El Gobierno ha aprobado un real decreto-ley con medidas para impulsar las inversiones en energías renovables, terminar con la especulación en los permisos de acceso y conexión. Además de esto está previsto festejar ya desde este año nuevas subastas de renovables y conservar la liquidez del sistema eléctrico, perjudicado por la crisis del COVID-19.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha presentado en conferencia de prensa este martes, tras la asamblea del Consejo de Ministros, esta regla, con la que el Ejecutivo persigue, aparte de cumplir con los objetivos de penetración de renovables que se ha marcado, que estas se transformen en una palanca de restauración tras la crisis del coronavirus.

«Alto componente especulativo»
Para facilitar la implantación de renovables, el real decreto-ley ha introducido medidas para poner punto y final a la especulación en torno a los permisos de acceso y conexión a la red, que desde hace años vienen siendo acaparados en una gran parte por personas o bien entidades que no tienen pretensión de desarrollar proyectos y que los guardan hasta el momento en que los pueden vender por altos costes a promotores o bien empresas que sí tienen un proyecto industrial.

Conforme datos del Ministerio para la Transición Ecológica, actualmente hay peticiones de estos 2 permisos, precisos a fin de que los promotores puedan arrancar las plantas por pero de 430.000 megavatios (MW), una cantidad que cuadriplica la potencia instalada actual en España y que multiplica por siete las necesidades de generación nueva que va a haber en la próxima década. De esos 430.000 MW, 295.000 MW son los que ha considerado adecuadamente presentados Red Eléctrica, operador del sistema eléctrico.

El Ministerio piensa que puede haber un alto componente especulativo en buena parte de las peticiones, puesto que solo en torno a un 60 % de los titulares de permisos de acceso pide entonces el de conexión.

Caducidad de los permisos
El real decreto-ley establece jalones administrativos con plazos temporales dependiendo del instante en que fue concedido el permiso y, si no se cubren, los permisos expiran de manera automática y se ejecutan los acredites que se demandaron al pedir la autorización.

En el caso de los permisos precedentes a la Ley del Ámbito Eléctrico de 2013, a los que se les dio un par de meses auxiliares por la declaración del estado de alarma, les expirarán si sus plantas no entran en funcionamiento ya antes del próximo 31 de agosto. Para el resto, los plazos concluyen a los 5 años de iniciarse el cómputo para el primer jalón administrativo que deban cumplir.

En caso de que no se vaya a ejecutar el proyecto y el titular o bien demandante de permiso desee conseguir la devolución de las garantías que depositó, va a poder hacerlo en el plazo de 3 meses desde la entrada en vigor del real decreto-ley.

La regla establece asimismo que no se van a poder solicitar nuevas peticiones de acceso hasta el momento en que el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprueben una nueva regulación, que van a deber sacar en el plazo de 3 meses desde la publicación del real decreto-ley.

Nuevo sistema de subastas
Con el real decreto-ley, asimismo regresarán las subastas de renovables, que en España
no se festejan desde 2017

, si bien va a haber un nuevo sistema, por el que se van a poder festejar subastas de diferentes tecnologías (en las últimas competían todas y cada una juntas) y ahora la variable sobre la que se pujará va a ser el costo de la energía.

El Ministerio espera sacar a consulta esta semana o bien la próxima el real decreto con el nuevo diseño de subastas a fin de que se puedan festejar en el segundo semestre del año, si bien aún no se ha definido qué potencia va a salir a puja, conforme fuentes del departamento. Además de esto, va a haber la posibilidad de que instalaciones de pequeña magnitud puedan adherirse a la remuneración conseguida en las subastas sin presentarse.

Por otro lado, para eludir que la caída del Producto Interior Bruto reduzca la inversión en redes, el real decreto-ley ajusta extraordinariamente los porcentajes del Producto Interior Bruto que se pueden dedicar a redes de transporte y distribución en el trienio 2020-2022. La supresión del límite máximo del 0,13% del Producto Interior Bruto anual para inversiones en redes eléctricas ha sido demandada por las grandes compañías para poder adelantar sus inversiones.

Liquidez del sistema eléctrico
El real decreto-ley asimismo tiene presente la influencia que va a tener en el déficit del sistema eléctrico la caída de la demanda y los costes por la crisis del Covid-19, que reducirá los ingresos, y habilita al Gobierno para utilizar el superávit de ejercicios precedentes para cubrir los ocasionales desajustes y desviaciones entre ingresos y costos que va a haber en 2019 y 2020, para lo que se desarrollará una orden ministerial.

En el real decreto-ley, asimismo se contempla comprobar la remuneración a la operación de la cogeneración a lo largo del estado de alarma y para calcularla en ese periodo, se considerarán los valores del costo del mercado eléctrico y del de los derechos de emisión de CO2 a lo largo del estado de alarma. Además de esto, se reducirán en un 50% los valores del número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento aplicables por año 2020.

Puntos de recarga, útil pública
El real decreto-ley asimismo declara útil pública los puntos de recarga de alta capacidad (con potencia superior a 250 kilovatios) a fin de que se puedan abrir estaciones en carreteras, autovías y autopistas y amplía hasta 2030 la vigencia del Fondo Nacional de Eficacia Energética, que concluía el próximo 31 de diciembre.

Asimismo establece para pequeñas comercializadoras y pequeñas y medianas empresas una moratoria a fin de que puedan retrasar el pago de sus obligaciones con el fondo pertinentes a 2020.

Además de esto, el texto de la regla incorpora asimismo a la regulación de España actividades como el almacenaje, la hibridación de renovables y el agregador indepediente de demanda, aparte de regular las comunidades de energía renovables y delimitar el objeto del Instituto de Transición Justa.

Fuente: ABC.es

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