Los populares no están prestos a admitir la ausencia total de explicaciones y de asunción de responsabilidades con las que el Partido Socialista procura hundir en el olvido la sentencia condenatoria del caso de los ERE. Especialmente pues fue el líder socialista, Pedro Sánchez, quien empleó una oración de otra sentencia condenatoria para edificar la petición de censura que expulsó al expresidente popular Mariano Rajoy de La Moncloa. Por esta razón, el conjunto parlamentario que encabeza Pablo Casado ha redoblado su ofensiva en el Congreso de los Miembros del Congreso de los Diputados donde el vicesecretario de Participación, Jaime de Olano, ha registrado una batería de preguntas escritas para estrechar el cerco sobre la titular de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, a las que ha accedido ABC. La sentencia por la mayor trama de corrupción juzgada en España deja muchas preguntas sin responder sobre la información que pudo manejar la ministra socialista cuando era consejera de la Junta de Andalucía. Y el plantón que esta dio a la comisión de investigación de aquel Parlamento autonómico el mes pasado de noviembre ha elevado las sospechas de los populares.

El papel de la ministra
Olano pregunta de esta forma al Ejecutivo socialista si Montero tuvo conocimiento «en algún momento» de «la existencia de convenios y/o contratos firmados por altos cargos de la Junta de Andalucía sin el control de la intervención de la administración andaluza». El vicesecretario popular recuerda asimismo que cuando la ministra era consejera de Sanidad debió percibir los expedientes y también informes que anteceden a cada Consejo de Gobierno, y solicita conocer si en alguno de ellos se mentó «la existencia de los convenios y/o contratos hallados en las cajas fuertes de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)». No terminan acá las interrogantes planteadas por el político popular, quien asimismo desea saber cuál fue la actitud de Montero ante «los múltiples requerimientos» efectuados por la Justicia ordenando a la Junta «la remisión de diversa documentación relativa a la llamada trama de los ERE». En esta línea, Olano pregunta asimismo a quién se dirigió la ministra en funciones «para encontrar la documentación requerida» y «cuál fue la respuesta» que recibió de estas personas. La batería de interrogantes se cierra pidiendo conocer si la política andaluza conocía «la existencia de 3 cajas fuertes en las dependencias de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía».

Contestación obligada
Cuando la Mesa de la Cámara califique las preguntas y se publiquen en el Folleto Oficial de Las Cortes, el Gobierno dispondrá de veinte días para remitir sus contestaciones por escrito a Olano. Sin embargo, el Ejecutivo va a poder pedir a la Mesa que le conceda una prórroga, siempre y en todo momento de forma motivada, por un máximo de veinte días más. El Reglamento del Congreso fuerza al Gobierno a responder, mas en caso de que no lo hiciese, el vicesecretario popular podría solicitar a la presidente de la Cámara, Meritxell Batet, la conversión de el interrogante en oral y su inclusión en el orden del día de la próxima comisión en la que comparezca Montero.

Sánchez, sin explicaciones
Mientras que llegan las contestaciones del Ejecutivo, el Partido Popular se sostiene a la espera de que se conformen los conjuntos parlamentarios en el Congreso de los Miembros del Congreso de los Diputados y pueda reunirse la Junta de Portavoces. Este es el órgano que va a deber discutir si el presidente en funciones, Pedro Sánchez, debe comparecer frente al Pleno para dar explicaciones por la sentencia de los ERE, como ha pedido la portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo. Esta iniciativa fue la primera que registró el conjunto que encabeza Pablo Casado, lo que apunta a que la citada sentencia va a ser uno de los ejes sobre los que pivotará sus ataques al líder socialista a lo largo de esta legislatura. En la solicitud de comparecencia, Álvarez de Toledo demanda a Sánchez que explique «los motivos por los cuales se niega a aceptar en público responsabilidades políticas» pese a que múltiples cargos socialistas fueron condenados por «malversar prácticamente 680 millones de euros destinados a los desempleados y al saneamiento de empresas en crisis». A fin de que la comparecencia salga adelante habrá de ser apoyada por la mayor parte de la Junta de Portavoces. La votación va a ser un test para conocer la firmeza de las coaliciones de Sánchez.

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