El Gobierno aprobó a lo largo del Consejo de Ministros excepcional festejado el día de ayer la creación de un fondo dotado con 10.000 millones -que va a ser gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)- para salvar a empresas estratégicas expertas en el campo de «la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o bien los mercados» que tengan inconvenientes de solvencia derivados de la crisis del coronavirus. Las financieras van a quedar, de entrada, fuera de estos incentivos.

El Gobierno articulará estas ayudas a través de múltiples vías, como la concesión de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada y la subscripción de acciones o bien otros instrumentos de capital. De entrada, las compañías que reciban estas ayudas sí van a poder conceder dividendos, tras un acuerdo entre Partido Socialista y Ciudadanos conseguido el día de ayer. Las ventajas que consiga el Estado por las inversiones, así sean por medio de intereses o bien plusvalías, se ingresarán en el Tesoro Público.

El Ejecutivo incidió el día de ayer en el hecho de que el fondo «se ajusta a la normativa de ayudas de Estado de la Comisión Europea». Bruselas ya acreditó a lo largo de el mes pasado de mayo la posibilidad de que los Estados miembros entren en el capital de empresas estratégicas que estuvieran atravesando contrariedades financieras y fuesen viables ya antes de la pandemia. Eso sí, puso una serie de condicionantes, como limitar las nacionalizaciones a un periodo temporal y que las compañías salvadas no realizasen determinadas inversiones.

El fondo, que se llamará Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y ha sido pactado con los agentes sociales, deja sin embargo más dudas que certidumbres. El Ejecutivo no aclaró el día de ayer qué ámbitos priorizará en el momento de invertir. Ni las condiciones específicas que deben cumplir las compañías. Ni en qué momento se generaría la salida del Estado en el capital social de estas compañías.

Tampoco fue posible consultar el día de ayer estas cuestiones, pues el Ejecutivo anuló el día de ayer la conferencia de prensa siguiente al Consejo de Ministos. Una resolución sin precedentes -sobre todo teniendo presente que se había aprobado un enorme bulto de incentivos económicos- que no se tomaba desde hace 6 años, cuando el Ejecutivo aprobó el proyecto de ley que reguló la abdicación del Rey Juan Carlos I.

Fuentes del Ministerio de Hacienda explican a este periódico que todos y cada uno de los detalles aún «deben especificarse» en futuros Consejos de Ministros y resaltan que son las compañías interesadas las que deben pedir estas ayudas. Además de esto, desde el Ejecutivo aseguran que todos estos condicionantes van a ser acordados con las asociaciones empresariales.

Una vez aprobado el fondo, todas y cada una de las miradas se dirigen al campo turístico, al de la automoción y al aéreo. Las 2 primeros ya se están favoreciendo de sendos programas de estímulo aprobados por el Gobierno, mas reconocen que precisarán nuevos incentivos en un medio plazo.

El caso de las compañías aéreas es aún más sangrante, pues no han recibido más ayuda que una suspensión temporal de las tasas aeroportuarias y una rebaja de las tasas de despegue condicionada a determinados niveles de actividad. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ya dejó caer la semana pasada que el Gobierno preparaba medidas para asegurar la solvencia del campo pues los créditos avalados por el ICO habían sido «insuficientes». El campo sostenía la esperanza de que el día de ayer se aprobaran medidas de apoyo, mas estas no acabaron de concretarse. A pesar de ello, en el campo aseguran que el fondo de rescate es visto «con buenos ojos» por la parte de múltiples compañías aéreas, que se sostienen a la espera de conocer las condiciones específicas de la medida.

40.000 millones en acredites
Alén del fondo de rescate, el Consejo de Ministros aprobó el día de ayer una nueva línea de acredites canalizada a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) valorada en 40.000 millones de euros. Como adelantó ABC, esta iniciativa no va a estar dirigida a asegurar la liquidez de las compañías, sino servirá para «impulsar la realización de nuevos proyectos de inversión empresarial».

«Esta medida es parte del plan de reactivación de la economía y la utilización y tiene como propósito respaldar nuevos proyectos de inversión del tejido productivo, tras una primera fase en la que primó la cobertura de las necesidades de liquidez», explicó el día de ayer el Ejecutivo en la referencia del Consejo de Ministros. Concretamente, el Gobierno favorecerá inversiones que produzcan alto valor añadido y prevalezcan la sostenibilidad medioambiental y la digitalización.

Aparte de estos nuevos acredites, el Ejecutivo asimismo aprobó el día de ayer un real decreto ley de medidas económicas que contempla la moratoria hipotecaria para inmuebles turísticos. El Ejecutivo da un periodo de moratoria de hasta 12 meses para las operaciones financieras de carácter hipotecario subscritas con entidades financieras. Además de esto, las compañías dedicadas al turismo, el comercio y la hostelería que entre julio y octubre produzcan actividad van a contar con exoneraciones del 50% de las cuotas a la Seguridad Social.

Fuente: ABC.es

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