduzca a liberar a los acusados

En cualquier caso, los antecedentes amontonados durante este proceso penal no dejan mucho margen para pensar que el Supremo vaya a decidir ahora, al final del juicio, la puesta en libertad de los procesados, cuando la ha negado en cuantas ocasiones ha sido pedida, y siempre y en todo momento mencionando de manera especial al peligro de fuga. La calificación de los hechos que han efectuado las acusaciones, estimándolos constitutivos de un delito de rebelión, y la mencionada gravedad de las penas pedidas asimismo llevan a la conclusión de que no cabe hacer un pronóstico muy conveniente para esta nueva petición. De momento, la Fiscalía ya ha remitido al Supremo un informe en el que considera pura “opinión”, para nada vinculante, el dictamen del conjunto de trabajo de la Organización de la Naciones Unidas que estimó arbitrarias las detenciones de Junqueras, Sànchez y Cuixart. Los fiscales Javier
Zaragoza y Fidel
Cadena, firmantes del escrito, solicitan que se desestime la solicitud de libertad basada en tal dictamen.

Las defensas son muy siendo conscientes de las contrariedades. Mas estiman que la solicitud de libertad al término de la vista es lo más congruente con los planteamientos que han protegido en sus conclusiones terminantes y que expondrán frente al tribunal a lo largo de las jornadas de mañana y el próximo miércoles, en que la vista concluirá con el ejercicio del derecho a la última palabra por la parte de los procesados.
En estas conclusiones, todos piden la absolución, al paso que proponen 2 caminos alternativos para mantener tal solicitud. La primera, que los hechos que se les atribuyen no formaron delito. Esta es la opción de Jordi
Cuixart, por poner un ejemplo. Y la segunda, que si bien se hubiese lesionado algún bien jurídico, existiría una causa de justificación, consistente en el ejercicio de derechos esenciales, a los que apelan todas y cada una de las defensas del caso 1-O bien.
Esta última alegación va a ofrecer al Supremo la ocasión de entrar en el discute sobre los límites de semejantes derechos, como los de asamblea y manifestación, y sentar doctrina a este respecto. Y asimismo la de fijar criterio sobre conceptos clave manejados en este proceso, como los de violencia ambiental, rebelión sin armas o bien resistencia pacífica.

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