Las defensas de los acusados han empezado su turno de alegaciones, es el informe final en el que basándonos en todo lo desarrollado en el juicio exponen sus conclusiones. Y la conclusión terminante a la que han llegado es que los acusados, aquellos que formaban una parte del Govern, desobedecieron al Tribunal Constitucional al proseguir adelante con las leyes de desconexión y convocar el referéndum del 1 de octubre, mas solamente.
No alentaron a la violencia, no movilizaron a la ciudadanía para generar un alzamiento público, ni emplearon fondos públicos para organizar esa votación y no hubo un plan organizado para enfrentarse a la Policía y Guarda Civil.

Penúltima jornada del juicio del procés
(SeÑal De Tv Del Tribunal Supremo / EP)

En la sesión de este martes se pudo percibir al letrado Andreu Van den Eynde, que defensa del exvicepresidente Oriol Junqueras y del exconseller y actual miembro del Senado Raül Romeva; el letrado Javier Melero, en defensa del exconseller de Interior Joaquim Forn; Jordi Pina, en nombre del expresidente de la entidad ANC Jordi Sànchez, y de los exconseller Jordi Turull y Josep Rull, los 3 en nuestros días miembros del Congreso de los Diputados en el Congreso de los Diputados; y Josep Riba, defensor del exconseller de Justicia Carles Mundò.

Los abogados se repartieron las materias a proteger. De ahí que al tiempo que Van Den Eynde se centraba más en la vulneración de los derechos fundamentales, Melero se centró en desacreditar el delito de rebelión, Pina sobre los hechos específicos del 1 de octubre y los altercados del 20-S frente a la Conselleria de Economia y Riba se centró en desmontar la tesis de la malversación.

No hubo DUI

El letrado de Junqueras apostó por negar todo lo ocurrido: el referendo estaba suspendido por el Tribunal Constitucional; la declaración unilateral de independencia no fue tal; y tampoco había estructuras de Estado. Además de esto, aprovechó para hacer un alegato político, anunciar que los líderes independentistas tienen la “mano tendida” para solventar el enfrentamiento y apostó por una solución política, fuera de los tribunales.

El letrado de Forn también sostuvo la tesis de que la DUI no fue tal y cedió “la trinchera” de la desobediencia, esto es que aceptó que su usuario había sido notificado de la suspensión de las leyes y todavía de este modo prosiguieron adelante con el 1-O bien. Explicó que la prueba de que no hubo una declaración de independencia real es que aquel 27 de octubre, Forn charló con los trabajadores de la Conselleria y les explicó que al día después o Carles Puigdemont convocaba elecciones o se aplicaba el artículo 155 de la Constitución y el Gobierno central les intervenía. “Nada más”, señaló.
Dio un paso más y aseguró que el 20-S frente a la Conselleria de Economia se generaron delitos de “desórdenes públicos”, si bien no deja de ser un brindis al sol por el hecho de que los autores no son ninguno de los acusados sino más bien personas no identificadas que destrozaron los automóviles de la Guarda Civil o bien lanzaron botellas a los agentes de los Mossos y de las fuerzas de Seguridad del Estado.

Defensa de la Policía

En el caso de Melero, se distinguió del resto de sus compañeros que apoyó en público la tarea de la Policía. Sus agentes, no son responsables de la “ineptitud” de sus mandos que diseñaron en el 1-O bien un dispositivo “por completo anormal les condujo a una situación endiablada en la que el cumplimiento del deber llevaba a un deterioro de su imagen pública.

Los abogados de la defensa criticaron fuertemente el papel de la Fiscalía, su tarea y su informe final, en el que aseguró que en Catalunya hubo un “golpe de Estado”. El tercer letrado en intervenir, Jordi Pina, aun charló de jueces “prevaricadores”, mientras que criticaba las actuaciones judiciales que se generaron aquel otoño de 2017, como los 40 registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barna aquel 20 de septiembre de 2017 en el marco de la investigación sobre la organización del 1-O bien.

“Cuatro señores con cazuelas”

Pina acusó a la Fiscalía de encarcelar a los máximos responsables de ANC y Omnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, como escarmiento y para descabezar a las organizaciones con la esperanza de que todos se volviesen unionistas. El letrado asimismo hizo una dura crítica a la Fiscalía por situar los escraches a las fuerzas de Seguridad del Estado como a funcionarios públicos y también instituciones como fuente de violencia del periodo insurreccional “porque 4 señores piquen con unas cazuelas”.
Pina fue el letrado que más personalizó su defensa. Afirmó sentirse “orgulloso” por la actitud de los ciudadanos catalanes en las manifestaciones. “Todos los ciudadanos libres y espontáneos se manifestaron de manera libre proclamando la libertad de sus líderes”, espetó.

Asimismo reconoció haber ido a votar el 1-O bien pero eso no significaba nada. “Fui a votar, me fui a dormir a mi casa y al día después me fui a trabajar. No llamé a mi compañera de la villa de Madrid diciendo, oye que estás en el extranjero, cierra el chiringuito”, manifestó frente a la Sala del Tribunal Supremo que enjuicia el procés.
Pina aprovechó su intervención para excusarse frente al tribunal: “He pedido excusas, no he tenido un punto de control cuando he visto personas que faltaban la verdad. Repito mis excusas por mi comportamiento mas cuando dicen las cosas que dicen….”, adujo.

Pacto “inejecutable”

Por su lado, el letrado de Mundò se centró en la malversación de caudales públicos, por el que la Fiscalía estima que desde el Govern se emplearon 3 millones de euros para el 1-O. Lo primero, fue desacreditar el pacto del Gobierno catalán firmado en el mes de septiembre de 2017por el que los gastos para el 1-O bien serían solidarios entre todas y cada una de las Consellerias, al que no le dio ningún valor jurídico. “Ese pacto era inejecutable”, mantuvo.
Defendió que no se puede aprobar gastos de forma solidaria. Mas además de esto rechazó que se haya podido probar ningún gasto por la parte de la Conselleria de Justicia para la organización del referendo. Pese a que se hicieron 5 facturas proforma de diferentes gastos, conforme el letrado estas “no tienen valor contable ni fiscal”.

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