El PP, absuelto por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas



No ha quedado probado «que en el instante del borrado y destrucción de los discos duros, los acusados Alberto Durán jefe de la Consultoría Jurídica del Partido Popular-, José Manuel Moreno -responsable del departamento informático del partido- y Carmen Navarro -ex- tesorera del Partido Popular-, con conocimiento de la realización de las conductas que eran investigadas por el Juzgado Central de Instrucción n.º cinco sobre una supuesta contabilidad oculta del PP, y sabiendo que esos hechos podían ser constitutivos de uno o bien múltiples delitos, cuya comisión podía acreditarse a través de el contenido de esos discos duros, tuvieran la pretensión de quitarlo para de esta manera impedir o bien complicar esa demostración». Ëste es uno de los razonamientos centrales que esgrime el juez de la villa de Madrid Eduado Muñoz de Baena para exculpar a los 3 acusados y al PP, como persona jurídica, por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas , y, además, condena a las acusaciones populares, populares ejercidas por IU, ADADE y el Observatori Desc, . Izquierda Unidca-los Verdes pedía 4 año y 6 meses para cada uno de ellos de los 3 acusados y una multa al Partido Popular de cinco.000 euros diarios a lo largo de 3 años. La Fiscalía, en cambio, solicitó la absolución de todos y cada uno de los imputados, y, además de esto, que se aplicase la “doctrina Botín” para eludir el juicio, si bien el juez desechó esta última intención. En cuanto al Partido Popular, el juez le exculpa del delito de daños informáticos que le imputaban las acciones populares, por el hecho de que se ha constatado que uno de los ordenadores por el hecho de que ha quedado demostrado que uno de los ordenadores pertenecía a la capacitación política y sobre el otro se ignora si era del Partido Popular o bien de Luis Bárcenas, ni que en los discos duros destruidos hubiese guardado algún dato o bien fichero en el instante en el que José Manuel Moreno procedió al borrado seguro y destrucción de los aguantes. Tampoco se ha demostrado que, de haber existido algún contenido en ese momento tuviese un valor económico significativo y no estuviese a salvo en el pendrive entregado en el Juzgado Central de Instrucción n.º cinco de la Audiencia Nacional o bien en otro soporte de almacenaje « bien preservado por Luis Bárcenas, bien incluido en los servidores de correo corporativo del Partido Popular». En este punto, se considera acreditado que uno de los ordenadores cuyo disco duro fue borrado lo adquirió el PP “para ser puesto a disposición” del ex- tesorero del partido Luis Bárcenas, «durante la temporada en que sostenía una relación laboral” con el Partido Popular. En verdad, el juez apunta de qué forma, contra lo sostenido por las acusaciones en lo que se refiere a la titularidad del PC, Bárcenas no aportó ninguna factura o bien tique de adquiere, «a pesar de que es prudente y frecuente preservar una o bien otro tras la adquisición de aparatos sometidos a un periodo de garantía legal o bien comercial», y tampoco consta que en la Audiencia Nacional se identificara ese medio de pago. En suma, concluye el juez a este respecto, «se echa en falta una prueba reportaje que no acepte diferentes interpretaciones, a lo que se aúna que las aportaciones testificales han resultado ser inespecíficas en orden a conseguir la identificación del dueño del portátil». Dada esta insuficiencia probativa, agrega a este respecto la sentencia, se debe tomar en consideración que, por ser la titularidad de Luis Bárcenas sobre el equipo un hecho susceptible de dañar a los acusados,« no solo no puede alardearse, sino solamente puede tenerse por acreditado si no existiese ningún margen para la duda». En cambio, si se hubiera acreditado que los portátiles eran de Bárcenas, el Partido Popular «no estaba obligado ni, lógicamente, estaba facultado para realizar un proceso de borrado seguro de ninguno de los ficheros que contenía. En tal caso, debería haberse limitado a dar los equipos a su dueño o bien, por lo menos, a ponerlos a su predisposición, sin acceso ni manipulación alguna por los técnicos del partido», mas esta circunstancia no se ha podido acrditar. En lo que se refiere al delito de encubrimiento que se imputaba a los 3 acusados -Alberto Durán, José Manuel Moreno y Carmen Navarro-, la sentencia sostiene que ante 2 opciones alternativas aceptables, como el que en su ánimo estuviese complicar la acreditación de un delito vinculado a la presunta contabilidad paralela del Partido Popular, en la medida que la condena por ese delito podría haber tenido consecuencias negativas para la capacitación política, económica, social y políticamente; o bien que, como han sostenido las defensas, que la voluntad de los acusados al realizar el borrado seguro no fuese otra que la de observar las buenas prácticas aconsejadas para el cumplimiento de la legalidad actual en materia de protección de datos-, «ambas compatibles con la lógica y potencialmente susceptibles de producir convicción, el juzgador debe agacharse por la solución fáctica más conveniente al acusado». Al lado de ello, el juez apunta que solo el propio Bárcenas sabe verdaderamente si la demanda que interpuso en la Audiencia Nacional contra el Partido Popular por el borrado de los discos duros, que más tarde retiró, era el de que le fuesen restablecidos los 2 ordenadores «que aseveraba como propios, o el de recobrar el contenido almacenado”. Elucubrar sobre ello, agrega el juez, sería “estéril.

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