El mejor instante para subir impuestos es: jamás. Y, además de esto, no subirlos en instantes de fuerte depresión económica como la presente es de absoluto los pies en el suelo. Tras haber sufrido un shock de oferta, así como uno de demanda, sumado ahora a una etapa indeterminada de tiempo con enorme inseguridad, países como Alemania, Francia o bien Italia han decidido bajar impuestos como medida básica para intentar animar sus economías y que no se caiga el uso a niveles inaguantables.

No obstante, en España semeja que el Gobierno baraja acrecentar todavía más la carga impositiva de empresas y ciudadanos. Solo el hecho de decirlo produce consecuencias negativas y eso nos preocupa a los empresarios de la capital de España. Hace múltiples meses, el Ejecutivo de Sánchez anunció que iba a anticiparse a toda Europa, siendo el primer país que instituía la llamada tasa Google o bien tasa tecnológica. Puesto que bien, la consecuencia inmediata fue que un centro internacional de operaciones de esta compañía que se iba a instalar en España escogió por último Portugal. Los motivos por los cuales Google optó por Portugal para fijar su segundo mayor centro europeo tras Dublín fue la conveniente política fiscal del Gobierno de nuestros vecinos, tanto para empresas para trabajadores no residentes. O sea, ganaron colecta. No obstante, la voracidad fiscal de España expulsó una vía de obtención de ingresos públicos de esa empresa, más la de sus trabajadores, más la generación de riqueza indirecta.

Anunciar que se subirán impuestos es retraer el consumo y la inversión; en consecuencia, es exactamente lo mismo que multiplicar el desempleo, pues se frena la actividad económica. Y esto no se fundamenta en ninguna ideología política, sino más bien en los resultados de las experiencias reales que tenemos a nuestro alrededor. Tampoco quiere decir que se esté contra el estado de bienestar, más bien todo lo opuesto. Si se favorece fiscalmente la actividad económica y, en consecuencia, el uso, se va a estar produciendo más colecta para mantener unos servicios públicos realmente sustentables y de calidad.

Nuestra economía está muy estropeada y el mejor ejemplo de ello es la situación del mercado de trabajo. Los datos de esta semana nos han dicho que, pese a la vuelta a la actividad, más de 5 millones y medio de personas están en Erte o bien en el desempleo, y las perspectivas no son muy halagadoras. De ahí que sorprende que, en lugar de trabajar en adoptar medidas que mejoren el uso, el Ministerio de Trabajo se meta ahora a regular el trabajo a distancia.

A ver, no hace falta hacerlo por un motivo muy simple: ya está regulado. En España está ya recogido en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores; asimismo tenemos incorporado el Pacto Europeo de Trabajo a distancia mediante un pacto nacional de negociación colectiva de 2013; y, además de esto, hace cerca de un año la Ley de Protección de Datos y Derechos Digitales reguló el derecho a la desconexión digital en el trabajo a distancia. Ahora lo único que hay que hacer con toda esta materia prima normativa es incorporarla progresivamente a los ámbitos y empresas mediante la negociación colectiva.

En lo que debería fajarse el Ministerio de Trabajo, si desea entrar en los libros de historia por algo verdaderamente positivo, es en introducir elementos de flexiseguridad en nuestro mercado de trabajo. Esta fórmula es en especial conveniente en tiempos de crisis, pues conserva los derechos lícitos de protección social que tienen los trabajadores y, al tiempo, garantiza el derecho del empresario a amoldarse a las circunstancias alterables y organizar su empresa mejor, no por capricho sino más bien para poder contestar a las alteraciones en la demanda y sostener viable a la compañía. Nuevamente, las experiencias que tenemos alrededor nos vienen probando que esta fórmula es la que mejor conserva el uso.

La crisis sanitaria que hemos sufrido ha sido un acelerador cara la transformación digital y debemos darnos prisa en prepararnos para aprovechar las ocasiones que van a surgir. Todavía no llegamos ni al 60% de la población trabajadora con competencias digitales básicas, conforme el DESI (Digital Economy and Society Index). De este modo será bastante difícil introducir la transformación tecnológica en nuestros procesos productivos.

Fuente: ABC.es

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