La condición que ostenta, si bien por poco tiempo, de juez de paz de un ayuntamiento de Jaén no resultó ningún obstáculo a fin de que intentara por todos y cada uno de los medios separar a su hija de apenas 15 años de su padre, del que se había separado un poco antes, si bien para esto denunciara que la pequeña podía haber sido objeto de abusos sexuales por su ex- marido con pleno conocimiento de semejante hecho era falso. Ello ha derivado en que un juzgado de lo Penal de Jaén le haya condenado a 6 meses de prisión y una multa de algo más de 2 mil euros. Consecuencia de esta condena, el Consejo General del Poder Judicial ha empezado los trámites para suspenderla temporalmente, por lo menos hasta el momento en que la Audiencia Provincial resuelva el recurso interpuesto. Esta resolución fue acordada por la Comisión Permanente del día pasado 12 y ha dado traslado a la Fiscalía y a la propia interesada a fin de que se pronuncien a dicho efecto. No obstante, en estos casos no hay dudas ni margen para la interpretación, y una condena acarrea una suspensión. En verdad, esa medida, conforme fuentes jurídicas, se debería haber adoptado cuando se acordó por el juzgado de Instrucción la apertura de juicio oral. Si la Audiencia de Jáen confirmase la condena va a perder su condición de juez de paz. La sentencia considera acreditado que la acusada, “a sabiendas de su falsedad y actuando con un manifiesto ánimo de faltar a la verdad”, llevó a su hija en el mes de noviembre de 2017, que entonces tenía 15 meses, al servicio de emergencias de un centro sanitario de un ayuntamiento diferente de donde residían, «afirmando que su hija podía haber sido objeto de abusos sexuales a lo largo de la estancia con su padre», el fin de semana precedente. La pediatra que reconoció a la pequeña no observó nada extraño, «pese a lo que y frente a la petición expresa de la acusada, se puso en marcha el protocolo judicial previsto para estos casos». De este modo, se contactó con el juzgado de guarda, quien dio aviso al médico forense. El facultativo no llegó a reconocerla, mas sí lo hizo en su sitio otra pediatra, la que, del mismo modo que la primera, «tampoco halló nada extraño en la zona genital de la menor». Consecuencia de ello, se empezó un procedimiento judicial por la demanda de la madre, que fue archivado de plano en cortísimo espacio de tiempo. La resolución, tras valorar toda la prueba y en especial las declaraciones de 3 médico-pediatras, rechaza de plano la versión de la acusada de que jamás atribuyó la comisión de un delito abusos sexuales a su ex- marido y que fueron esos facultativos “quienes le sugirieron si había pensado que podría tratarse de un abuso sexual y que fueron los que decidieron comunicarlo al juzgado». Tal versión fue negada tajantemente por los facultativas. De este modo, uno de los que primero exploró a la pequeña manifestó en el juicio que cuando la madre llegó con la pequeña a la consulta «le afirmó que su padre le había dado a la pequeña y tenía una lesión en sus partes genitales y deseaba saber si había sido tocada con un pene». Esta manifestación vino a coincidir con la de otra pediatra, quien aseguró que en el centro sanitario la madre le afirmó que asistía «por un tema de abusos sexuales», mas que la tras la exploración de la menor «le señaló que el juicio clínico era dermatitis de pañal», pese a lo que la acusada «le afirmó si era consecuencia de abusos sexuales y que la menor venía de pasar el fin de semana con su padre». La conclusión a la que llega el juez es rotunda: la acusada, «pese a ser conocedora que la menor no presentaba rastros de abusos sexuales, como le manifestaron los pediatras en diferentes ocasiones, teniendo conciencia de que esos hechos no se correspondían a la realidad, llevó a cabo ciertos actos destinados a provocar la intervención judicial, iniciándose las corespondientes diligencias procesales». Ahora, no solo tiene esta sentencia condenatoria, sino, consecuencia de ella, va a ser suspendida temporalmente por el Consejo General del Poder Judicial. No va a poder, por ende, “impartir justicia” en su ayuntamiento, exactamente, por haber actuado contra lo que esta representa.

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