Aseguran haber sido cesados como un “grave acto de represalia” por investigar “graves irregularidades”

Los ex- abogados de Podemos Calvente Redondo y Mónica Carmona Segura, que trabajaban para el partido de Pablo Iglesias como encargado de Protección de Datos y como responsable de Cumplimiento Normativo del partido, respectivamente, denuncian haber sido relevados de su cargo como «un grave acto de represalia y posibles coacciones» por estar estudiando «graves irregularidades» en los temas de los que eran responsables, que afectarían, a múltiples «cargos internos», conforme denuncian en un comunicado. En una carta dirigida a la bóveda del partido y filtrada a los medios, Carmona –que firma sola la misiva– advierte de una serie de «irregularidades muy graves» que podrían «comprometer con seriedad al partido como entidad jurídica desde determinado punto de vista penal, administrativo y reputacional». Unas «irregularidades» que el partido habría cometido en materia de Protección de Datos y de Cumplimiento Normativo Penal y «en los que se verían envueltos múltiples cargos internos y que acarrearía graves perjuicios para el partido», siempre y en toda circunstancia conforme la versión que ofrecen los ex- abogados de Podemos. Conforme explica en su escrito, al que ha tenido acceso Ep, los abogados habían comenzado «expedientes internos de investigación para aclarar los hechos y proteger al partido frente a una posible reclamación», y la contestación de la dirección de Podemos fue «inventar acusaciones» contra Calvente «para justificar laboralmente su despido» y plantear la substitución de Carmona «con la disculpa de una reorganización de departamentos». No obstante, la versión de Carmona difiere: «El motivo del cese de don José Manuel Calvente ha sido un despido disciplinario por hechos inventados y tajantemente falsos para justificar el cese y el motivo de pedir mi substitución es la presunta necesidad de ‘‘reorganizar los Equipos’’, mas la realidad de todo estos pactos es bien distinta».La ex- letrada defiende su trabajo de investigación y apostilla que las «irregularidades» cometidas «por los miembros del partido» podrían acarrear «infracciones penales o bien administrativas». Advierte a la bóveda del partido de que «estamos hablando de irregularidades financieras, en materia laboral y de limpieza en la realización de las consultas y primarias del partido que de confirmarse pondrían en cuestión los elementales centrales de nuestra legitimidad como organización». Carmona informa al partido asimismo que «si por último resultara la existencia de delitos», se podría estimar que sus despidos «se considerarían un intento de ocultación de pruebas y un delito de encubrimiento». Critica que el partido ha intentado «doblegar» su voluntad y que el despido se genera para «intentar infantilmente esconder las graves infracciones legales objeto de investigación». De cara a formalizar el despido, Carmona asegura que ello «llevará inevitablemente a una demanda laboral y que en un caso así la judicialización de los hechos va a traer serias consecuencias para el partido pues van a salir irremisiblemente a la luz hechos formidablemente comprometedores para ciertos cargos internos y responsables del partido».La misiva concluye con la reclamación al partido por la parte de la ex- letrada de que la reacepten para seguir con sus investigaciones internas con el objetivo de «individualizar las responsabilidades que pudiesen derivarse de estos actos, resguardando al partido como tal». Apunta que «la gravedad de estos hechos» puede acabar «afectando gravemente a la reputación de Podemos» y solicita «adoptar las medidas y pactos necesarios» para ordenar al Consejo de Coordinación la reincorporación de José Manuel Calvente Redondo en su puesto de Encargado de Protección de Datos, del mismo modo que, rehusar su substitución como Responsable de Cumplimiento Normativo.

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