El Gobierno anunció el día de ayer que va a reanudar el inconveniente de las condiciones de trabajo de las camareras de piso, que trabajan en los hoteles españoles arreglando las habitaciones. Este inconveniente tomó gran fuerza en la fase final de la legislatura de Mariano Rajoy. El colectivo, conocido como
kellys
–las que limpian–, agrupa en España a entre 100.000 y 200.000 personas en función de la temporada del año. Su patronal, que llegó a reunirse con Mariano Rajoy en la Moncloa, se quejaba de que cobraban dos con cinco euros por habitación que limpiaban, lo que les producía un salario de unos 700 euros por mes. El colectivo argüía que cada camarera limpiaba unas 26 habitaciones al día.

El lobby del turismo Exceltur elevaba ese salario a unos 1.500 euros (nueve,5 euros la hora) en función de las horas efectuadas por cada trabajadora de manera semanal. En todo caso, aparte del bajo
salario alegaban problemas médicos por el ahínco físico que efectúan.

Alterar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores implica igualar sueldos entre plantilla y externos

El quid de la cuestión es que ciertas empleadas están protegidas por el acuerdo colectivo de limpieza, mas ciertas comunidades autónomas han autorizado al ámbito hotelero a externalizar este servicio, con lo que esas trabajadoras han quedado desamparadas al no estar sostienes a ningún acuerdo sectorial.

Ante esa situación, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que dirige Reyes Maroto, anunció el día de ayer que “ha puesto en marcha una campaña concreta de revisión integral de las condiciones laborales en el ámbito de alojamientos turísticos, particularmente camareras y camareros de piso, conforme figura en el tercer informe semestral de ejecución del Plan Directivo por un Trabajo Digno 2018-2020”.
Conforme la ministra en funciones del ramo, Reyes Maroto, “esta campaña muestra el compromiso del Gobierno por progresar la calidad del empleo del ámbito turístico, particularmente las camareras de piso, puesto que deja un control integral de las condiciones de posibilidades de servicios de este colectivo singularmente castigado por bajos sueldos, ritmos de trabajo y sobreesfuerzos”. A su juicio, “es urgente la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, que igualará las condiciones entre trabajadores en plantilla y externos y que va a ser una prioridad en la próxima legislatura”.

La modificación de tal artículo es lo que demanda el colectivo perjudicado desde el principio de sus movilizaciones. En urbes o bien comunidades autónomas como Alicante, Cádiz, Cantabria, Grandas, islas Baleares, Las Palmas, Málaga, Navarra o bien Teruel se deja la externalización. En otras, como Castellón, Santa Cruz de Tenerife o bien Palencia, está prohibida esa práctica empresarial. En Sevilla y Barna están acogidas al acuerdo de hostelería, si bien este año 2019 tocaba su revisión. En otras zonas no existe regulación a este respecto, con lo que el hotelero puede hacer lo que más le convenga en todos y cada instante.
Entre agosto del 2018 y enero del 2019, conforme el Ministerio de Industria, se han mejorado las condiciones de 14.000 trabajadores del ámbito de la hostelería, merced al plan de choque contra la contratación temporal fraudulenta. De este modo, se han transformado nueve.466 contratos temporales.

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