Las oraciones de «el sexismo mata más que el coronavirus» (pronunciada por la vicepresidenta primera Carmen Pelado ya antes de festejar el ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer) o bien «si nos debemos contagiar por pelear por las mujeres, nos contagiamos» (de boca de simpatizantes de Podemos presentes en la marcha central de ese domingo y que recogió ABC en su edición del nueve de marzo) van a pasar a los anales de la historia como «grandes imprudencias políticas» pronunciadas en democracia.

Sería simple verter este juicio ahora, meses después, en la resaca de una pandemia que se ha llevado más de 27.000 vidas conforme la estadística nacional, mas ya la recién nombrada ministra de Igualdad, Irene Montero, tenía claro el nueve de marzo que habían contraído un peligro demasiado elevado para la población. Ella, que se alternó en brazos a su hija Aitana con su pareja, el vicepresidente Pablo Iglesias en diferentes instantes del trazado por el centro de la capital, reconoce en un vídeo al que tuvo acceso ABC (pertenece a los momentos inmediatos a una entrevista concedida a la TV vasca ETB) que la gente se aproximaba a su hija y a ella, las tocaba y saludaba despreciando la pandemia. «Había un montón de peña, tía –le confiesa a la entrevistadora–; y decían: un beso ministra… el coronavirus da igual».

En esta grabación, Montero asimismo atribuye al coronavirus la menor afluencia de gente a las marchas, plenamente deslustradas pues en la calle ya había miedo a la enfermedad procedente de China. No obstante, Igualdad, en su versión pública y con la luz roja de las cámaras encendida, atribuyó el tercio de asistencia inferior con respecto a 2019 no al «miedo», sino más bien «a la lluvia» registrada en urbes como la villa de Madrid.

El 3M: la ley «del solo sí es sí»
Montero, como queda reflejado en este vídeo, sabía que el Gobierno debería haber adoptado medidas radicales frente al patógeno, mas tenía un plan desde el instante en que entró en la cartera y lo acometió esta semana del dos al ocho-M.

El tándem Montero-Iglesias condicionó el apoyo morado a la alianza de gobierno a que se aprobara una iniciativa, redactada por Podemos en materia de Igualdad: «la ley del solo sí es sí». Tendría, para esto, una capitana: la ministra del ramo, y debería salir adelante la semana en que abanderara por vez primera las marchas feministas. Montero se jugó sus bazas a esta carta: en su debut como ministra aceptó que su departamento carecía de presupuesto y grandes competencias, mas su empeño personal era fomentar la ley de libertades sexuales (se elimina el delito de abuso y se fusiona con el de agresión), la legislatura siguiente a la sentencia de la Manada. Este anteproyecto de ley se aprobó, a toda prisa, el tres de marzo en un Consejo de Ministros donde Montero fue interpelada por los cronistas sobre de qué forma se plasmarían en el Código Penal determinados artículos como la carencia de permiso sexual. Ella no supo responder. Pasaban las 13.00 horas y a las nueve.00 Victoria Rosell, la juez encargada de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, explicaba en la sede del Ministerio los vericuetos legales del articulado de ese anteproyecto. Las dos coincidieron en una aseveración: «Con esta ley España será un país más seguro». Ya es un hecho que no lo fue.

Se subestima la urgencia sanitaria
Este tres de marzo, el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades lanzaba un aviso a los países europeos sobre la virulencia con que aterrizaba en el Viejo Continente el patógeno de la ciudad de Wuhan. El centro, establecido en Estocolmo con una plantilla de 290 personas, instaba a sostener la «distancia social» y «evitar actos tumultuarios innecesarios». España ignoró esta advertencia, mientras que Portugal y Grecia refugiaban a sus poblaciones y sorteaban ese primer embate del coronavirus. Otros países del este de Europa, como termina de publicar la gaceta «The Economist», conseguían mitigar el ataque pues recluyeron ya antes a sus ciudadanos por una realidad, que aceptaron sin pudor: sus sistemas de salud, misérrimos, no podrían aguantar una urgencia sanitaria. En cambio, sin material de protección suficiente, el Gobierno de España sostuvo el ocho-M y todos y cada uno de los acontecimientos de masas y lanzó a nuestro sistema sanitario a la mayor embestida de su historia. Había innumerables señales de emergencia: en verdad, el 31 de marzo, la OMS lanzó su primera alarma internacional por coronavirus; y el doctor responsable del Centro de Alarmas del Gobierno de España, Fernando Simón, declaró el 23 de abril que el virus «circulaba desde febrero».

Sin respaldo, mero trámite
La ley de Montero que pudo comprometer la salud de la población no va a ser una realidad, como está redactada. Fue una «treta propagandística» y una argucia de Igualdad, tras la información que ha podido recabar ABC. Realmente, y ante esta documentación, el anteproyecto de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual se limitó a ser un mero comienzo de la tramitación de la regla, por eso no se publicasen ni uno solo de los trámites anteriores que se demanda para la aprobación de una nueva ley, y donde deben emitirse una serie de informes preceptivos para asegurar, entre otras muchas cuestiones, la participación de colectivos que han de ser escuchados previamente «para asegurar el acierto y la legalidad del texto». Conforme ha podido saber este diario, además de esto, el Ministerio de Igualdad tampoco dispone de «ningún informe de la Comisión de secretarios de Estado y subsecretarios», requisito anterior a la entrada de la regla a La Moncloa.

Desde Igualdad se arguye que no es un trámite que se contemple en la ley, cuando la 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, lo deja claro en su artículo 26.4. El proyecto de Montero asimismo carece de una «Memoria de Análisis de Impacto normativo» que, conforme Igualdad, «será publicada en el Portal de Trasparencia una vez finalizada», mas que debería haberse efectuado anteriormente si la ley hubiese llegado en su estatus genuino al Consejo de Ministros, algo que no ocurrió y que hubiese eludido la invasión de competencias de otros ministerios, como Justicia. También, el departamento de Montero se negó en el mes de marzo y vuelve a hacerlo ahora a facilitar el informe elaborado por la Segregaría General Técnica de Igualdad, que habría de estar redactado, aduciendo que es un documento socorrer que no lleva razón para ser público, si bien las fuentes jurídicas consultadas aseguran que, al contrario, es un documento preceptivo que no tiene carácter socorrer.

Cisma en justicia
El primero en advertir todas y cada una estas fallas fue un juez, a la sazón ministro de Justicia, el socialista Juan Carlos Campo, que a punto estuvo de volar por los aires el pacto Partido Socialista-Podemos en tiempos preCovid. Redactó un documento de 26 páginas y multitud de precisiones por preceptos de incierta legalidad y, en una de las sesiones de seguimiento del acuerdo de gobierno festejada en el Congreso, brincó el «recorte» de artículos que solicitaba Justicia. Desde este departamento se plantearon ciertas enmiendas a una regla que salía del Ministerio de Igualdad infestada de incorrecciones legales e inclusive faltas de ortografía, dando sitio a una regla que para los ministros socialistas no era más que una chapuza.

La artillería pesada de Podemos, con Pablo Echenique a la cabeza, tachó de «machista» a Campo; Montero arremetió contra quienes no deseaban que los derechos de las mujeres avanzaran. Campo cedió a lo que el Partido Socialista vio como un chantaje de Podemos y la iniciativa llegó al Consejo de Ministros. Esa semana, el 11 de marzo, Italia había cerrado sus puertas al turismo extranjero con una Lombardía asediada. España dejaba entrar a los turistas. Se estima que –partidos de futbol mediante– esos primeros aciagos días de marzo un par de millones de viajantes fueron y vinieron de la zona de Milán.

Fuente: ABC.es

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