La epidemia del coronavirus no ha eludido que, como de año en año, se prepare un acto de recuerdo y memoria a las víctimas de los horribles atentados de Barna y Cambrils, de los que el próximo 17 de agosto se cumplirá su tercer aniversario. No obstante, el acontecimiento, organizado por el Municipio de Barna en La Rambla y que cuenta con la cooperación de la Unidad de Atención y Valoración de Perjudicados por Terrorismo (Uavat), está a la espera de si las condiciones sanitarias y la evolución de los rebrotes dejan su celebración.

La previsión, conforme ha conocido ABC, es festejar un acto sobrio y corto afín al que se efectuó hace un año en el memorial por las víctimas del atentado, situado cerca del mural de Joan Miró en el que esa nefasta tarde de 2017 terminó parando la furgoneta tras atropellar a una multitud de transeúntes. A la cita, un minuto de silencio y una ofrenda floral con las máximas medidas de prevención y seguridad, asistirán autoridades y ciertos familiares de las víctimas y otros perjudicados. Por el momento, unas 25 personas al que el 17-A les marcó la vida han confirmado su asistencia.

La convocatoria del actual año es doblemente singular. Para comenzar, por el extraño contexto derivado de la pandemia del coronavirus que afecta a la actividad normal en la vía pública. Si el acto se celebrara el día de hoy mismo, las limitaciones del Procicat prohibirían una asamblea de más de 10 personas.

Además de esto, la Audiencia Nacional acordó la apertura del juicio oral contra los 3 supuestos miembros de la célula islamista que cometió los atentados de Barna y Cambrils. Los 3 procesados (Mohamed Houli Chemal, Driss Oukabir y Said Ben Iazza) lo están por los delitos de integración en organización terrorista, fabricación, posesión y depósito de explosivos y el delito de estragos en grado de tentativa, sin perjuicio. No obstante, quedó rechazada su imputación por las víctimas de los atentados de Barna y Cambrils, como demandaban las acusaciones particulares y populares.

252 casos rechazados
A la impotencia que les supone que no puedan ser juzgados por las muertes y los heridos directos, a parte de los perjudicados por el 17-A les persigue, además de esto, la desesperación por no ser tratados como víctimas de atentados, si bien muchos de ellos vivieron el terror desde primera fila. Conforme datos facilitados por el Ministerio del Interior a ABC, a data de 30 de junio de 2020 se han reconocido 116 personas como víctimas (20 en el último año), de las que hay los 16 finados (15 en Barna y uno en Cambrils). Además de esto, hay 2 personas con incapacidad permanente absoluta declaradas, otras 3 con incapacidad permanente total y una con incapacidad temporal. El resto, 94 personas, son distinguidas por lesiones. Otras 29 personas han recibido ayudas como perjudicados, sobre todo por daños sicológicos.

Desde el momento en que fueron perpetrados los atentados, la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo ha iniciado un total de 593 expedientes (15 de ellos presentados a lo largo del primer semestre de 2020), de los que solo han estimado 276. Hasta el momento se han rechazado 252 y 65 están aún en trámites, conforme destacan fuentes de Interior, que remarcan que en conjunto se han abonado seis.159.128,74 euros en término de indemnizaciones por daños personales y ayudas.

A la espera de que se resuelvan los casos pendientes, la Uavat prosigue lamentando las formas por como se ha tratado a las víctimas. Robert Manrique, consultor de la unidad, lleva años denunciando que no se notificó apropiadamente de los derechos que tenían, ni sobre los trámites a efectuar ni los plazos para pedirlo. Tampoco tuvo sentido, a su juicio, la oficina de atención abierta por Interior tras el 17-A. Funcionó a lo largo de una semana, «justo cuando los familiares sepultaban a sus fallecidos, los heridos graves trataban de subsistir en las UCI… Por no charlar de tantos turistas que ni sabían qué debían hacer», incide.

Encontrar víctimas
La unidad, que ha intentado encontrar a posibles víctimas desde una relación que aparece en el auto de procesamiento de los atentados, lleva un par de años y medio combatiendo pues sean reconocidas personas que sufrieron serias secuelas sicológicas tras presenciar los atentados in situ, a pocos metros de la furgoneta o bien aun debiendo sortearla.

Son casos de personas que, cuenta Manrique, trabajaban en tiendas y comercios o bien, por poner un ejemplo, turistas que, tras el atentado, fueron atendidos médicamente por su cuenta fuera de la zona cero y que con el agobio por los daños, y sin conocer la gravedad de lo que había ocurrido, no mentaron que estaban en La Rambla.

Aparte de solucionar estos casos, la Uavat está presentada en el proceso por los atentados junto la asociación 11-M en representación de más de 70 víctimas. Otras 20 víctimas quedaron inadmitidas. Además de esto, prosiguen asistiendo a 230 perjudicados, entre familiares de víctimas mortales, heridos físicos y testigos con afectación sicológica, para procurar que sean reconocidos.

Fuente: ABC.es

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