La Segregaría de Estado de España Global, que dirige Irene Joven, ha comenzado a emplear en sus contactos con representantes y cronistas extranjeros un detallado dosier, de unas 70 páginas, con razonamientos que refutan el relato de los independentistas catalanes sobre el proceso secesionista. El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, incluye un listado de 45 mensajes frecuentes del independentismo calificados de «fakes» y enfrentados a sus pertinentes «facts» («hechos»), al lado de información detallada sobre los hechos de 2017 y sobre el juicio en el Tribunal Supremo y el sistema judicial de España, multitud de datos y una sección de preguntas y contestaciones. Uno de sus 11 episodios es «El coste que Cataluña paga por el ‘procés'», con múltiples apartados titulados: «Una economía atemorizada», «Una sociedad enfrentada», «Acoso a los políticos» y «Malos tiempos para la libertad de prensa». «No fue un referendo democrático», afirma ya antes de argüir la carencia de garantías del 1-O; «la ley es igual para todos», agrega para explicar que un cargo elegido pueda ir a cárcel. Se trata refutar que los independentistas sean «presos políticos», que se les acuse por «poner urnas» o bien que en España no haya «auténtica democracia». «No es delito proponer la independencia de una comunidad o bien zona sin Estado en España», afirma el texto. «Mas sí es delito desobedecer al Tribunal Constitucional, aprobar leyes para derogar la Constitución y el Estatuto de autonomía, festejar un referendo ilegal y después proclamar la independencia unilateralmente», apunta. Es más, agrega que «tan siendo conscientes de esto eran ciertos líderes secesionistas que escaparon de España». De paso, pone como prueba de lo garantista que es el sistema de España que no es posible el juicio en ausencia –que sí existe en otros países–. Entre los efectos del ‘procés’, sostiene que el ‘procés’ ha provocado «menos desarrollo económico, más pobreza y más exilio laboral de jóvenes»; cifra en cinco,350 las compañías y bancos «que han descuidado Cataluña desde octubre de 2017, asevera que «los cronistas se han transformado en objetivo de los independentistas radicales» y afirma que «políticos no independentistas padecen diariamente agresiones» y cita a Albert Rivera, Inés Arrimadas y Xavier García Albiol. Fuentes de España Global consultadas por Europa Press han confirmado que usan este documento, en español y en inglés, si bien han señalado que es uno de los materiales que se enmarcan en su tarea de información para hacer en frente de las amenazas a la reputación de España. El documento se realizó antes que concluyese el juicio en el Tribunal Supremo –de esta forma se desprende de su redacción– y se usó ya, por poner un ejemplo, en el viaje que Joven efectuó a Berlín el mes pasado de mayo. Sin embargo, no es el primer material que emplea esta Segregaría de Estado. LOS DÍAS seis Y siete DE SEPTIEMBRE NO FUERON «SIMBÓLICOS» Mientras que el relato independentista pone el foco en el 1-O bien y en los enfrentamientos con la Policía, que ocasionaron gran impacto fuera de España, el documento hace una larga cronología –desde la Diada de 2012– y hace hincapié en el seis y el siete de septiembre de 2017, cuando el Parlament aprobó no un «acto simbólico» sino más bien 2 leyes que derogaban en Cataluña la Constitución y el Estatuto y que se publicaron en el Diario Oficial. Sin embargo, no elude el 1-O bien, sino explica que «los excesos policiales son contrarios a la ley» y que los esclarecerán los tribunales, donde hay 33 agentes encausados «por un supuesto empleo excesivo de la fuerza». En cualquier caso, apunta que no hubo más de mil heridos, sino más bien 3 ingresados en hospitales; que se propagaron «grandes cantidades de fotografías falsas» y que no toda la resistencia fue pacífica. En lo que se refiere al derecho de autodeterminación, mienta que los propios especialistas del Consejo Consultor para la Transición Nacional creado en 2013 por la Generalitat han reconocido que la Organización de la Naciones Unidas solo lo contempla para las situaciones coloniales. De esta manera, explica que ninguna Constitución occidental reconoce ese derecho y que R. Unido autorizó el de Escocia usando la «flexibilidad de una constitución no escrita». Recuerda, en verdad, que en 2016 el Tribunal Constitucional alemán declaró inconstitucional la solicitud de un referendum en Baviera, y lo mismo el italiano en 2015 para el Véneto. Apunta, aun, que la Constitución de España «prevé mecanismos para su reforma íntegra», al paso que el Tribunal Constitucional italiano dejó claro que un referendo de independencia no sería posible ni con una reforma. CINCO RAZONES PARA NO ORGANIZAR UN REFERÉNDUM El documento da 5 razones por las que el Gobierno no organiza un referendo, incluso sin reconocer el derecho de autodeterminación como hizo David Cameron en R. Unido, comenzando pues «la independencia de Cataluña tendría consecuencias negativas para todos y cada uno de los ciudadanoe españoles», pues «desea eludir el perjuicio económico que supondría la ineludible salida de Cataluña de la Unión Europea». Asimismo, arguye, pues un referendo «dejaría a Cataluña divida en 2 a lo largo de un buen tiempo», pues el Goierno piensa que «la secesión de Cataluña es un paso en la dirección contraria al espíritu de la integración europea» y, finalmente, pues «del mismo modo que en la enorme mayoría de países del planeta, el Gobierno no tiene potestada para organizarlo sin una reforma constitucional. El documento desciende al detalle de ciertos aspectos y explica que la cárcel precautoria deciden los jueces valorando que existe peligro de fuga y de reiteración delictiva. HICIERON CREER EN UNA INDEPENDENCIA «INDOLORA» Es más, mantiene que si una parte de la población catalana la considera «desmesurada» es pues «uno de los aspectos» en los que ha sufrido desinformación «ha consistido en hacerle opinar que la independencia unilateral era posible y también indolora», cuando «la realidad jamás fue esa y el Tribunal Constitucional advirtió de la gravedad de los actos el día de hoy procesados desde 2016». En lo que se refiere a la resolución de los jueces alemanes –que iban a dar a Carles Puigdemont para ser juzgado solo por malversación–, apunta que estos no conocían «todos y cada uno de los datos del proceso de España» y considera su interpretación «prematura y extraña al sentido de la euroorden». Además de esto, esa resolución no vincula a los tribunales españoles ni significa «que esos comportamientos presuntamente delictivos no hayan existido con arreglo al Código Penal de España». VOX COMO ACUSACIÓN POPULAR Asimismo explica la presencia de Vox como acusación popular, resaltando que la figura, si bien es objeto de un «discute esencial», pretende que los ciudadanos contribuyan a la administración de Justicia. Agrega que, del mismo modo que Vox –a quien en un instante se refiere como «partido conservador»– podía haberse presentado otro partido. Por otra parte, comprueba las «discrepancias» entre Fiscalía y Abogacía del Estado, en tanto que la primera ha acusado a los políticos de rebelión y la segunda de sublevación. Aparte de explicar la diferencia entre los dos tipos penales –que exista «levantamiento público y violento»– apunta que la discrepancia «forzará al Tribunal a un discute más profundo ya antes de dictar sentencia» y que es «una garantía más de la independencia de criterio y actuación» de las partes.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *