Hoy hace un mes que sonaban los bombos de la lotería de Navidad. Eclipsado entre premio y premio, veía la luz el decreto ley 37/2020, cuyas partes más lesivas transforman a España en una anomalía en la Unión Europea, al proteger la ocupación ilegal de residencias. Esta semana, incluido en un decreto de protección a usuarios frágiles, se ha ampliado la protección a los okupas, impidiendo que se paralice el desahucio todavía en el caso de delito, a menos que medie violencia o bien intimidación. Desde Asval, asociación que representa a prácticamente dos.000 dueños -el 85% pequeños arrendadores-, somos muy siendo conscientes de que el Covid ha ocasionado un daño económico a las familias. Los dueños lo saben bien, y han arrimado el hombro para buscar soluciones a favor de los inquilinos, como la reducción del importe de las rentas.

No obstante, este esmero no puede valer para que el Estado ponga sobre sus hombros el peso de la omisión de sus deberes, como la carencia de políticas ambiciosas en materia de residencia social. Mucho menos, para servir de llave a la ocupación, que causa un perjuicio grave a vecinos, distritos, arcas públicas y a las fuerzas de orden público.

En España, más de un par de millones de familias y empresas cuentan con residencias en alquiler. El 80% del patrimonio de los españoles está en el ladrillo y es la primordial vía de ahorro. En un contexto de géneros de interés negativos, y con políticas incentivadoras cara la adquisición, la residencia ha sido para ahorrativos y también inversores la única forma de no perder poder adquisitivo. Y a veces, arrendar, su única fuente de rentas.

No contaré cada una de las partes lesivas del decreto, que provocará una avalancha de reclamaciones patrimoniales contra el Estado. Tampoco la controvertible distinción entre tenedores con menos o bien más de 10 residencias. Solo afirmaré que, si se pone en cuestión el derecho a la propiedad privada, nos disponemos a cruzar una peligrosa línea cuyas consecuencias históricas ya se han visto en forma de pobreza y opresión.

Un partido del Gobierno de alianza desea ir ahora un paso más allí y también introducir en la nueva Ley de Residencia el control de costes del alquiler, que se ha usado sin éxito en urbes como Lisboa o bien Berlín. En el caso de esta última, el efecto ha sido la reducción de la oferta en un 25%. Además de esto, brotará una mayor economía sumergida. Esta acción asimismo se ha señalado como inútil por el BdE o bien el Fondo Monetario Internacional. En 2020, la villa de Madrid y Barna presentaron caídas históricas en los costes del alquiler. Esto debería bastar para persuadir de que esta medida carece de fundamento y llega a deshora. En Cataluña ya se aprecian los efectos negativos: se ha parado proyectos para edificar 1.500 residencias en alquiler, conforme la APCE.

Mas alén de lo coyuntural, el control de costes provocará inconvenientes estructurales. Van a ser menos los dueños prestos a arrendar y se promocionará menos residencia privada en alquiler, ocasionando un efecto boomerang, y expulsando exactamente a las familias más frágiles, a las que se pretende favorecer. Desde Asval, planteamos una Ley de Residencia que aborde las auténticas soluciones con un discute descansado. Una ley que tenga presente la cooperación público-privada para desarrollar el mercado de la residencia en alquiler en España. Ahora, con el Programa Next Generation USA, nos hallamos frente a una ocasión única de aprovechar estos fondos para acrecentar el stock libre. Precisamos más residencia en alquiler, no menos. Y con el intervencionismo regulativo que se está imponiendo lanzamos un mensaje negativo a Europa, poniendo en riesgo estos fondos de ayuda.

Precisamos un auténtico parque de residencia en alquiler accesible, que es la vía por la que ha apostado Europa. Para esto, se requiere una genuina política social de residencia, y, puesto que su implementación va a llevar años, precisamos respaldar ya a los inquilinos en situación frágil. De ahí que planteamos un bulto de ayudas directas de 700 millones para los colectivos frágiles. De esta forma, resguardamos a los inquilinos, mas asimismo a los dueños, y eludimos los impagos y la ocupación.

La solución prosigue pasando por no dejar a absolutamente nadie atrás. En ello nos hallará siempre y en todo momento el Gobierno, prestos a asistir.

Fuente: ABC.es

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