El Gobierno aprueba el superfondo de Escrivá sin contar con el diálogo social


El Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de impulso a los planes de pensiones de empleo, el llamado superfondo, según han confirmado fuentes del ministerio de Seguridad Social. La norma del que será el
primer gran fondo de pensiones de empleo público de España verá así la luz sin contar con el consenso del diálogo social, lo que ha generado un gran malestar entre los agentes sociales, que consideran esta maniobra del ministro José Luis Escrivá como un ataque directo al diálogo social.

La aprobación del anteproyecto se produce en primera lectura, por lo que se será sometido a consulta pública y posteriormente a volverá al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca ampliar el número de españoles que tienen un plan de pensiones que complemente su pensión, ofreciendo menores comisiones que los planes privados, que serán castigados fiscalmente durante dos años seguidos. Este hecho ha generado también un gran revuelo en el sector financiero.

Sin embargo, el malestar es máximo, especialmente en las filas empresariales, que remarcan que esta medida no tenía que estar lista hasta junio de 2022, según se comprometió el Gobierno con Bruselas en el Plan de Recuperación. También en el entorno sindical se asegura no conocer el detalle del proyecto ni haberlo negociado.

Según ha dicho Escrivá, con el fomento de los planes colectivos se espera facilitar un plan de ahorro a asalariados, autónomos y empleados públicos, que hasta el momento no han tenido acceso a un producto de ahorro. El ministro considera que España vive una «situación anómala desde hace dos décadas» en cuanto a planes colectivos, que se encuentran estancados, frente al crecimiento de los planes individuales.

El anteproyecto contempla la creación de un fondo de empleo de impulso público, reforzamiento de la negociación colectiva y mejora de la fiscalidad de los planes de empleo. Escrivá ha asegurado que esta ley favorecerá la competencia, ya que gestoras privadas, mediante el procedimiento de concurso, gestionarán el fondo, con comisiones bajas.

No obstante, según el último borrador, será una comisión de control especial la que velará por el buen funcionamiento de estos vehículos. Estará compuesta por diecisiete miembros, de los que «cuatro serán propuestos por las organizaciones sindicales más representativas, cuatro por las organizaciones empresariales más importantes y nueve serán designados por el Ministerio de Seguridad Social.

El documento no establece la retribución que recibirán estos miembros, aunque sí fija que podrá tener un componente variable. «La retribución de los miembros se determinará reglamentariamente y podrá tener un componente variable en función de la valoración externa de calidad del servicio y de los resultados de rentabilidad a largo plazo y del riesgo asumido», establece el texto.


Fuente: ABC.es .

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *