En 2030, el cambio climático va a ser el autor directo de que 100 millones de personas sean pobres. En 2050, va a haber 143 millones de alejados de 3 continentes como consecuencia de los desastres ambientales. El África sub sahariana, el Sudeste asiático y Suramérica van a ser las zonas más perjudicadas. A fines de siglo, la supervivencia en el planeta va a ser muy, muy dura sin una acción combinada global, que implica desembolsos jamás vistos, ni tan siquiera a lo largo de la reconstrucción europea que trajo el «Plan Marshall». Este es el horrible panorama que se aproxima en el planeta si no se toman medidas, algo que, por el momento, no semeja una realidad una vez que la Cima Mundial COP25 de la capital de España vaya a saldarse con un pacto de mínimos sin vinculación inmediata. El Banco Mundial destinará 50.000 millones de dólares estadounidenses hasta 2025 en financiación para proyectos de adaptación frente a las urgencias climáticas, a razón de 10.000 millones de dólares estadounidenses anuales desde 2021. No obstante, se trata de una pequeña una parte de la inversión precisa. En ausencia de políticas globales que pongan freno al cambio climático, el Fondo Monetario internacional estima que el Producto Interior Bruto por cabeza se reducirá más de un siete% en 2100. Dadas estas perspectivas, los diferentes gobiernos han incluido en sus planes económicos cantidades singulares destinadas a la transición ecológica y a medidas correctivas del tiempo. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha cuantificado la inversión efectuada en 2018 por la UE en 158.000 millones de euros, en consonancia con Estados Unidos, que invirtió en políticas un tanto más, 190.000 millones. Nada que ver con lo que el Gobierno chino asegura haber gastado –aunque no detalla ni exactamente en qué ni cómo–, 322.000 millones. El Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático (IPCC) estima que la inversión solo en el sistema energético global hasta 2035 para limitar el incremento de la temperatura bajo 1,5º –y regresar niveles preindustriales– va a ser de dos,1 billones de dólares estadounidenses por año.470.000 millones de euros quitan los desastres naturales a la economía global cada añoLas previsiones señalan que el impacto de los desastres naturales extremos resta 520.000 millones de dólares estadounidenses (470.000 millones de euros) todos los años a la economía global. Y empuja asimismo a 26 millones de personas a la pobreza anualmente. La mayor parte de los dañados ya viven en zonas muy castigadas, como los cuatro.000 millones de personas que subsisten en condiciones de agobio hídrico y que van a ver agudizadas sus dificultades para localizar diariamente agua bebible. Hasta el momento, se estimaba que los desastres naturales vinculados a las condiciones extremas del tiempo costaban unos 320.000 millones de dólares estadounidenses (289.000 millones de euros) en términos sanitarios, de infraestructuras y productividad. No obstante, el reciente informe «Irrompible» del Banco Mundial (BM) eleva un 60% esa cantidad, al estimar que el impacto en la población frágil es mayor. «Los pobres tienen más probabilidades de radicar en residencias débiles y situadas en zonas propensas a desastres, y trabajar en ámbitos enormemente frágiles a fenómenos climáticos extremos, como la agricultura. Además de esto, reciben mucho menos apoyo del Gobierno y de la comunidad para su proceso de restauración. El resultado es que el impacto de una tormenta, una inundación, una sequía o bien un seísmo es un par de veces más grave para los pobres que para cualquier otra persona», remarca el BM.Los sobrecostes de la vida en la Tierra van a ser considerablemente más altos si los países no actúan conjuntamente. De nada vale barrer para ocultar el polvo bajo la alfombra. Desde el costo de los seguros, hasta el transporte de pasajeros y mercaderías, pasando por los costos sanitarios. Todo va a costar más. Comenzando por lo más básico: el agua y los comestibles. Un cambio de medio grado en las previsiones supone salvar de la pobreza a múltiples cientos y cientos de millones de personas. Los impactos climáticos afectarán en mayor medida a la agricultura, un campo clave en los países más pobres y su primordial fuente de ingresos, empleo y exportaciones. Para 2030, las pérdidas de desempeño de los cultivos podrían representar que los costos de los comestibles estén un 12% más altos en promedio al sur del Sáhara. La presión sobre los hogares pobres, que gastan hasta un 60% de sus ingresos en comestibles, va a ser aguda.250.000 muertes provocará un calentamiento de entre dos y tres gradosEntre 2030 y 2050, un calentamiento de entre 2° y 3° ocasionará unas 250.000 defunciones auxiliares cada año debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el calor extremo, conforme la OMS. Se calcula que el costo de los daños directos para la salud –excluyendo los costos en los ámbitos determinantes para la salud, como la agricultura y el agua y el saneamiento– se ubica entre 1.800 y tres.600 millones de dólares estadounidenses hasta 2030. El cambio climático afectará todavía más a los cultivos y al ganado en un instante de enorme presión demográfica, con 10.000 millones de habitantes en 2050. Con esta perspectiva, y a falta de un pacto final que se vislumbra de mínimos, la Cima del Tiempo cuando menos ha servido a fin de que Ursula von der Leyen, la nueva presidente de la Comisión Europea (CE), presente el ambicioso plan europeo contra el cambio climático, una de las grandes prioridades de su orden. Las 2 primeras medidas van a pasar por transformar el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en un banco para el tiempo y por destinar el 50% de sus fondos a inversiones climáticas desde 2025. El propósito es poder financiar con velocidad y solvencia cualquier resolución que tome la Unión Europea. Y una de las primeras va a ser prescindir poco a poco de cualquier inversión relacionada con los comburentes fósiles, salvo el gas. Bruselas va a crear un Fondo para la Transición Justa que va a apoyar a las zonas carboneras y procurará ampliar el sistema de comercio de emisiones de CO2, que se aplica a la industria y a una parte del transporte. Asimismo se va a mejorar la eficacia energética, se fomentará la atrapa y almacenaje de carbono, se reducirá la polución atmosférica de los motores de combustión, se desarrollarán infraestructuras energéticas sustentables y se ampliará la legislación sobre el control de emisiones.¿Y de qué manera se marcha a financiar esta transición? Conforme Datos de la Agencia Europea del Medio Entorno, las pérdidas anuales ocasionadas por los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en la UE a lo largo de la última década ascendieron a prácticamente 13.000 millones de euros. A esto se aúnan los gastos sanitarios provocados por los efectos dañinos de la polución del aire sobre los ciudadanos europeos, que provocaron más de 400.000 muertes prematuras anuales. El nuevo Ejecutivo comunitario ha prometido que cuando menos el 25% del presupuesto va a apoyar acciones vinculadas a la lucha climática. A través del Fondo de Inversiones Estratégicas de la Unión Europea –englobado en el conocido como Plan Juncker– se han movilizado hasta la data 371.000 millones de euros en este sentido, 158.000 millones solo en 2018, de los que España ha recibido ocho.087 millones. Por el momento, se han aprobado ya 11.000 millones, que se destinarán al nuevo fondo de innovación para la transición energética, que va a ser efectivo desde 2020. Inmediatamente antes del inicio de la Cima, el Parlamento Europeo anunció la urgencia climática, el primer continente en hacerlo y un primer paso cara el cambio.

Transición energética

La transición energética ya es uno de los ejes de la política europea, con unos objetivos claros. En 2040 se espera una reducción del 45% de gases invernadero, que va a deber llegar al 60% para 2050, hasta lograr lo que llaman como «neutralidad climática» –una economía sin impacto en el calentamiento–. Mas este reto supone la implicación, aparte de los poderes públicos, asimismo del campo privado, cuyas empresas van a deber desarrollar nuevos modelos de negocio y ser «actores constructivos» que promuevan «la descarbonización de la economía y de la sociedad», aseguran en el plan.Los Estados miembros de la Unión Europea deben presentar aún las versiones finales de sus planes nacionales (PNEC), la plan de actuación para la transición energética entre 2021 y 2030, con las mejoras que la Unión Europea planteó al percibir los bocetos el pasado semestre. En aquel instante, solo 5 países (España, Dinamarca, Estonia, Lituania y Portugal) tuvieron un aprobado de los 28. Los objetivos que España marcó en ese boceto del Plan Nacional Integrado de Energía y Tiempo (2021-2030) fueron el anterior de lo que va a ser la versión terminante, que va a deber aprobarse en el momento en que el Gobierno deje de estar en funciones. Los 4 primordiales compromisos que acepta el documento hasta 2030 son que el 74% de la generación eléctrica sea energía renovable; que el 42% del consumo total de la energía final sea por generación limpia; que la mejora de la eficacia energética alcance cuando menos el 37% y que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan un 21% respecto a las cantidades alcanzadas en 1990. Estos objetivos proponen muchas dudas al campo eléctrico, que va a deber padecer una inevitable transformación para poder amoldarse al nuevo contexto energético, y va a deber hacerlo con una eficacia verde real. Según los cálculos del Gobierno en este plan, la transición energética implicará unas inversiones próximas a los 236.000 millones de euros, de las que el 80% va a deber correr por cuenta del campo privado, 188.800 millones, y un 20% del público, 47.200 millones. Estima que se producirán entre 250.000 y 364.000 trabajos netos y un incremento del Producto Interior Bruto del uno con ocho%.

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