La encrucijada en la que se ve inmerso el Rey por el bloqueo de la situación política que se vive en al actualidad hace que salte a la luz el discute de si es precisa una reforma constitucional del artículo 99, que es el que establece que el Monarca plantee un aspirante a la investidura a presidente de Gobierno tras sostener la ronda de consulta con los representantes de los partidos y comprobar si hay un acuerdo sobre un aspirante que pueda conseguir la mayor parte absoluta precisa para ser designado presidente del Ejecutivo. Sobre esta cuestión, diferentes especialistas en Derecho Constitucional consultados por LA RAZÓN vienen a coincidir en que no sería precisa tal reforma mas quizá, si se dan las circunstancias, un «retoque» de ese artículo, que afectaría sobre todo a que se fijara el plazo máximo en el que debería fijarse la primera votación de investidura, y, desde ahí, que comenzase a correr el plazo de los un par de meses ya antes de disolverse las cámaras y tener que ir nuevamente a las urnas. En cambio, la posibilidad de quitar competencias al Rey en esta materia no provoca ningún respaldo entre estos especialistas. Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, sostiene que lo ocurrido en los últimos un par de años puede asistir a alterar el artículo 99 con ciertos retoques, «pero no me semeja lo prioritario. Lo más esencial es que todos y cada uno de los actores políticos comprendan cuál es su papel, en una situación absolutamente nueva como la que vivimos en los últimos tiempos». Por esta razón, han de ser los políticos, asegura, «quienes deben ponerse conforme, y asistir a la ronda convocada por el Rey con los deberes hechos». El Monarca, agrega a este respecto, no debe «encargar» nada a ningún aspirante, sino más bien «proponer, conforme con la persona que ostente la presidencia del Congreso, a aquel aspirante que le haya trasmitido que tiene el apoyo mayoritario de la Cámara». Esta propuesta, asevera el catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, «no la hace únicamente el Rey, sino debe darse un concurso de voluntades con –en este caso– la presidente del Congreso, que me da la sensación de que debe jugar en todo este proceso un papel considerablemente más activo, favoreciendo los pactos entre los representantes políticos». Y, por este motivo, el presidente de la Cámara Baja es «quien debe acompañar al Rey en todo este proceso, asumiendo la responsabilidad política que el Rey no puede ni debe asumir». Por su lado, Teresa Freixes, catedrática retirada de Derecho Constitucional, deja claro que, al lado de una posible reforma constitucional, con todo cuanto sucede «no es el Rey quien queda mal, sino más bien los partidos político. Son los responsables de todo cuanto está sucediendo». En lo que se refiere al artículo 99 de la Constitución, comprende que su reforma podría ser positiva, por servirnos de un ejemplo, «si es para ir en la línea de lo que pasa en el País Vasco, donde la investidura de lendakari se efectúa sobre el aspirante más votado si no hay ese acuerdo. Con la CE podría hacerse algo similar». En esa reforma, mantiene a este respecto Freixes, asimismo podría ir en la línea de «establecer ya antes el periodo de un par de meses desde el que se comienza a contar el plazo a fin de que un aspirante consiga la investidura». El papel del Rey En cambio, entregar más competencias al presidente del Congreso para conducir para conducir las negociaciones que faciliten llegar a las rondas de consultas de los partidos con el Rey con un aspirante que, a priori, cuente ya con los apoyos precisos, es algo para lo que no existe «norma habilitante alguna», con lo que para darle más poder en la propuesta de un aspirante «habría que reformar, por lo menos, el Reglamento del Congreso, y quizá asimismo la Constitución pues se le privaría al Rey de esa competencia que tiene». Enrique Arnaldo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos I, una parte de la premisa de que «se ha querido responsabilizar al artículo 99 de la Constitución de la puesta en escena por un par de veces, prácticamente sucesivas, del descalabro del proceso de investidura del presidente del Gobierno». A su juicio, el inconveniente no deriva del procedimiento –que es lo que contiene el artículo 99–, sino más bien en el papel que tiene el Rey, «que no es, de ninguna manera, actor del proceso mas al que ciertos semejan requerir una situación más activa y también incentivadora, que el constituyente, seguramente con acierto, no quiso». Al lado de ello, Arnaldo comprende que se podría abordar un «retoque» del convocado precepto constitucional «cuando se den las circunstancias», y la fijación de una data, no lejana a la constitución de las Cámaras, «a partir de la que comience a contar el reloj de los un par de meses puesto que infringe la lógica que deba encontrarse un aspirante, por mucho que no cuente con apoyos suficientes, que se someta a la votación a fin de que se inicie» ese plazo. Y es que, en su entender, el inconveniente no está en el procedimiento establecido en el artículo 99 de la Constitución, sino más bien, singularmente, en el sistema electoral y de partidos. Por su lado Pablo Nieto, maestro de Derecho Constitucional de la Universidad Abat Oliva CEU, estima que el inconveniente que se provoca no está en el texto del convocado precepto constitucional; y, en cambio, donde sí comprende que hay espacio de mejora es «en la regulación de la investidura en el Reglamento del Congreso», el que podría reformarse para «limitar la capacidad del presidente de la Cámara de dilatar el primer discute en función de los intereses de su jefe de partido». Sin embargo, la conclusión a la que llega este constitucionalista es que en supuestos de fragmentación política como el presente «ninguna regulación puede reemplazar una cultura política que ponga el interés general sobre el interés del partido».

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