El fiscal que investigó a Stampa denuncia que la Fiscalía General quiso «retorcer» el caso


Carlos Ruiz de Alegría lleva cuarenta años en la carrera fiscal, catorce como número dos de la Fiscalía Provincial de Madrid. Adscrito a la Unión Progresista de Fiscales, la misma asociación de la fiscal general, Dolores Delgado, tiene un perfil discreto y no se ha prodigado en prensa hasta que se ha topado con algo que dice no haber visto «nunca antes». Asumió, derivada de la Fiscalía General del Estado, una denuncia de Vox por revelación de secretos contra el fiscal del caso Villarejo Ignacio Stampa y cuando, tras practicar diligencias, quiso archivarlas al entender que estaba «totalmente esclarecido» –con Stampa indemne–, el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, a la sazón mano derecha de Delgado,

 le dijo que no, pese a no tener ninguna ascendencia sobre él. Sugirió por escrito que se practicasen más diligencias, algo insólito y lejos de las funciones de quien está llamado a asesorar a la fiscal general o a aclarar instrucciones o circulares a la carrera. Y es que sobre el caso Stampa sobrevuelan varios elementos que ponen a Dolores Delgado contra las cuerdas
: en el epicentro, el propio caso Villarejo que llevaba Stampa, donde el bufete de su pareja, Baltasar Garzón, defiende a tres imputados.

En conversación con ABC, Ruiz de Alegría mira atrás con indignación. El responsable de la Secretaría Técnica, Álvaro García, defendió el miércoles ante el Consejo Fiscal que aquellas «sugerencias» –que remitió por escrito las dos veces que Madrid decidió archivar el asunto y que alargaron la investigación hasta febrero de 2021 para acabar llegando a la misma conclusión–, se hicieron porque había «defectos» e «irregularidades» en la investigación. Y él, que era quien estaba al frente, lo que percibió entonces, y sigue percibiendo ahora, fue que se quería «retorcer la instrucción en una determinada dirección» con «la intención última de dilatarla» de una forma «sibilina y torticera». Por el camino, un concurso de plazas fijas en Anticorrupción en el que Stampa se quedó fuera.

Para Ruiz de Alegría «no es de recibo la forma de proceder de la Secretaría Técnica» porque la suya es «una función asesora» de la fiscal general«pero nunca puede involucrarse como lo hizo en unas diligencias de investigación donde el soberano absoluto es el fiscal que las lleva». Tacha las comunicaciones, que fueron luego eliminadas del expediente porque la Técnica entendía que eran reservadas, de improcedentes. Incide en todo caso en que Stampa, al que no llamó a declarar porque no lo vio oportuno, tenía todo el derecho a conocer como investigado lo que se estaba actuando y a saber lo que la mano derecha de Delgado estaba «sugiriendo» hacer con su caso.

El fiscal hace memoria para encontrar alguna ocasión en su trayectoria que tuviese parangón, pero no la halla. Sí le llamó el fiscal general del Estado para preguntarle qué había cuando en los noventa, llevaba la causa contra el exgobernador del Banco de España, Mariano Rubio. Y es lo normal, dice, que se comuniquen arriba detalles de causas que como aquella o esta, tienen relevancia y/o proyección mediática. Lo que no ve desde ningún punto razonable es que no sea la propia Delgado o su número dos, el teniente fiscal, quien pregunte o responda al que investiga, sino el jefe de un órgano asesor que no tiene por qué involucrarse en las pesquisas. Aquí, realza Ruiz de Alegría, no es sólo que hiciese «sugerencias», es que reclamó todas las actuaciones a la Fiscalía de Madrid, se las leyó y luego pidió que siguieran investigando.

Esa fue la segunda vez. Ruiz de Alegría propuso archivar las diligencias y su jefe, Jesús Caballero Klink, dio el visto bueno y remitió el decreto de archivo a la Secretaría Técnica, con la que desde el momento en que les remitieron la denuncia de Vox, mantuvo la interlocución sobre este asunto. Era 23 de octubre y el 27, el Consejo Fiscal decidía las plazas fijas en Anticorrupción a las que concursaba Stampa. «Yo no tenía nada ni en contra ni a favor de Stampa pero sospechaba que había algo extraño. No quería que estuviera hipotecado y se dijese que tenía unas diligencias abiertas cuando no era así», comenta. Por eso, cuando la Técnica respondió pidiendo todo el expediente y ya en diciembre, con el consejo vencido y el fiscal sin plaza, pidió recabar más pruebas, se plantó. Le dijo a Caballero que o le daba una orden por escrito, a lo que él respondería denunciando que era una orden ilegal, o se quedaba las diligencias. Y eso fue lo que pasó. El entonces fiscal jefe de Madrid –que estaba pendiente de renovar en su cargo y que finalmente, lo perdió– asumió las pesquisas. No practicó ni una sola diligencia pues intentó recabar los chats de Podemos que eran el origen de la denuncia y cayó en la cuenta de que vulneraría el secreto profesional, pues eran conversaciones entre abogados. En febrero, finalmente, lo archivó.

«Hay que poner coto»

Stampa ha impulsado una reclamación patrimonial porque entiende que se alargaron las diligencias para dejarle sin plaza y que, además, Delgado no debió participar en el proceso porque el despacho de abogados de Garzón es parte en el caso Villarejo. Para los fiscales de distintas instancias consultados por ABC, que perdiera la plaza por tener las diligencias abiertas no es sólo difícil de probar, sino que es lo de menos. Progresistas y conservadores, de base y de Sala, coinciden en que el problema no está en el nombramiento –quizá había candidatos con más méritos– sino en lo que se hizo desde la Técnica: es «raro», «huele mal», «suena a cacería» y lamina la imagen de todo el Ministerio Fiscal. «Los fiscales no somos los trabajadores del metal, no vamos a las barricadas. Pero a esto hay que ponerle coto», reflexiona Ruiz de Alegría, que defiende, por encima de todo, la fiabilidad de su trabajo al investigar a Stampa. Ni García ni el Consejo Fiscal le han dado oportunidad de explicarlo.


Fuente: ABC.es .

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *