El Defensor del Pueblo ha instado al municipio de Tarragona y a los municipios de Vilafranca del Penedés, de El Masnou y de Pineda de Mar (los 3 de la provincia de Barna), a emplear el castellano en las indicaciones y señales de tráfico, en tanto que de esta manera lo establece la ley.

«La problemática derivada de la señalización de tráfico solo en lengua catalana ha tenido como consecuencia la remisión de diferentes recordatorios de deberes legales a múltiples administraciones locales catalanas», apunta la Corporación.

En su Informe Anual pertinente a 2019, el Defensor del Pueblo recuerda a estos 4 municipios la necesidad de cumplir la Ley sobre Tráfico, Circulación de Automóviles a Motor y Seguridad Vial, que establece que «las indicaciones escritas de las señales se expresarán, por lo menos, en la lengua castellana oficial del Estado». «Si los municipios pretenden que los ciudadanos cumplan la normativa de tráfico, la señalización en los ayuntamientos debe ajustarse escrupulosamente a la legalidad», insiste la Corporación.

Sin embargo, no en todos y cada uno de los casos detectados se ha propuesto la revisión de oficio de un expediente sancionador: en los presuntos en los que, pese a estar en catalán, la información era de manera perfecta entendible por cualquiera que solo hablara castellano, no se consideró recomendable sugerir la revisión del expediente y solo se mandó el recordatorio de deberes legales al consistorio.

No obstante, «más inverosímil» resultó el contenido de una resolución de la Diputación de Barna en la que se recomendaba a un ciudadano vasco residente en Algorta (Vizcaya) que si tenía dudas sobre la interpretación de la señalización en el ayuntamiento de El Masnou, debía haber llamado a un agente de policía a fin de que le tradujese la historia legendaria de la señal. El Defensor del Pueblo sugirió la revisión de oficio del expediente sancionador, y dicha sugerencia fue admitida por la citada diputación.

Demandas solo en catalán
En otros casos, los denunciados se quejaron de que las notificaciones recibidas en el marco de un procedimiento sancionador estaban solamente en catalán y no las comprendían. Conforme recuerda la Corporación, en lo referente a la regulación del empleo de la lengua catalana, el artículo tres de la Constitución, tras establecer que el castellano es la lengua castellana oficial del Estado, dispone que el resto lenguas españolas van a ser asimismo oficiales en las respectivas comunidades autónomas, conforme con sus estatutos.

En la Ley de Política Lingüística de 1998 de la Generalitat de Cataluña, se establece que el catalán y el castellano, como lenguas oficiales, pueden ser usadas indiferentemente por los ciudadanos en todas y cada una de las actividades públicas y privadas sin discriminación, existiendo un compromiso singular de las instituciones de Cataluña para promocionar el conocimiento del catalán y promover su empleo entre los ciudadanos, independientemente de su carácter oficial.

Esta regla establece que los actos jurídicos efectuados en una cualquiera de las 2 lenguas oficiales tienen, con lo que se refiere a la lengua, plena valía y eficiencia, y que las administraciones locales y el resto corporaciones públicas de Cataluña, las instituciones y empresas que dependen de exactamente las mismas y los concesionarios de sus servicios deben emplear el catalán en sus actuaciones internas y en la relación entre ellos.

Asimismo deben usarlo en general en las comunicaciones y notificaciones dirigidas a personas físicas o bien jurídicas residentes en el campo lingüístico catalán. No obstante, los ciudadanos están en su derecho a percibir estas comunicaciones y notificaciones en español, si de esta manera lo piden.

De este modo, en los presuntos planteados, el Defensor examinó la documentación aportada para revisar si el ciudadano había pedido anteriormente que la notificación estuviera en español cuando la recibió por vez primera. De ser de esta manera, se hubiesen empezado actuaciones con las administraciones perjudicadas, mas al no haberlo pedido de manera expresa, la protesta no se aceptó a trámite y se procedió a su fichero.

Fuente: ABC.es

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