Una vez sepultado el Programa Renove de achatarramiento, con más de 200 millones de euros (el 85% de los fondos) sin gastar, el Ejecutivo ha decidido dar una vuelta de tuerca al plan Moves. Conforme la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el sucesor del presente programa de ayudas a la movilidad sustentable va a contar con 400 millones de euros. Una cuantía 4 veces mayor a la presente, que podría aun ampliarse entonces.

En el presente Moves II, dotado con 100 millones, los compradores de automóviles eléctricos, híbridos enchufables o bien de hidrógeno reciben entre 1.900 y cinco.500 euros, en dependencia de si entregan o bien no un vehículo para achatarrar. El nuevo programa, que todavía no tiene nombre oficial, no acabará de concretarse por lo menos hasta una vez que se cierre la convocatoria de proyectos que Transición Ecológica sostiene hasta el 29 de enero para decidir de qué manera gastar los fondos europeos, de los que 1.100 millones van a ir a movilidad sustentable.

Ribera, sin embargo, trasladó a las comunidades autónomas, a lo largo de la conferencia sectorial de energía, que proseguirán siendo las encargadas de administrar estas partidas. Por lo tanto, y si bien el Ejecutivo se reservará una parte de los fondos para impulsar actuaciones supra autonómicas de gran extensión (como el desarrollo de corredores de infraestructura de recarga), se sostendrá la primordial traba de este género de ayudas: las disparidades de administración entre CC.AA..

«Ahora mismo nos hallamos con 17 planes diferentes, y en ciertos casos se producen agravios comparativos», explica Raúl Palacios, presidente de la asociación nacional de vendedores de automóviles, Ganvam. Un caso extremo es Baleares, que en el mes de octubre, 4 meses una vez que se publicara el plan en el BOE, optó por desmarcarse y también impedir que se favorecieran los compradores que no entregasen un turismo para achatarrar. «Sin duda, hace falta facilitar la administración y la tramitación en todo el territorio nacional», asegura Palacios. «El Moves precisa de una revisión en su administración y tramitación, que debería ser centralizada o bien, por lo menos, considerablemente más homogénea para todas y cada una de las comunidades autónomas», coincide Arturo Pérez de Lucía, directivo general de la asociación para el promuevo del vehículo eléctrico, Aedive. Los dos, preguntados antes que Ribera desvelase los primeros detalles del futuro plan, coinciden eso sí en que el Moves actual marcha («es interesante y necesario», afirma Pérez de Lucía, que resalta que el año pasado se vendieron un 44% más de eléctricos al paso que el mercado cayó un 32%) mas, como expresa Palacios, «tiene que marchar mejor».

Joan Groizard, directivo general del IDAE, encargado de articular las ayudas, acepta que «no existe la convocatoria perfecta», y avanza que la próxima va a contar con «nuevos instrumentos y mayor flexibilidad», para ejecutar mejor unos fondos mucho mayores. Ahora bien, asevera que la interlocución, tanto con el campo como con las autonomías, «es fluida», y, por lo general, afirma, la valoración del plan «es positiva». Remarca que hay autonomías, como Cataluña, que han ejecutado el 100% de los fondos, a pesar de que todavía quedan 6 meses a fin de que expire el plazo previsto para un programa con una duración inicial de un año. Y también insiste asimismo que la experiencia con el Moves «ha sido clave para establecer la movilidad eléctrica como una de las patas del plan de recuperación».

Si bien se trataba de la segunda edición, solo 8 autonomías consiguieron convocar los fondos en el plazo de 3 meses que solicitaba el IDAE. Y 2, Murcia y Extremadura, no lo han hecho hasta este enero, con 4 meses de retraso. Las ayudas se distribuyen además de esto dependiendo del censo de población, y no del peso del mercado, lo que hizo que la capital de España y Cataluña agotaran sus fondos con velocidad. Mientras que, el 48% de las ayudas todavía prosiguen sin desembolsarse, paralizada en autonomías sin demanda para este género de automóviles. Tampoco hay certidumbres sobre qué sucede con los compradores de las zonas donde ya no hay fondos, sumidos en un limbo hasta el momento en que se apruebe el próximo plan de ayudas. Desde Transición Ecológica se esgrime que el reparto autonómico se debe a que múltiples sentencias del Tribunal Constitucional fuerzan a ello. Acusan asimismo a ciertas autonomías, como la capital de España, de no haber hecho empleo de las flexibilidades que deja el programa, que contempla traspasar fondos entre las 4 diferentes partidas (incentivo a automóviles, a la red de recarga, a los planes de movilidad de empresa y a los sistemas de bicis compartidas eléctricas) y apuntan que las zonas sin fondos podrían complementar su dotación con recursos propios.

Fuente: ABC.es

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