El Tribunal Constitucional ha declarado nulo el despido de un enfermero de un centro de día para personas dependientes que se quejó frente al Municipio de deficiencias en su empresa, que administraba la vivienda, al querer que hubo una «injustificada limitación» de su derecho a la libertad de expresión.

En una sentencia publicada este lunes en el Folleto Oficial del Estado (BOE), el Constitucional apunta que, al demandar que las críticas no trascendiesen alén de la compañía, se generó un «claro vaciamiento del contenido» de ese derecho esencial, haciendo que cediese frente a un «deber de lealtad» a la compañía que no se ajusta al sistema constitucional de relaciones laborales.

El derecho a la libertad de expresión da a la personas el poder de expresar ideas y creencias «libremente», toda vez que se haga de forma respetuosa con los límites constitucionales, recuerda el Constitucional al dar amparo al enfermero y cancelar una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Conforme con la resolución del tribunal de garantías, dictada en el mes de noviembre, el trabajador elaboró sus protestas primeramente a su empleadora -Clece- y, cuando fueron desatendidas, se dirigió al Municipio de Baracaldo, que había adjudicado a la citada empresa la administración del centro de día La Paz.

El TSJ declaró el despido «improcedente» por el hecho de que faltó un expediente disciplinario anterior y concreción en la carta de despido y no se acreditaron los hechos objetivos que llevaron a anular el contrato, mas rechazó que fuera «nulo» al querer que no se había vulnerado el derecho a la libertad de expresión, extremo que ahora corrige el Constitucional.

Conforme el TSJ, al proponer sus reivindicaciones por el «cauce inadecuado» y asistir al Municipio con demandas que no han quedado acreditadas se ocasionó a la compañía un «perjuicio injusto» que no puede justificarse en el ejercicio a la libertad de expresión, mas el Constitucional ve esos razonamientos «inadmisibles».

En opinión de este tribunal, «el que las reivindicaciones laborales elaboradas pudiesen tener mayor o bien menor fundamento» no es obstáculo para determinar que se vulneró un derecho esencial del trabajador.

«La celebración de un contrato de trabajo no implica, de ninguna forma, la privación para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano, como que la libertad de empresa (art. 38 CE) no legitima que los trabajadores tengan que aguantar restricciones infundadas de sus derechos esenciales y libertades públicas», explica.

Se recuerda en la sentencia que las protestas se limitaban a los inconvenientes que tenía el enfermero para desempeñar sus funciones, derivados, primordialmente, de la falta de material sanitario y de otra clase, y que no hay perseverancia de que utilizase «expresiones insultantes o bien ofensivas» que pudiesen dudar la moral o bien prestigio profesional del empleador.

Prueba de ello es que, siendo sancionado, en ningún instante se le recriminó el tono duro, violento o bien inadecuado de sus expresiones, sino más bien solo la deslealtad a la compañía que le había contratado, agrega.

Fuente: ABC.es

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