El Tribunal Supremo no tiene dudas de que para conseguir la condición plena de eurodiputado y, por ende, disfrutar de la inmunidad que esa condición lleva aparejada, es condición imprescindible que se cumplan 2 requisitos con carácter previo: el juramento o bien promesa de cumplimiento de la condición y la toma de posesión tras la apertura de la primera sesión que se celebre tras las elecciones con las que el periodo de sesiones se empiece, y, de esa forma, «no incluye a los miembros del Congreso de los Diputados meramente electos». En consecuencia, esa inmunidad parlamentaria no se consigue desde que resulte escogido en los comicios europeos, como mantuvo el martes el letrado general del Tribunal de Justicia de la UE en el dictamen que afectaba a Oriol Junqueras. Estas consideraciones las efectúa de forma tajante el Tribunal Supremo en el auto, fechado el día pasado 5, ya antes, por ende, del informe del letrado de la Unión Europea, donde acredita la resolución del juez Pablo Llarena de sostener las órdenes de busca y atrapa contra los fugitivos del «procés» Carles Puigdemont y Antoni Comín, a pesar de que los dos fueron escogidos en las elecciones europeas. Mas, además de esto, deja claro que, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre si Oriol Junquera disfrutaba de esa inmunidad desde que fue escogido en esos comicios, se examinará el «alcance, contenido y eficiencia de las prerrogativas, privilegios y también inmunidades inherentes a la condición de parlamentario europeo» en lo que afecta al “Procés”, con lo que si Puigdemont y Comín van a deber con carácter anterior comparecer y ponerse a predisposición de la Justicia antes que se valore su posible inmunidad. Esto es, van a deber entregarse a la Justicia y, desde ahí, se va a estudiar lo referente a su inmunidad cuando se conozca el fallo del Tribunal de la Unión Europea. Puesto que se ha ratificado las órdenes de busca y atrapa de los dos, serían detenidos solamente entrar en territorio de España. Además de esto, asimismo resalta la Sala que el presidente del Parlamento Europeo notificó el 27 de junio a Puidemont y Comín que sus nombres no se hallaban en la lista de miembros del Congreso de los Diputados elegidos remitida a la Cámara por la Junta Electoral Central, con lo que no se les podía dar el trato o bien condición de miembros de la Eurocámara. Y, al lado de ello, el propio presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al rehusar una solicitud de medidas cautelares de los dos, recordó que el Parlamento europeo no podía cuestionar la valía de la declaración hecha por las autoridades nacionales y, por ende, no se podía mantener que se les debería tener la condición de europarlamentarios. «Nada hay que incorporar a lo dicho por el presidente del Tribunal», remarca la Sala del Supremo que ha rechazado los recursos. No es la situación de Junqueras Por otra parte, el Supremo rechaza asimismo las alegaciones de Pugdemont y Comín se que se hubiera vulnerado el principio de igualdad frente a la Ley con relación a Oriol Junqueras, con respecto a quien la Sala ha elevado una cuestión prejudicial al TJUE, lo que no ha hecho el juez Llarena. A este respecto, la Sala es tajante cuando establece que los dos casos no son equiparables; Junqueras lo que solicitó fue un permiso penitenciario, que se le rechazó, para asistir a cumplimentar el trámite previsto frente a la Junta Electoral tras las elecciones europeas, en un instante en que se hallaba en cárcel y sometido al juicio del «procés», al paso que Puigdemont y Comín se hallan fugitivos de la justicia, «habiendo evitado su enjuiciamiento», y piden que se alce una orden de detención que pesa sobre exactamente los mismos. «No coinciden ni lo que se solicita, ni de qué manera se solicita por uno y por los otros». NO ES IGUAL A LA PETICIÓN DE JUNQUERAS Además, el TS rechaza la alegación de los 2 recurrentes de que se ha vulnerado el principio de igualdad frente a la ley con relación a Oriol Junqueras, con respecto a quien la Sala ha elevado una cuestión prejudicial al TJUE, lo que no ha hecho el juez Llarena. La Sala contesta: “No cabe querer semejanza entre lo pedido por el señor Junqueras, un permiso penitenciario para asistir a cumplimentar el trámite previsto en el artículo 224.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, cuando exactamente el mismo se halla en cárcel y se ha sometido al juicio festejado frente al Tribunal, y los ahora recurrentes, que se hallan fugitivos de la justicia, habiendo evitado su enjuiciamiento, y piden que se alce una orden de detención que pesa sobre exactamente los mismos. No coinciden ni lo que se solicita, ni de qué manera se solicita por uno y por los otros”. Asimismo pone de manifiesto el auto que la legalidad actual en España aplicada a Puigdemont y Comín es exactamente la misma que la aplicada al resto de aspirantes elegidos al Parlamento Europeo, los que debieron asistir a la comparecencia personal efectuada por la Junta Electoral Central para acatar la Constitución. En lo que se refiere a la solicitud de los dos recurrentes de que la Sala elevara en este trámite una cuestión prejudicial con 17 preguntas al TJUE, la Sala resalta que ello sobrepasa del presente recurso de apelación puesto que el planteamiento de dichas cuestiones prejudiciales no fue planteado en el recurso de reforma contra el auto del instructor. “El objeto del presente recurso viene determinado (…) por el objeto y intenciones ejercitadas en un inicio, sin que puedan proponerse en la apelación nuevas intenciones extrañas a las planteadas de forma inicial”. ÓRDENES DE DETENCIÓN DICTADAS MUCHO ANTES DE SU ELECCIÓN Frente al alegato de los recurrentes de que el propósito o bien la consecuencia de la orden nacional de detención y cárcel pueda ser el impedir que un parlamentario escogido llegue a tomar posesión de su escaño conforme con la voluntad popular, la Sala responde que “en efecto (…) sería inaceptable cualquier resolución judicial con semejantes objetivo y fundamento, mas las órdenes de cuya revocación se trata ahora fueron acordadas mucho ya antes de la concurrencia de los perjudicados a las elecciones al Parlamento Europeo, con el único objetivo de conseguir su sumisión a la acción de la justicia de España que de forma voluntaria los dos recurrentes habían decidido evitar, situándose fuera del territorio nacional”. Otra alegación de los dos recursos es que la inmunidad parlamentaria debía extenderse a la fase anterior a la toma de posesión o bien juramento del cargo de parlamentario europeo por el hecho de que en caso contrario bastaría convenir el ingreso en cárcel de un miembro del Congreso de los Diputados escogido para impedirle efectuar los actos conducentes a la toma de posesión de su escaño. “Pero -responde la Sala- el razonamiento inversamente señala que bastaría a cualquier sospechoso, procesado o bien condenado presentarse a las elecciones y ser escogido para evitar la acción de la justicia o bien de la ley penal. Lo que es obvio que resulta inaceptable”.

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