Los sistemas de pensiones de reparto, el que se aplica en España y en numerosos países europeos, tienen un futuro dudoso por culpa de la presente pirámide poblacional del continente, puesto que el envejecimiento de la sociedad va a disparar el gasto mensual en posibilidades sociales sin que un relevo generacional en el mercado de trabajo equilibre la balanza. El Banco Central Europeo (BCE) no desea dejar pasar más tiempo y solicita un cambio de rumbo en el presente sistema de posibilidades a los trabajadores retirados. Por esta razón advierte con preocupación de que el gasto en pensiones, que es la parte más elevada del desembolso social, registra máximos históricos en las primordiales economías europeas y, si no se emprenden reformas inmediatas, proseguirá medrando exponencialmente y transformará en insostenible el sistema en 20 años. Las pensiones representan la mayor carga en el apartado de gastos para los Gobiernos. Las últimas estimaciones ubican los compromisos amontonados de la Seguridad Social hasta la data en más del 200% del Producto Interior Bárbaro (Producto Interior Bruto) en la mayor parte de los países de la Unión Europea. Por esta razón, el impacto máximo sobre los presupuestos generales de los estados se generará «cuando la generación del ‘’baby boom’’ –aquellos nacidos entre finales de los años 50 y principios de los 70 del pasado siglo– se jubile» –en torno por año 2040 en la mayor parte países de la zona del euro–, con lo que la insostenibilidad del sistema va a haber llegado a su punto más crítico, advirtió el BCE en su último folleto económico, publicado el día de ayer. El efecto va a ser singularmente acusado en los países con sistemas públicos de pensiones de reparto –como el caso de España y prácticamente todo el arco mediterráneo–, lo que provocará inconvenientes de equidad intergeneracional, puesto que la ratio cotizantes-adjudicatarios reduce a pasos desmedidos todos los años. El supervisor bancario pronostica que el envejecimiento va a conducir a un enorme incremento del gasto sanitario y a una minoración de la oferta de empleo, del desarrollo y de la innovación. Para contrarrestar esta situación considera preciso establecer jergones fiscales en numerosos países, encarar reformas que fomenten la sostenibilidad de sus respectivos sistemas de Seguridad Social y emprender, además de esto, «los cambios precisos para fortalecer sus mecanismos nacionales y resguardar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, que van a deber buscar medidas que acrecienten la eficacia de los limitados recursos de los que disponen para encarar el gasto social». En este sentido, el desembolso en este apartado ha crecido de forma continuada desde 2001, tanto en términos nominales como en porcentaje sobre gasto público total, si bien en comparación con Producto Interior Bruto mostró cierta volatilidad desde el estallido de la crisis en 2008. Conforme datos de la máxima entidad, la zona euro gastó en provisiones sociales en 2017 alrededor del 40% de los presupuestos públicos, lo que significa el 31% del Producto Interior Bruto o bien tres con cinco billones de euros. «Los países deberían buscar políticas y reformas que garanticen la sostenibilidad, singularmente viendo que el envejecimiento de la población y de la posibilidad de que se generen alteraciones económicas negativas», aconseja el BCE, que no descarta un cambio negativo de la economía mundial. Si bien existen claras diferencias entre países en lo que se refiere al nivel de protección social –mientras en Malta y Letonia el gasto es solo la tercera una parte del presupuesto, en Finlandia o bien Alemania resulta más de la mitad–, en todos y cada uno de los países el primordial componente es el gasto en pensiones (42% del total), que equivale, en promedio, al 12,4% del Producto Interior Bruto, seguido de enfermedad y discapacidad, familia y también hijos, desempleo y residencia social. «Pese a las reformas de los sistemas de pensiones acometidas en numerosos países de la zona del euro, estas representan la mayor carga para los Gobiernos», concluye su informe el BCE, que remarca que dedicar singular atención a asegurar que se destinen suficientes recursos a la educación «ha probado que el gasto en esta área tiene efectos positivos sobre el desarrollo económico a largo plazo», lo que, al final, garantizará las pensiones futuras. .

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