El catalán paraliza las oposiciones de Salud en Baleares y excluye a más de 2.000 sanitarios de las bolsas de trabajo


Hace apenas dos meses, el servicio balear de salud amenazaba, otra vez, con suspender las vacaciones al personal sanitario
ante la falta de personal. En diciembre, Son Espases, el hospital de referencia de Baleares, ya lo hizo para atender la ola de contagios de coronavirus. Las bolsas de trabajo están agotadas y hay categorías deficitarias. En verano, el Ibsalut llegó a hacer un llamamiento para contratar a enfermeras de la península. Sin embargo, la acuciante falta de profesionales sanitarios en Baleares no ha frenado al Govern balear de Francina Armengol en la aplicación de su política lingüística -que impone el catalán para trabajar en la administración pública- y acaba de excluir de las bolsas de trabajo a miles de

 trabajadores por no tener el título de lengua catalana, mientras mantiene paralizada la convocatoria de multitud de oposiciones necesarias, como las de médico de atención primaria, ante el dilema de tener que hacer una escabechina por el requisito lingüístico a sabiendas de que no puede permitírselo.

De momento, el Servicio Balear de Salud (IB-Salut) ya ha excluido a 13 odontólogos de las oposiciones para cubrir plazas vacacntes de personal estatutario de esta categoría en el área de atención primaria. La convocatoria se publicó el 15 de julio y, entre los requisitos, se exigía el nivel B1 de catalán. El mismo nivel se ha pedido a los terapeutas ocupacionales, higienistas dentales y ópticos-optometristas, y en el caso de los trabajadores sociales, un nivel más alto, el B2.

Uno de estos afectados por el catalán es una odontóloga que trabaja como interina en el IB-Salut y que prefiere no revelar su nombre. Lleva años preparándose para esta convocatoria pero la sorpresa llegó cuando fue a apuntarse de forma telemática y el sistema informático la expulsó directamente cuando puso que no tenía el título B1 de lengua catalana. «No me dejaba seguir los pasos para completar la solicitud, de modo que lo consulté con mi abogado y me recomendó que mintiera y pusiera que tengo el título y, luego en las alegaciones, hacer un escrito diciendo que consideraba injusto que se me impidiera concurrir a la convocatoria. ¡Qué sentido tiene si ya estoy trabajando para el IB-Salut como interina!», argumenta esta odontóloga, que denuncia que la exigencia del catalán en las bolsas de trabajo y las oposiciones que impone el Ejecutivo de la socialista Francina Armengol «va en contra de la libre circulación de los profesionales sanitarios dentro del Sistema Nacional de Salud».

Hasta ahora, Salud ha sorteado el requisito lingüístico a través de una moratoria de dos años, que recogió en su decreto de exigencia de la lengua catalana a los profesionales sanitarios de 2018. El problema es que fue recurrida por dos sindicatos, el TSJB la anuló parcial y totalmente, incluida esa moratoria. Por tanto, el catalán vuelve a ser un requisito ineludible para presentarse a las oposiciones o inscribirse en los bolsines.

Prescindir del catalán

Fuentes médicas consultadas auguran un problema cuando próximamente se convoquen oposiciones de categorías deficitarias, «ya que quedarán muchas plazas vacantes porque buena parte de los aspirantes no tiene el título de catalán» y no se solventará la falta de profesionales, que sigue parcheándose con contratos eventuales en los que, paradójicamente, no se exige el catalán al considerar que las necesidades sobrevenidas están por encima del requisito.

La barrera lingüística se extiende, además, a las bolsas de trabajo del IB-Salut. «La situación es tan surrealista que se da la circunstancia de que hay bolsines agotados y el IB-Salut tiene que abrir una bolsa subsidiaria y prescindir del requisito del catalán para encontrar a alguien que pueda trabajar», explican las mismas fuentes.

Esta semana, más de 2.000 celadores, 12 enfermeras y una cuarentena de trabajadores e higienistas dentales se han quedado fuera del nuevo corte en la bolsa de empleo del IB-Salut por no acreditar el nivel B1 de catalán. Son decenas de folios con nombres y apelllidos de gente que perderá su oportunidad de conseguir un trabajo fija en la sanidad pública balear. Los excluidos se quejan de que no se ha dado opción a presentación la titulación fuera de plazo o que ni siquiera se ha tenido la deferencia de avisar con tiempo, después de que muchos han estado trabajando a destajo durante la pandemia.

«Hay un gran déficit en casi todas las categorías de sanidad y una gran demanda de trabajadores sociales que no se puede atender por falta de personal y todo es debido a la obligación de acreditar un título de catalán. Están destrozando nuestra sanidad», critica Mos Movem, la plataforma que nació para exigir que el catalán fuera un mérito y no un requisito para trabajar en la sanidad pública de las Islas.

Desde el IB-Salut explican que se está aplicando la normativa en vigor y que «rige la ley y el decreto». Asegura que las categorías deficitarias están exentas del catalán y que hay una moratoria de dos años para acreditar el nivel de catalán exigido para quienes aprueban las oposiciones, en contra de las publicaciones que se están colgando en su página web donde se excluye directamente a los candidatos sin el catalán.

«Un guirigay»

«Lo que ocurre en Baleares es un guirigay», explican sanitarios preguntados por ABC en referencia a la normativa lingüística. En el anterior gobierno del PP (2011-2015) el catalán era un mérito para trabajar en la Administración autonómica balear. Con la llegada del autollamado Pacto de Progreso formado por PSOE, Podemos y Més, se modificó la Ley de Función Pública para que el catalán fuera un requisito y, por tanto, obligatorio para acceder a un puesto público. Sin embargo, esta Ley establecía excepciones, principalmente para contratar en el IB-Salut.

La presión de los socios de Francina Armengol, los nacionalistas de Més propició la aprobación de un decreto en el que se regulaba la exigencia del catalán para el personal sanitario. Tras el fuerte rechazo social, el Ejecutivo rebajó los niveles requeridos a cada categoría profesional y dio un plazo de dos años para sacarse el título. Se acordó también que ningún sanitario sería inadmitido por el requisito, y si no lo acreditaba pasado este tiempo, se le penalizaría sin derecho a traslados y a cobrar la carrera profesional.

«Contra este decreto se pusieron dos recursos y el pronunciamiento del TSJB provocó la anulación de la normativa, incluida la moratoria de dos años. De este modo, el decreto sigue vigente parcialmente, de modo que el requisito es un requisito, pero ya no se permite acreditarlo después, una vez aprobado el recurso oposición, sino que debe acreditarse antes.

«Lo absurdo de este caso es que, aplicando así el decreto, se es más restrictiva que la propia Ley de Función Pública, que permite excepcionar el requisito del catalán «cuando la prestación asistencial pueda resultar afectada por la carencia o insuficiencia de profesionales». Esta ha sido la norma en la contratación de médicos y enfermeras por todos los gobiernos progresistas, y se ha aplicado, además, para eximir a las jefaturas y cargos directivos de acreditar el catalán», denuncia un afectado.

Mientras tanto, el Govern balear y el IB-Salut hace más de un año que saben que el Decreto del catalán en la sanidad pública no es válido ni suficiente para adaptarse a la Ley ni para garantizar los procesos selectivos, pero no ha hecho nada. Las consecuencias ya se están viendo: Los procesos en marcha que todavía estaban a tiempo de pedirlo han exigido el catalán; mientras se han paralizado las convocatorias de nuevos procesos, pese a que la situación es insostenible para el IB-Salut, quien lidia cada día con el alarmante déficit de médicos y enfermeras y ven cómo las plazas se quedan descubiertas.


Fuente: ABC.es .

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