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Actualizado:21/01/2021 10:56h
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La Policía Nacional ha desmantelado una organización delincuente dedicada al traslado de inmigrantes irregulares desde las playas de Marruecos hasta Castilla y León. La banda, que explotaba a sus víctimas valiéndose de su situación de necesidad, estaba asentaba en León y en las provincias lindantes de Palencia, Valladolid y Zamora.
Fruto de la investigación han sido detenidas diez personas, quienes lograban autorización de vivienda por circunstancias inusuales con ocasión de arraigo social, por medios ilegales y con ánimo de lucro. Otras 5 personas han resultado investigadas. La organización está acusada de favorecer la inmigración ilegal, de explotación laboral y de fraude a la Seguridad Social.
Conforme confirmaron fuentes de la policía, el líder de la organización administraba el traslado de inmigrantes irregulares en patera, mayores y menores, desde playas de Marruecos hasta Algeciras y Cádiz. En estos lugares, otros miembros de la organización los iban a buscar y viajaban cara otras provincias por carretera, en vehículo o bien en autobús, y ofertaban «paquetes» de traslado con entrada en España desde su país de origen.
Una vez en España se gestionaba la situación administrativa de los inmigrantes, de origen marroquí, de forma ilegal. El jefe de la organización disponía el traslado hasta la provincia de León, donde tenía una red de pisos en las localidades de Mansilla de las Mulas, Valdepolo, Campo de Villavidel y pueblos alrededores, en los que alojaba a las víctimas. Por último eran censadas en una de las residencias controladas, por él mismo o bien por sus cooperadores, trámite que se efectuaba de forma fraudulenta y por el que cobraban a las víctimas entre 150 y 300 euros.
El líder actuaba como intercesor entre la víctima y el empresario, administrando los trámites del contrato y la presentación de documentación en la Oficina de Extranjería. El entramado delincuente se calidad de sus familiares para asistir en calidad de testigos y acreditar el arraigo social.

Hacinados en piso sin agua ni calefacción

A cada víctima de explotación se le demandaban cantidades que iban de tres.000 a 10.000 euros por trámites consistentes en conseguir los requisitos precisos a fin de regular su situación administrativa en España. Además de esto, el líder de la organización delincuente intervenía de manera directa para que los inmigrantes tuviesen los documentos de petición de autorización de vivienda por arraigo social. Mientras que, vivían hacinados en pisos que carecían de las mínimas condiciones de habitabilidad, como agua y calefacción.
Las víctimas frecuentemente empezaban a trabajar ya antes de concederles la autorización de vivienda en explotaciones ganaderas. Recibían un salario bajo y a veces trabajaban a cambio de comida o bien aun sin retribución a lo largo de largas jornadas, frecuentemente sin reposo ningún día de la semana y sin derechos. No se daba de alta a las víctimas en la Seguridad Social, puesto que trabajaban sin autorización, y eran instruidas sobre de qué manera y dónde ocultarse en el caso de una inspección laboral. Si no proseguían estas órdenes para eludir ser vistos, eran agredidos físicamente siendo lesionados con sopletes en el semblante o bien con cuchillos en la espalda.
La operación, conforme explicaron exactamente las mismas fuentes del CNP, fue efectuada en 2 fases. La primera ha acabado con diez detenidos por los delitos de favorecimiento de inmigración ilegal y obtención fraudulenta de posibilidades de la Seguridad Social: 7 en León y 3 en Palencia, Murcia y Valladolid. Asimismo se efectuaron 2 entradas y registros en la provincia de León, interviniendo dos.000 euros, documentación y material informático. La segunda fase ha concluido con 5 investigados no detenidos por delito de fraude a la Seguridad Social y lesiones.
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Fuente: ABC.es

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