Ante la inefectividad del Ministerio de Sanidad, que como ya notificó el último día de la semana este diario se ha despreocupado de la administración encomendada a las autonomías de los inmigrantes en tanto posibles portadores de Covid-19, el Defensor del Pueblo ha decidido actuar y dirigirse mismo a las Comunidades para informarse de qué medidas están adoptando para abordar estos casos y qué lugares están designando para el cumplimiento de las obligatorias cuarentenas.

Específicamente, la corporación que dirige en funciones Francisco Fernández Marugán, se ha declarado en un comunicado preocupada «por la situación planteada con la llegada de pateras tras el cese del estado de alarma», que ha generado múltiples capítulos de inquietud social a raíz, sobre todo, de la fuga de inmigrantes que se han venido registrando en centros de Murcia, Granada o bien Cádiz donde habían sido recluídos. El Defensor ha pedido datos a las consejerías de Sanidad de Andalucía, de Canarias, de la Comunidad Valenciana, de las Islas Baleares y de la Zona de Murcia, que asimismo ha pedido al Ministerio de Inclusión y Migraciones que dirige Javier Escrivá.

El escrito especifica que el Defensor del Pueblo desea saber qué se hace «para asegurar el conveniente seguimiento y control de ocasionales contagios» en el contexto de la inmigración irregular, como que se le detallen las instalaciones que se están usando para alojar a estas personas cuando «no se realice la derivación urgente a centro hospitalario», esto es, positivos asintomáticos y contactos estrechos.

Se da la coyuntura de que el documento de Fernández Marugán habla en este sentido de «alojamientos designados en coordinación con la Administración General del Estado», cuando la demanda de zonas como Andalucía, Canarias y sobre todo Murcia es que son mismas las que tienen que dotar a solas naves, pabellones o bien equipamientos escolares para las cuarentenas sin ayuda alguna del Ejecutivo, y en ciertos casos aun arrendando hoteles. Todo a cargo de las arcas regionales y sumando el costo de la seguridad privada interior. En Murcia y en Canarias se ha pedido poder aprovechar recursos vacíos del Ministerio de Defensa y les ha sido rechazado.

No deja de ser atractivo asimismo que el Defensor indique que, al lado de la «respuesta humanitaria» que ya antes y ahora se da a los inmigrantes a su llegada a España, sea asimismo preciso adoptar ahora «medidas complementarias en el campo sanitario, que -zanja Marugán- son competencia autonómica», cuando las propias autonomías perjudicadas cuestionan que deban hacerse cargo de esta responsabilidad y se han sublevado tratando de devolvérsela al Gobierno de Pedro Sánchez. Es, recuerdan, Inmigración, lo que la Constitución contempla como cosa exclusiva del Estado.

En su comunicado, el Defensor del Pueblo refiere haber recibido «quejas reiteradas» provenientes de Andalucía que aseguran estar viendo en la calle a personas llegadas en patera 72 horas ya antes «y que son puestas en libertad al no haber hecho las autoridades andaluzas las pruebas PCR precisas para ingresar en el sistema de acogida». El día de ayer, asimismo en Andalucía, el portavoz socialista en el Municipio de Víznar (Granada) solicitaba a la Junta que dirige Juan Manuel Moreno un «esfuerzo» para asegurar la protección de 35 inmigrantes que cumplen cuarentena en un albergue juvenil y asimismo de los vecinos y profesionales que están al cargo de la instalación.

Al lado, con relación a el brote de Covid detectado en Albacete que forzó a confinar a 400 temporeros, la Fiscalía ha tomado declaración regidor, la encargada de Sanidad del Gobierno regional y el subdelegado del Gobierno a fin de que explicasen sus competencias y administración del confinamiento, que en un inicio se hizo hacinando a todo el conjunto en un pabellón contra las indicaciones del juez.

Fuente: ABC.es

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