El Tribunal Supremo anunció este martes que la sala de lo Contencioso-Administrativo emitirá el próximo 24 de septiembre el fallo sobre el recurso interpuesto por la familia Franco sobre la exhumación de los restos del dictador del Val de los Caídos. Conforme notificó este martes el Tribunal Supremo, por medio de una providencia, la votación y el fallo de este recurso se generará desde las 10 horas del martes 24 de septiembre. El juez comunicante va a ser Pablo Luchas Murillo de la Gruta. El tribunal está encabezado por Jorge Rodríguez Zapata y lo integran asimismo los magistados Celsa Pico, José Luis Requero, Pilar Teso, Segundo Sanz y Pablo Lucas. El comunicante de la resolución va a ser este último. La Sala ha estado estudiando las alegaciones presentadas por la familia Franco y otras 3 partes presentadas, contrarias a la exhumación, y asimismo la de la Abogacía del Estado a favor de la resolución del Gobierno de sacar los restos del Val. De entrada se fijó como data para la exhumación el 10 de junio, aunque el Supremo decidió suspender cautelarmente el pacto del Consejo de Ministros 6 días ya antes. Esta resolución se genera una vez que el pasado cuatro de junio los 5 jueces de la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordaran admitir la medida cautelar propuesta por la familia Franco contra los planes del Gobierno de exhumar los restos del dictador el 10 de junio, para trasladarlos al camposanto de El Pardo, donde descansa su esposa. El Supremo paralizó de esta forma lo planes del Ejecutivo a la espera de solucionar el fondo del recurso planteado por los familiares. La razón en la que descansó la resolución fue eludir el perjuicio que, de otra forma, se ocasionaría a los recurrentes y, singularmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, los que se verían «gravemente perjudicados» si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al sitio en que se encuentran. La familia del dictador presentó un recurso en el que aducía el «daño irreparable» que podría ocasionar la exhumación de no existir sentencia firme, que en el caso de serles convenientes va a poder suponer 2 exhumaciones y 3 funerales. El Gobierno aprobó el pasado 15 de marzo la exhumación y traslado de los restos de Franco desde el Val de los Caídos al camposanto de El Pardo y fijó la data del 10 de junio para la ejecución del pacto. Esta resolución se adoptó frente a la imposibilidad de llegar a un pacto con la familia Franco, que pretendía trasladar al dictador a la cripta de la catedral de La Almudena. El Gobierno rechazó esta alternativa aduciendo inconvenientes de seguridad y orden público. El BOE publicó el pasado 11 de mayo el real decreto por el que el Gobierno se hacía cargo de la titularidad del panteón donde tiene pensado trasladar los restos de Francisco Franco. Se trata del camposanto de Mingorrubio, en El Pardo, que pertenecía a Patrimonio Nacional y que es el sitio donde ya está sepultada su esposa, Carmen Polo. ARGUMENTOS JURÍDICOS El tribunal reconoció que caso de que la exhumación fuera declarada ilegal «nada impediría» devolver los restos al Val de los Caídos y, en consecuencia, que no hay una «irreversibilidad material» de la resolución. No obstante, los jueces señalaron que «la situación que se generaría sería excepcionalmente perjudicial no solo para los recurrentes sino más bien asimismo para el interés público por las singulares y únicas circunstancias que concurren en un caso así». «El hecho de que fuera Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975 atribuye a toda la polémica unos rasgos singulares que no se pueden ignorar y que dejan atribuir un perjuicio irreversible a la ejecución de la resolución del Consejo de Ministros de exhumar sus restos si esta, después, fuere considerada contraria a Derecho», explicita el auto. Por lo tanto, el Gobierno va a deber aguardar a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el fondo del tema y decida si da la razón o bien no a los nietos del dictador. Para resolver una posible polémica a este respecto, los jueces afirmaron en su auto que piensan dar prioridad al caso y se comprometen a solucionar con velocidad el recurso, puesto que tras la resolución de Gobierno «está asimismo presente el interés general». El TS asegura que no hay motivos para no solucionar esta tema en un plazo «razonable». Uno de los miembros del tribunal que debe decidir, José Luis Requero, está bajo la lupa de la Asociación por la Restauración de la Memoria Histórica que ha denunciado su relación con el letrado Santiago Milans del Bosch, «estrecho cooperador de la fundación Franco y cuyo bufete defiende intereses de la familia del dictador». La protesta ha llegado hasta el Consejo General del Poder Judicial al que advierten de que la ecuanimidad del tribunal podría estar comprometida. Servimedia

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