El Gobierno ha aprobado el día de hoy la derogación por despido objetivo en bajas continuadas justificadas, tras una sentencia reciente del Constitucional que lo acreditaba con una indemnización de 20 días al año trabajado. Se trata del artículo 52d del Estatuto de los Trabajadores que, aunque desde el Ejecutivo del Partido Socialista Obrero Español y Podemos se ha atribuido a la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, este género de extinción laboral está presente en el Estatuto de los Trabajadores desde su primera versión de 1980. «Se trata del primer punto de derogación de la reforma laboral del Partido Popular», ha anunciado en verdad la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la conferencia de prensa siguiente al Consejo de Ministros.

Díaz, ha criticado que este despido era una «anomalía de España» en frente de los países de nuestro ambiente. Aunque Díaz ha lamentado la «inseguridad jurídica» del artículo 52d), la verdad es que el Constitucional acreditó esta fórmula de despido.

Como notificó ABC, su utilización es residual y, desde el instante en que se generó la sentencia del TC, en el mes de octubre del año pasado. La reforma laboral, por una parte, individualizó el absentismo preciso para justificar este despido en la compañía, mas asimismo amplió el plazo de bajas requeridas para apoyar el empleo de este punto.

Además, el Ejecutivo ha aprobado los anteproyectos de ley del impuesto a las transacciones financieras (la llamada tasa Tobin) y sobre los servicios digitales (la tasa Google). Para la primera prevé una colecta de 850 millones de euros al tiempo que para la segunda ha reducido su estimación de 1.200 a 968 millones, debido a, en palabras de la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la «desaceleración» y la consulta del impacto de impuestos afines en «otros países».

Peligro de aranceles
El otro cambio es que, en vez de que el cobro sea trimestral, el primer año va a ser diferente y la liquidación no se efectuará «por lo menos» hasta el 20 de diciembre. La razón de esta dilación es que de esta forma el Ejecutivo busca que se alcance un pacto internacional en el seno «del G-20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos» que de esta forma evite que España sea el primer país en aplicarlo, con las consecuentes consecuencias diplomáticas y arancelarias en frente de USA, que ha prometido aranceles del 25% sobre los vehículos de aquellos países que aprueben estos impuestos. Además, Montero ha explicado que de este modo se deja la adaptación de las compañías perjudicadas.

El tipo va a ser del tres%, siendo un impuesto indirecto sobre prestaciñón se servicios de publicidad on line, venta de datos generados desde información proporcionada por los usuarios y servicios de intermediación que dejen encontrar a otros usuarios. Afectará a empresas con una facturación global de hasta 750 millones o bien que tengan una cantidad de negocio de más de tres millones solo en España.

«Los ciudadanos en ocasiones reciben llamadas telefónicas provenientes de una base de datos de las que no son conscientes que participan, por el hecho de que estas empresas venden estas bases de datos», ha incidido Montero.

No se incluye a los derivados
La tasa a las transacciones financieras establecerá un tipo del 0,2% sobre la compra y venta de acciones de empresas españolas cuya cotización supere los mil millones de euros. En consecuencia, no afectará solamente a los bancos, sino más bien asimismo a todo género de mediadores financieros, brókeres y demás. Su liquidación estaba prevista que fuera mensual, aparte de que gravaría el saldo neto al final de la jornada de las operaciones intradía, sin importar lo más mínimo la vivienda de los mediadores financieros.

Montero ha atribuido este impuesto a razones «de justicia social» puesto que, en sus palabras, «afecta al ámbito financiero que a lo largo de la crisis recibió un esencial apoyo del Estado». Y ha detallado que el impuesto excluirá a los derivados, puesto que en los tributos aprobados en los países de nuestro ambiente, si bien ha abundado en que si la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos acuerda incluirlos, el Ejecutivo está «abierto a ello».

Fuente: ABC.es

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