El Ejecutivo de Pedro Sánchez, en la batería de medidas que pretende desarrollar a lo largo de esta legislatura en materia de Memoria Histórica, acometerá una profunda transformación en el régimen legal del Val de los Caídos. Los planes del Gobierno pasan por la aprobación de un R. D. que articulará el nuevo marco jurídico de este circuito. El decreto determinará qué corporación va a pasar a ocuparse de la dirección del Val y va a detallar tanto los recursos que lo integran como sus relaciones jurídicas. En cualquier caso, lo que semeja claro es que la Fundación de la Santa Cruz del Val de los Caídos, creada por Franco en 1957, va a quedar fuera de ese nuevo esquema legal. La proposición de ley de Memoria Histórica y Democrática registrada por el Partido Socialista en el Congreso de los Miembros del Congreso de los Diputados prevé, en sus disposiciones transitorias, que la Fundación de la Santa Cruz solamente va a poder proseguir «ejerciendo sus funciones hasta el momento en que entre en vigor el Real Decreto» que apruebe el Gobierno. Desde ese instante, va a quedar alejada. Para lograr esta meta, la proposición de ley socialista contempla derogar todas y cada una de las disposiciones legales que, hasta el momento, han venido sosteniendo la participación de esta fundación. Primeramente, la iniciativa establece la derogación del decreto de 1 de abril de 1940, firmado por Franco, en el que este dispone el levantamiento de la «Basílica, el Monasterio y el Cuartel de Juventudes, en la finca ubicada en las vertientes de la Sierra del Guadarrama (El Escorial), famosa por Cuelgamuros, para perpetuar la memoria de los caídos en nuestra Gloriosa Cruzada». Se trata, por ende, del decreto que da origen a la construcción del circuito del Val de los Caídos tal como lo conocemos en nuestros días, cuyas obras se comenzaron desde ese instante y se alargaron hasta 1958. Asimismo va a quedar derogado el Decreto-ley de 23 de agosto de 1957, por el que se crea la Fundación de la Santa Cruz del Val de los Caídos. Asimismo con la firma de Franco, este decreto, aparte de iluminar la citada entidad, reguló sus funciones en la administración del circuito y le atribuyó la titularidad de todos las edificaciones que integran el Val. Siendo este decreto del dictador el que entrega «plena personalidad jurídica», su derogación implicaría de hecho la liquidación de exactamente la misma. Por último, van a quedar derogados otros 2 artículos que «asignan al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional las funciones de patronato y representación» de la fundación creada por Franco. Esto último, en la práctica, supone recortar la vinculación entre la Fundación de la Santa Cruz y Patrimonio Nacional, que es un organismo público dependiente del Ministerio de la Presidencia. Hoy día, el patronato de la fundación está bajo control por Patrimonio Nacional. Por su parte, el organismo público es el que trasfiere a la fundación una subvención anual, en la actualidad fijada en 340.000 euros. Este año, por vez primera, el Gobierno, mediante Patrimonio Nacional, paralizó la concesión de esta subvención al estimar que la fundación no había justificado adecuadamente el destino del dinero. El propósito del decreto que el Gobierno deberá escribir una vez que el Congreso apruebe la Ley de Memoria Histórica y Demócratica que termina de comenzar su tramitación va a ser asimismo aclarar todas y cada una de las cuestiones relativas a su financiación. Al lado de los cambios en su régimen jurídico, la iniciativa socialista asimismo contempla que la corporación que pase a dirigir el circuito dispondrá de una «dotación económica» de los presupuestos generales «para la exhumación y también identificación de los restos de las víctimas inhumadas». Del mismo modo, deberá «atender las reclamaciones de exhumación de los familiares de las víctimas cuyos restos mortales se hallen en el sitio y que hayan pedido su devolución».

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