Defraudar con el ingreso mínimo vital puede llevar a sanciones que incluyen la pérdida de la prestación y el reingreso de exactamente la misma por un periodo de hasta 6 meses. De esta manera figura en el Folleto Oficial del Estado (BOE) donde el día de hoy se ha publicado el real decreto ley que recoge la nueva prestación. El abanico de sanciones fluctúa entre el apercibimiento del infractor si se trata de una sanción leve, hasta las sanciones muy graves, como las que implican la pérdida de la renta y su devolución.

Las faltas leves se centran en no administrar la documentación y también información precisa para acreditar que se sostienen los requisitos para sostener la prestación y acarrearán el apercibimiento del titular. Sin embargo, esta situación podría derivar en una infracción grave si por la omisión de información se haya ingresado una renta superior a la que le toca en un porcentaje inferior al 50%.

Del mismo modo va a ocurrir si no se comunica cualquier cambio que pudiese dar sitio a la modificación, suspensión o bien extinción de la prestación, en el plazo de treinta días, o bien el hecho de no comunicar viajes al extranjero de más de 15 días por año. asimismo se considerará grave el hecho de no cumplir con la obligación de participar en las estrategias de inclusión que fomente el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Si se cometen 3 faltas leves va a ser equivalente a una grave caso de que el año precedente el perceptor ya haya sido sancionado. Las sanciones graves implican la pérdida de la prestación por un periodo de hasta 3 meses, con el agravante de que si las infracciones derivan en la finalización de exactamente la misma, el ingfractor va a deber devolver 3 mensualidades.

Las infracciones muy graves, por su lado, duplican el importe de las sanciones, tanto en tiempo como en cantidad a reingresar al Estado. En este apartado figuran los viajes al extranjero a lo largo de más de 90 días por año sin que hayan sido notificados ni justificados de antemano y las actuaciones fraudulentas que persigan acrecentar el monto de la prestación o bien el acceso a exactamente la misma y que incluyan la aportación de documentos o bien datos falsos. Si en el año precedente ya se hubiesen cometido 2 faltas graves, una tercera implicará la asunción de una falta muy grave, de la misma manera que el inclumplimiento reiterado de la obligación de participar en las estrategias de inclusión.

Además de esto, conforme figura en el BOE, si el perceptor de la ayuda falsea sus ingresos, su patrimonio o bien no notifica de cambios substanciales que puedan derivar en el acceso incorrecto, aparte de la sanción y el reintegro de las cantidades indebidamenate cobradas se va a poder procede a responsabilidades penales, civiles y administrativas y y también infractor no va a poder poder regresar a beneficiarse a lo largo de un par de años del ingreso mínimo vital.

EFE
El Partido Popular no se opondrá, mas demandará la administración para las comunidades
El Partido Popular no está contra el ingreso mínimo vital y por ende su voto se mueve hoy día entre la abstención y el apoyo. Conforme la vicesecretaria general de política social del Partido Popular, Cuca Gamarra, ahora se está «analizando en profundidad» los diferentes aspectos que contempla el real decreto para decidir el sentido de su voto. En cualquier caso, demandó su tramitación como proyecto de ley y que todas y cada una de las comunidades «tengan capacidad de gestionarlo» si de esta forma lo consideran, y no solo el País Vasco y Navarra. En la conferencia de prensa que ofreció en la sede nacional del Partido Popular al lado de la portavoz de los populares en la comisión de reconstrucción, Ana Pastor, recogida por Servimedia, Gamarra aseguró que «no estamos contra el ingreso mínimo» mas mencionó a la relevancia de que se tramite como proyecto de ley. En verdad, los populares han demandado este lunes la comparecencia en el Congreso del ministro Escrivá a fin de que explique los detalles de la medida.

Asimismo Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, ha señalado en esa dirección: «El ingreso mínimo vital es un término necesario», ha aseverado para matizar después que se trata de un proyecto con «grandes carencias» y que su conjunto padirá la tramitación como poryecto de ley. «Hay que asegurar que llegue a la gente que más lo necesita», ha dicho. Además de esto, Bal ha señalado la relevancia de que el Gobierno no se olvide de otros colectivos que «se sienten abandonados», entre aquéllos que ha mentado a los autónomos y a las familias monoparentales en las que el padre o bien la madre debe reiniciar el trabajo presencial mas aún no puede llevar a sus hijos al instituto pues sigue cerrado, notifica Juan Casillas.

Por su lado, Vox ha anunciado que rechazará en el Congreso el decreto ley sobre el ingreso mínimo vital pues estima que «cronifica» la pobreza, es «antinacional» por dar a las comunidades forales la administración de los pagos, y supone un efecto llamada «a gritos» de inmigrantes ilegales. En la conferencia de prensa siguiente a la asamblea del Comité de Acción Política de Vox, su portavoz, Jorge Buxadé, ha señalado este lunes que si bien la semana pasada apuntó la necesidad de aprobar esta nueva prestación estatal, no pueden admitir el proyecto de ley redactado por el Gobierno, conforme recoge Efe.

Para Buxadé, se está pretendiendo crear una renta mínima permanente en vez de una medida excepcional temporal y inusual «como corresponde a la necesidad real de los españoles el día de hoy en día». «No deseamos una renta mínima vital permanente que cronifique la pobreza y se transforme en una cartilla de racionamiento», ha dicho, sino más bien medidas que dejen que «los españoles se levanten a sí mismos». Las declaraciones de Buxadé han sido radicalmente negadas por Escrivá: «es absolutamente falso», ha dicho y ha ñadido que ha recordado que las personas en situación administrativa irregular no podrán acceder al ingreso mínimo vital. Conforme Escrivá, si bien esta prestación no llegue a los migrantes en situación administrativa irregular pues «no es posible por la Ley de Extranjería», dejan «espacio a otras administraciones» a fin de que puedan asistir a este colectivo.

La normativa incluye además de esto la figura del cooperante preciso, con lo que las infracciones van a tener como responsables no solo a los adjudicatarios de las prestación, sino más bien asimismo a otros miembros de la familia y otras personas que pudiesen haber cooperado. Conforme eñ texto, los responsables van a ser «los adjudicatarios de la prestación, los miembros de la unidad de convivencia y aquellas personas que hubieran cooperado en su comisión a través de una actuación activa o bien omisiva sin la que la infracción no se hubiese cometido».

El real decreto ley asimismo abre la puerta a que se establezcan convenios de administración con las comunidades autónomas, uno de los grandes focos de polémica, una vez que sí se llegase a un pacto para la administración por la parte del País Vasco y Navarra mas no con el resto de las autonomías. Conforme figura en la predisposición auxiliar cuarta del texto, sin perjuicio de los mecanismos de cooperación previstos, el Gobierno va a estudiar desde 2021 la celebración de convenios con comunidades autónomas que contemplen fórmulas de administración de la prestación.

Fuente: ABC.es

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