El Senado ha aprobado el día de hoy la derogación del artículo 315.3 del código penal que detallaba penas de prisión para los miembros de piquetes violentos que fuesen condenados. La medida formaba una parte de los pactos del Partido Socialista, Unidas Podemos y del resto de asociados del Gobierno.

Además de esto, se anulan las sentencias aplicadas conformemente con ese precepto, una condición demandada por Unión General de Trabajadores y CC.OO. como consecuencia «indispensable» de la derogación de ese artículo.

El mentado artículo afirma que «quienes actuando en conjunto o bien individualmente, mas conforme con otros, coarten a otras personas a comenzar o bien proseguir una huelga, van a ser castigados con la pena de cárcel de un año y 9 meses hasta 3 años o bien con la pena de multa de dieciocho meses a 24 meses».

Los sindicatos y los partidos de izquierda han venido demandando la derogación de ese artículo pues más de 300 personas, en su mayor parte sindicalistas, han sido juzgadas y condenadas a cárcel desde hace unos años por su participación en piquetes violentos en las huelgas generales del 29 de septiembre de 2010, del 29 de marzo de 2012 y el 14 de noviembre de ese año.

Sin embargo, los sindicatos reconocen ningún condenado ha ingresado en cárcel. La mayor parte de las veces, pues las condenas no eran elevadas y no acarreaban ir a la prisión. Otros, pues los tribunales superiores rebajaban o bien anulaban las condenas y, asimismo, pues fueron indutados.

Con la supresión del artículo, otro derecho esencial, el de asistir al trabajo, va a quedar limitado frente al derecho de huelga, conforme especialistas juristas y empresarios consultados, pues se sostienen los apartados 1 y dos de tal artículo: «1. Van a ser castigados con las penas de cárcel de 6 meses a un par de años o bien multa de 6 a 12 meses los que, a través de engaño o bien abuso de situación de necesidad, impidieren o bien limitaren el ejercicio de la libertad sindical o bien el derecho de huelga. dos. Si las conductas reseñadas en el apartado precedente se realizaren con coartes van a ser castigadas con la pena de cárcel de un año y 9 meses hasta 3 años o bien con la pena de multa de 18 a 24 meses».

«Hoy es un enorme día para la democracia en este país y para los trabajadores y trabajadoras», ha declarado el secretario general de CC.OO., Unai Sueco, una vez que el Senado haya aprobado el día de hoy la derogación del artículo 315.3 del código penal que castigaba con penas «desproporcionadas» a los sindicalistas «con la meta de limitar el derecho de huelga».

Sueco ha tenido palabras de agradecimiento a las fuerzas políticas que lo han hecho posible con su voto y «de reconocimiento a las más de 300 personas procesadas con solicitudes de pena de prisión para procurar refrenar a través de el artículo 315.3 del Código Penal y la Ley Mordaza el derecho de huelga y otras movilizaciones contra las políticas de austeridad».

«No vamos a permitir jamás, jamás, jamás, que se demonice el derecho esencial a la huelga de los trabajadores, sin el que no se comprende la democracia en nuestro país», destacó el secretario general de CC. OO.

Para Pepe Álvarez, secretario general de Unión General de Trabajadores, este artículo penal «chocaba con el derecho a huelga que, igual que otras democracias occidentales, contempla la Constitución».

Álvarez asevera en su weblog que «el derecho de huelga, en el artículo 28.2 de la Constitución De España, es un derecho esencial para la libertad pública, con supuesta mayor protección. Es un alivio para todos que este texto penal, que castigaba a aquellos y aquellas que coartasen a otras personas a comenzar o bien proseguir una huelga con penas de cárcel de hasta 3 años y con multas de hasta 24 meses, haya sido por último derogado en el Congreso».

«Durante estos años hemos visto que el término ‘coaccionar’ ha dado pie a una interpretación extensa del delito: esto ha ocasionado que conductas no violentas hayan sido perseguidas por procesos penales. Que personas trabajadoras que solo defendían sus derechos y los de sus compañeros y compañeras hayan sido oprimidas en unos procesos penales injustos, dudosos y también interminables».

Fuente: ABC.es

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