Queda menos de un mes a fin de que acabe el año y los 9 millones de pensionistas y los 3 millones de empleados públicos que hay en España aún ignoran de qué manera van a ser sus nóminas en 2020. Enmarañado en el reparto de ministerios con su asociado Podemos y en conseguir apoyos para la investidura con los independentistas catalanes Pedro Sánchez tiene pendiente resoluciones que tienen en desequilibrio a los dos colectivos, teniendo presente que todavía no ha aclarado qué referencia empleará para acrecentar las rentas de los mayores y, sobre todo, en qué momento lo va a hacer. Lo mismo ocurre con los empleados públicos, que saben que sus rentas van a aumentar un dos% on-line con lo pactado entre el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y los sindicatos, mas ignoran en qué momento penetrará esta subida.

La única mención a la revalorización de las nóminas de los retirados está incluida en el escenario remitido hace unas semanas a Bruselas, en el que se explicaba que la subida que se va a aplicar a los retirados el próximo ejercicio es del 0,9%, un levanta con el que el Gobierno pretende asegurar el poder adquisitivo, lo asimismo quiere decir que estima una inflación inferior al 1% el año próximo. Este incremento de las pensiones complementará en alza del uno con seis% aplicado este ejercicio en un ambiente de clara desaceleración de los costes, y, de generarse, va a suponer que el colectivo habría ganado en 2019 en torno a un 1% de poder adquisitivo, un beneficio que va a quedar afianzado este año cuando se aplique el levanta del 0,nueve%, porcentaje que equivale a unos 9 euros para una pensión media y va a tener un costo de 1.404 millones. Esta subida, de entrada, cubriría las demandas de los de Pablo Iglesias, que apuestan por la actualización con el «IPC real», un mecanismo que se plantea acorazarlo por ley.

Mas ¿qué va a ocurrir si el Gobierno prosigue en funciones en el último mes del año? Esta situación no impediría que pueda acometer la subida por la vía del decreto ley, como ya ocurrió con las entregas a cuenta a las comunidades autónomas que se aprobaron con exactamente la misma fórmula y estando en funciones. Fuentes próximas al Ejecutivo consultadas por este periódico insisten en que están en plenas facultades para aprobar un real decreto ley, pues comprender que la subida de las pensiones es una medida de «urgente necesidad».

El presidente no está presto a enfrentarse a los pensionistas, de pie de guerra desde el momento en que en 2017 comenzasen a movilizarse en el País Vasco, curiosamente donde se cobran las pensiones más elevadas de toda España. Sabe el poder que tienen y no puede permitirse que le pase factura. Este movimiento de queja acabó siendo determinante en las maniobras anteriores a la petición de censura a Gobierno de Mariano Rajoy el 1 de junio de 2018. En verdad, el expresidente le ofreció al PNV un pacto presupuestario con una oferta cuya trascendencia y también impacto económico no va a tardar en impactar en el enclenque sistema de pensiones: admitió prescindir del Índice de Revalorización de las pensiones en 2018 y 2019, y cedió a postergar hasta 2023 la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad que debería haberse aplicado este año.

Al lado de ello entra otra variable que asimismo afecta a que Sánchez incluyese en el programa del Partido Socialista Obrero Español y anunciase en un mitin que subiría las pensiones en el último mes del año. Ningún partido estaría presto a recurrir frente al Tribunal Constitucional la subida de 9 millones de pensionistas o bien la de 3 millones de empleados públicos, a pesar de los límites de un Gobierno en funciones de usar la vía del decreto-ley para aprobar medidas.

¿Qué plazos maneja Sánchez? Lo más probable es que utilice el último Consejo de Ministros, que va a tener sitio el viernes 27 de diciembre, para dar el visto bueno a los aumentos que le habiliten para saltarse la ley del Partido Popular que establece que las pensiones públicas van a subir solo un 0,25% siempre y cuando la Seguridad Social esté en números colorados, como ocurre hoy día. Un déficit de unos 18.000 millones y una deuda de 50.000 millones tienen contra las cuerdas a un sistema que de año en año empeora sus cuentas.

Ese último Consejo asimismo se va a aprovechar decidir las bases de cotización y la subida del sueldo mínimo, exactamente la misma rutina que en 2018. Entonces se aprobó un «macrodecreto» en el que se incluyó la subida del uno con seis% de las pensiones (tres% para las mínimas) y el levanta del siete% de la base máxima de cotización, aparte de una penalización para los contratos de corta duración.

Subir las cotizaciones es la medida más efectista para conseguir ingresos, puesto que cuanto más extensa sea la base de cotización, mayor va a ser la aportación que deberán hacer los empresarios por sus empleados y, en menor medida, los trabajadores. Fuentes consultadas aseguran que es más que probable que para el próximo año el Ejecutivo recuerra nuevamente a subir los impuestos al empleo, el día de hoy seis con seis puntos porcentuales mayores que la media de la Unión Europea.

Concentraciones
En el caso de los empleados de la Administración, el ministro de Función Pública, Luis Lisas, apunta que hasta el momento en que no se conforme un nuevo gobierno no se aprobará la subida del dos%, de manera que si se hace tras el 1 de enero, el aumento se articulará de forma retroactiva a fin de que se aplique desde dicho día. Una estrategia que eleva la presión cara los conjuntos políticos para conformar gobierno, aunque desde fuentes del Ejecutivo apuntan que llegado el momento lo podrían aprobar en funciones como decreto-ley apelando a la «urgente necesidad».

Frente a la negociación política, el escenario ahora semeja que se orienta a que se forme un Ejecutivo ya antes. Tanto CSIF como CC.OO. han citado movilizaciones para solicitar al Ejecutivo que apruebe esta subida ya. Este año los salarios públicos han aumentado un dos,5%, mas para el año próximo el aumento que acordaron sindicatos y el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recogía que este año el porcentaje fijo fuera menor. La subida se podía complementar con una parte que depende del desarrollo del Producto Interior Bruto -que el año próximo suponía un punto-. Si la economía medra en 2019 un dos,1% como presagia el Gobierno, los empleados públicos recogerían un aumento de sueldo auxiliar del 0,2% -equivalente a algo más de 300 millones-. No obstante, si medra un dos% como cree el acuerdo de analistas que compendia Funcas, no habría subida auxiliar alén de este dos%.

Como fuere las dos medidas fueron incluidas por el Gobierno en la plan de actuación que remitió a Bruselas para el año próximo. El plan presupuestario de 2020 recoge que el Ejecutivo va a gastar en las dos medidas cuatro.668 millones de euros: tres.264 millones en la subida de los empleados públicos y 1.404 millones para la subida de un 0,9% de las pensiones.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *