El Tribunal de Cuentas eleva el costo de las ayudas del ámbito financiero hasta 2018 a 66.577 millones

Ya se intuía y en muchos foros de discusión bancarios era un secreto conocido. Mas el Tribunal de Cuentas lo ha ratificado. En su último informe ha elevado a 66.577 millones de euros el costo total del rescate bancario hasta diciembre de 2018, una cantidad tenuemente superior a los 65.725 millones estimados por el Banco de España. Esta diferencia de 852 millones -un 1,32% superior al calculado por el supervisor bancario- se explicaría por la diferente metodología empleada por cada organismo. No obstante, el auténtico salto cualitativo de las estimaciones del Tribunal de Cuentas se centra en el desfase de cinco.859 millones de euros de más calculado respecto al informe efectuado por esta corporación a fines de 2015, que contaba los 45.344 millones aportados a la banca por el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y los 21.295 millones del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC), a lo que habría que quitar los 62 millones logrados por el Banco de España en intereses. En lo que sí coincide el Tribunal de Cuentas con el Banco de España es en asegurar que el costo total de las ayudas al ámbito no va a tener una cantidad terminante hasta el momento en que se ejecute la venta de Bankia, en tanto que “ciertas operaciones siguientes a data de la estimación pueden provocar un aumento o bien una minoración del convocado importe”, explica en su nota.El importe de los recursos totales comprometidos en la reestructuración por el FROB, el FGDEC y el Banco de España a consecuencia de las actuaciones efectuadas entre 2009 y 2018 fue de 122.754 millones de euros. De este importe, el FROB comprometió 77.506 millones de euros; el FGDEC 35.446 millones -financiados con las aportaciones de las entidades financieras-; y el Banco de España nueve.802 millones -con el convocado saldo positivo de 62 millones entre ingresos y gastos-. Más o menos la mitad de estas aportaciones se han incorporado al capital de las entidades financieras y en cuotas participativas, si bien no todos y cada uno de los recursos comprometidos supusieron un costo para el proceso de reestructuración, bien por el hecho de que los importes se recobraron o bien se recobrarán posteriormente; bien, por el hecho de que no llegaron a materializarse en salidas de recursos públicos. Además de esto, las entidades fiscalizadas consiguieron ingresos por determinadas operaciones desarrolladas en el marco de los procesos de reestructuración -como intereses y comisiones-, que deben tenerse en cuenta al estimarse el costo. Específicamente, se materializaron aportaciones al capital de las entidades y en cuotas participativas por un valor de 60.247 millones, siendo Banco CAM (26.307 millones) y BFA-Bankia (22.427 millones) las entidades que más fondos públicos requirieron.En el caso específico de Bankia, el costo asumido en el rescate bancario se cifra en 12.864 millones de euros, diferencia resultante entre los 22.424 millones de euros aportados por el FROB y el valor neto de deterioros en el que continúa su cómputo a 31 de diciembre de 2018, nueve.560 millones de euros. Mas es en el reparto de costos asumidos donde el Tribunal critica la actuación del Fondo de Reestructuración y la entidad. El Tribunal apunta que el FROB “no ha efectuado comprobaciones reportajes de expedientes individuales” para saber si se cumplen los límites y condiciones establecidas en los convenios de reparto, efectuando solamente “comprobaciones a nivel agregado”, con lo que aconseja establecer “un sistema de administración de BFA que facilite al FROB la comprobación de la determinación y el cumplimiento de las condiciones establecidas.

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