No es frecuente que las reformas constitucionales se anuncien en entrevistas matinales en la TV, si bien sea en la pública. Primeramente, por una elemental cuestión de método: precisa un número determinado de miembros del Congreso de los Diputados que no tiene para sacarla adelante, con lo que es preciso un pacto con el resto de partidos. Por cortesía, mas sobre todo por seriedad, debería haber informado ya antes a las formaciones que creen deben participar en esta operación, Partido Popular, Cs, aparte de los que considera sus asociados, Unidas Podemos y PNV. Mas nuevamente se ha guiado por un oportunismo motivado por los inconvenientes que tiene para lograr su investidura. Ciertamente hay una situación de bloqueo que tiene carices de instalarse en nuestro sistema político por la ausencia de partidos con mayorías holgadas. Mas no olvidemos que los inconvenientes que tiene Sánchez son con su asociado preferente, Pablo Iglesias, con el que ha fabricado una ficción política basada en que disponen de una «mayoría de progreso» suficiente, si bien sean inútiles de sellar un pacto. La de seleccionar a Unidas Podemos como asociado primordial fue su opción política y el bloqueo que padece el sistema es la consecuencia más directa. El día de ayer planteó reformar la Constitución en su artículo 99, que es el que regula la investidura, en el sentido de que rija la lista más votada, en la línea del artículo 196 de la Ley Orgánica del régimen electoral general, que es la que se prosigue en la elección de alcaldes en los Municipios. No dio más detalles y se limitó a decir que este artículo «no funciona». Indudablemente es un auténtico incordio en este nuevo contexto político. En su punto número 3, este artículo establece que el Congreso debe conceder la confianza de la Cámara al aspirante propuesto por el Rey por mayoría absoluta de sus miembros en una primera votación. Si esa mayoría no se alcanza, exactamente la misma propuesta se someterá a nueva votación 48 horas después. Ese es el escenario al que nos podemos abocar desde el próximo día 22, con la perspectiva señalada en punto 5, conforme el que si pasado el plazo de un par de meses, desde la primera votación de investidura, el Congreso no unge a ningún aspirante, el Rey disolverá las dos Cámaras y convocará nuevas elecciones. Ventajista o bien no, la necesidad de esta reforma se viene proponiendo hace cierto tiempo, reafirmada hace algunos días por líderes populares, por la necesidad de una estabilidad que ahora resulta imposible. Mas primero resulta conveniente marcar los tiempos con precisión por el hecho de que la desquiciada negociación de Sánchez con Iglesias no debe hacer perder de vista que la reforma va a haber que dejarla para esta legislatura, si arranca. Si hay pacto y se dispone de las 3 quintas unas partes del Congreso y del Senado, va a poder ponerse en marcha el procedimiento, que es menos costoso, afín al empleado por las reformas del sufragio activo y pasivo para los ciudadanos europeos (27 de agosto de 1992) y la de estabilidad presupuestaria (23 de agosto de 2011). Mas en la que se plantea ahora de arbitrar que rija la lista más votada existen muchos aspectos del articulado que no puede improvisarse: desde los plazos de tiempo que deben cumplirse a fin de que quien cuenta con más votos sea de manera automática nombrado presidente o bien el papel del Rey en la ronda de consultas. El único inconveniente procede exactamente del asociado de Sánchez, Iglesias, que ha anunciado en múltiples ocasiones que solicitará un referendo para aprobar cualquier reforma constitucional, en tanto que el conjunto de Iglesias dispone del número de miembros del Congreso de los Diputados demandados para solicitar una consulta, aun si plantea una reforma más en profundidad, como en tantas ocasiones ha propuesto. En cualquier reforma de la Constitución no se puede improvisar.

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