El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 49 años, cinco meses y 21 días de prisión impuesta al exprofesor del instituto Valdeluz Andrés Díez como autor de 12 delitos de abuso
sexual a menores alumnas suyas cometidos entre 2002 y 2014.
De esta forma consta en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la Sala de lo Penal desecha los recursos de casación interpuestos por las representaciones de Andrés Díez y del Instituto Valdeluz contra la sentencia de la Audiencia Provincial de la capital de España, dictada el tres de julio de 2018.
Los jueces del Alto Tribunal asimismo ha confirmado el pago de una indemnización de 142.000 euros por daños morales a las víctimas de los abusos sexuales.

El tribunal ratifica del mismo modo la responsabilidad civil subsidiaria del instituto y de la academia de música ‘Melodía Siglo XXI’, situada en el circuito escolar. El condenado daba en la academia clases de lenguaje musical y de piano, y en este sitio se generaron los abusos.
En su recurso, el exprofesor aducía, entre otros muchos motivos, la transgresión de la presunción de inocencia y que la condena se fundamentaba en conjeturas y suposiciones.
No obstante, la Sala recuerda que en un caso así se juzga “una sucesión de hechos perpetrados a lo largo de múltiples años en la clandestinidad sobre unas víctimas menores, que, evidentemente, es realmente difícil que puedan contestar a un alegato sólido o bien con explicaciones estructuradas a algo que les sucedía a una edad en que su capacitación y conocimiento referente a su vida sexual era casi inexistente”.

A pesar de lo que, concluye el tribunal, “sus declaraciones sobre los actos puntuales de significación sexual que le atribuyen al acusado se muestran claras y muy descriptivas”.
La sentencia, de la que ha sido comunicante el juez Alberto Jorge Barreiro, explica que las declaraciones de las denunciantes se muestran “muy explícitas y cuentan pormenores y contrariedades sobre todo cuanto realmente les ocurría, explicando con razones lógicas y congruentes su irresolución en el momento de denunciar y comentar con sus familias lo que sucedía”.
Añade que en ello influía esencialmente “la autoridad y ascendencia que tenía un maestro atractivo para el estudiantado e inclusive para las familias de los menores que asistían al instituto, y no solo entre aquéllos que recibían clases extraescolares en la academia”.

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Aparte de los testimonios de las víctimas, la Sala mienta los informes de las médicos forenses que “consideraron razonables las contestaciones y reacciones de las menores en frente de la bastante difícil situación que se les presentaba debido a la conducta sexual del acusado”.
En este punto, los informes señalaban que esta situación las situaba entre “la autoridad de un maestro cualificado del instituto y los inconvenientes de toda clase que les producía la posibilidad de abrirse a sus familias, narrando unos hechos cuyo desvelamiento les generaba vergüenza y cierta sensación de culpabilidad y recelo frente a la posible influencia y trascendencia en el campo familiar y social”.
En este sentido, la sentencia resalta que “tanto los informes médicos forenses como los sicológicos que actúan en la causa acreditan la honestidad, veracidad y congruencia generalmente de las testigos denunciantes”.
La Sala confirma asimismo la responsabilidad civil subsidiaria del instituto “Valdeluz” al haber incurrido en culpa in observando al estimar demostrado que quien se favorece de actividades que de alguna manera puedan producir un peligro para terceros debe aguantar las ocasionales consecuencias negativas de orden civil respecto de esos terceros cuando resultan perjudicados.

Los jueces apuntan que una de las profesoras en el curso 2006/2007 tuvo conocimiento de una de las situaciones de abuso que padecía una de las pupilas de la academia de música y esto forzaba a los empleados del instituto a poner en conocimiento de los responsables del centro el factor de peligro que suponía la presencia del acusado en los dos centros de enseñanza; “factor de peligro que imponía la ejecución de una tarea de vigilancia y de pesquisas dirigidas a contrastar la realidad del contenido de una demanda que tenía carices de certeza”.
Agrega que “el instituto, al contratar al maestro, introdujo un esencial factor de peligro para la indemnidad sexual de las menores, tanto en el instituto como en el anejo dedicado a actividades extraescolares”.
El tribunal resalta que el sobreseimiento penal de la causa respecto a las conductas de las personas que dirigían o bien controlaban el centro “no supone una suerte de blindaje, como incomprensiblemente pretende la parte recurrente, a fin de que esos hechos no operen en esta causa como datos relevantes para resolver, por un lado, la confiabilidad, verosimilitud y veracidad de la prueba testifical de cargo concurrente contra el acusado, y desde otra perspectiva para acreditar la base fáctica de la responsabilidad civil que ahora se soluciona respecto al centro de enseñanza recurrente”.

Finalmente, rechaza que la atribución de la responsabilidad civil subsidiaria al instituto suponga la transgresión del derecho al honor al dañar su reputación, como mantiene el centro enseñante en su recurso. Sobre esta cuestión, responde que “no cabe asistir como razonamiento exoneratorio de la responsabilidad civil a las repercusiones sociales y mediáticas que una sentencia de esta clase puede conllevar”.

Los jueces del Alto Tribunal asimismo ha confirmado el pago de una indemnización de 142.000 euros por daños morales a las víctimas de los abusos sexuales

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