La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha insistido este martes en la necesidad de dotar al Ministerio Público de una auténtica autonomía para poder encarar el nuevo papel que la nueva Ley de Enjuciamiento Delincuente le otorga: el de dirigir la instrucción de los procedimientos penales en vez del juez.

De esta forma lo ha asegurado a lo largo de su comparecencia frente a la Comisión de Justicia del Congreso, donde ha presentado las memorias relativas a los ejercicios 2018 y 2019 y se ha referido a otros temas, como la regularización fiscal de Don Juan Carlos que va a ser, afirmó, objeto de «nuevas investigaciones y comprobaciones».

Como hizo la semana precedente en el Senado, Delgado se ha referido a la necesidad de que la Fiscalía rompa nudos con el Ministerio de Justicia, del que misma fue titular hasta hace un año, y pueda administrar medios materiales y económicos y cuente con una autonomía «funcional, orgánica y normativa». «Los principios constitucionales de unidad de actuación y dependencia jerárquica son esenciales para atribuir la dirección» del proceso penal al fiscal, que precisa «de unos estándares de autonomía y también independencia con respecto al Ministerio de Justicia para lograr un inmejorable funcionamiento y confianza de la sociedad española», ha dicho.

Delgado ha protegido ese cambio de modelo procesal pues es el que está implantado en todos y cada uno de los países de nuestro ambiente, y si bien ha protegido el nombramiento del fiscal general por la parte del Gobierno («así lo quiso el legislador constituyente»), sí ha aceptado que se pueden establecer «contrapesos» para acorazar esa independencia. Entre ellos ha señalado la posibilidad de que sea escogido entre un número de aspirantes o bien que la sociedad civil participe en este proceso. Lo que, a su juicio, está claro es que la mayor o bien menos autonomía de la Fiscalía
no puede depender de la mejor o bien peor predisposición de quien esté al frente en todos y cada instante del Ministerio de Justicia.

Exactamente su paso sin solución de continuidad del Gobierno a la Fiscalía General ha sido objeto de reproches por la parte de portavoces de la oposición, como Edmundo Bal (Ciudadanos), Ortega Smith (Vox) o bien Luis Santamaría (Conjunto Popular). Bal ha recordado a Delgado que la ciudadanía «no tiene ningún inconveniente con la Fiscalía General del Estado. El inconveniente es , y se lo digo con respeto y sin acritud», ha sostenido refiriéndose a sus 3 reprobaciones como ministra de Justicia y a su relación con el comisario retirado José Manuel Villarejo.

Una buena parte de la comparecencia de Delgado y de las preguntas de los portavoces se ha centrado en la reforma de los delitos de odio. Diferentes portavoces han reprochado a la fiscal general la doble encalla de medir de la Fiscalía con respecto a unos y otros. En específica Ortega Smith ha preguntado a Delgado si va a actuar contra el miembro del Congreso de los Diputados de Unidas Podemos Pablo Echenique por estimular «la turba violenta» en las calles de la capital española y Cataluña por el vandalismo en las calles de los últimos días con ocasión del ingreso en cárcel del rapero Pablo Hasel por enaltecimiento del terrorismo. La fiscal general ha justificado la reforma de los delitos de expresión pues no todo se pueden enmarcar en delitos de odio.

Por el contrario, y exactamente por actuaciones poco concluyente, desde ERC han reprochado a la fiscal general la oposición a los indultos del procés y el recurso al tercer grado de los condenados por sublevación. «Gracias a la actuación de la Fiscalía va a haber más republicanos en España y más independentistas en Cataluña», le ha llegado a decir Jaime Alonso Cuevillas.

Respalda las diligencias sobre Don Juan Carlos

Sobre los indultos y el procés, Delgado ha protegido que todos y cada uno de los procedimientos han seguido su curso con los fiscales que desde el comienzo han llevado estos casos y que «no ha habido instrucciones al respecto» ni las debe haber: «Tenemos procedimientos y reglas ante cualquier enfrentamiento de intereses que pueda presentarse», ha dicho.

Delgado defendió la actuación de los fiscales del ‘procés’, como las investigaciones a Don Juan Carlos, cuya regularización fiscal va a ser objeto, afirmó, de «nuevas investigaciones y comprobaciones».

En este punto, aseveró que merced a las diligencias que prosigue la Fiscalía del Tribunal Supremo «ha aflorado una cantidad esencial y también impensable al comienzo de la investigación de dinero, un dinero de las arcas públicas, 5 millones y pico de euros, que es de todos y cada uno de los españoles», en referencia a las 2 regularizaciones fiscales acometidas por el padre del Rey y que han implicado el pago de 678.393,72 y cuatro.395.901,96 euros, respectivamente, en deuda, recargos y sanciones.

«Es la primera en la historia de España que se estudia a un ex- jefe del Estado con un equipo de fiscales cualificados y respetando las garantías constitucionales asimismo del investigado, respetando principio constitucional», ha señalado.

Fuente: ABC.es

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